Mantienen indígenas bloqueda la carretera a Tlapa; no fructifica el diálogo con autoridades
Carmen González Benicio
Tlapa
La carretera Tlapa-Marquelia, en el crucero de Malinaltepec, continúa bloqueada por los indígenas na savi (mixtecos) de la comunidad de Alacatlatzala, luego que las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno del estado y el Congreso estatal desdeñaran la atención al conflicto que se generó por el allanamiento de morada y robo que presuntamente realizaron policías estatales la tarde del martes.
Los indígenas dijeron que continuarán la toma de la carretera hasta que no se reparen los daños, aunque admitieron que perjudican a terceros; se planteó una segunda mesa de trabajo la próxima semana para ver “si ahora existe voluntad política de los funcionarios para atender el conflicto que de ser penal, pasó a ser político-social”, dijeron los presentes.
En la mesa de trabajo que se realizó ayer en el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, estuvo presente una comisión de indígenas na savi; el subsecretario de Seguridad Pública; el coordinador regional de la Policía Estatal, Juan Gatica Mayo; el presidente municipal de Malinaltepec, Vicente López Carrasco; el representante regional de Gobernación del estado, Jorge Rodríguez Ponce; y asesores del Tlachinollan para buscar salidas al conflicto que se generó por “la mala actuación de los cuerpos de seguridad”, dijeron.
La reunión duró más de cuatro horas en donde los representantes de Alacatlatzala plantearon la devolución del millón 300 mil pesos que sustrajeron del domicilio del comisario municipal; cárcel para los cinco policías que participaron en el allanamiento de la casa y decomiso de la camioneta; la reparación de los daños como el pago de las aves que atropellaron; la atención médica de la niña que se quebró el brazo y a los golpes del regidor; el poste de luz que tiraron y los daños a la camioneta.
En el lapso de las dos a las seis de la tarde, los representantes de Seguridad Pública estatal fueron renuentes a aceptar las versiones de la comisión negociadora y e insinuaron que no había ninguna denuncia presentada ante el Ministerio Público, por lo que “no existía nada que atender”.
Cuestionaron la falta de pruebas de lo que decían los representantes de Alacatlazala, pero nadie, según los indígenas ninguna autoridad ha acudido a realizar alguna inspección, por lo que ellos mantienen intacto el domicilio del comisario para cuando lo requieran.
Los policias señalados por la comunidad son: Luis Manuel García Sánchez, Gonzalo Cortés Clemente y Antonio García Mosso, de los cinco que iban al momento del incidente; pero en la reunión, el representante de la Subsecretaría de Seguridad Pública mencionó los nombres de Jerónimo Vargas Alvarado, Zaragoza Martínez y Jorge Chilapa Bravo y que sólo eran cuatro agentes.
Ante la falta de avances se determinó convocar a una segunda mesa de trabajo para resolver el asunto político-social, porque “ya se salió de lo jurídico y la solución no queda solamente en interponer una denuncia”, señaló el asesor Jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra dijo que Tlachinollan invitó al secretario general de Gobierno, a los diputados Sebastián de la Rosa y a Rutilio Viterbo para que participaran, pero nadie respondió al llamado a lo que alguien de seguridad respondió que debía ser porque tenían cosas más importantes y que no era el único problema que existía.
Rosales Sierra insistió en que debía buscárse una salida política y social, porque ya no era la situación penal ante el agravio que dejaron en la comunidad y que las prueba estaban acreditadas; que se procedería en lo individual, como personas no como institución, pero aún así era necesario que la dependencia respondiera pues estaban bajo su mando.
Donato Cano, integrante de la comunidad, dijo que estaba claro que la gente del gobierno no había tenido voluntad para resolver el asunto, ya que desde el planteamiento de un proyecto productivo para recuperar el dinero perdido, decían que no había formas de hacerlo.
Remarcó que seguirían con su movimiento porque “es culpa de los señores que hicieron el delito, no somos pueblos violentos, somos pacíficos”, dijo.
Una participante dijo que no había necesidad de diputados o secretarios y que sólo debían responder los que cometieron el delito y que deben pagar porque ellos lo hicieron.
Rodríguez Ponce mencionó que era un avance que se sentaran a platicar y que era necesario dejar abierta la posibilidad de hablar para la paz pública, que quienes debían responder eran los que cometieron el delito, por lo que debían seguir en una segunda mesa para plantear que las acciones de las policías sean coordinadas con los delegados o comisarios del pueblo; que se ejerza acción penal contra los que cometieron el delito; que no se violenten las acciones y ver qué salida le dan en la recuperación del dinero que exige la comunidad porque era para unos proyectos productivos.
La tarde del martes
Los policías entraron sin avisar a la casa del comisario Emilio Cano Castañeda, donde no se encontraba nadie y se llevaron su camioneta porque supuestamente tenia reporte de robo; también un millón 300 mil pesos producto de la indemnización con la comunidad de Cuatzoquitengo a través de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Después, se fueron y en las prisas lesionaron a una menor de edad, mataron dos aves, tiraron un poste, chocaron la camioneta decomisada y luego se bajaron de ella al dejarla con las llantas ponchadas por el impacto y fueron rescatados por la patrulla que iba atrás que chocó más adelante y de ahí se dispersaron los policías por lo que no pudieron detenerlos.