Prevalece la cerrazón oficial en Guerrero en el acceso a la información pública: Kate Doyle
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La especialista en derecho a la información Kate Doyle dijo ayer que en México y en Guerrero es donde más se le dificulta obtener información oficial para conocer la verdad sobre hechos como la masacre de Aguas Blancas, la de El Charco y sobre la guerra sucia de los años setenta.
Al exponer la conferencia “Acceso a la información pública y utilidad social; el caso de la guerra sucia en Guerrero”, en el marco del foro “Hacia un Guerrero transparente y democrático”, Doyle dijo que la lucha por la información pública “es una necesidad igualmente urgente, profunda y fundamental, algo que nos define como seres humanos y demócratas”.
La ponente, analista para América Latina del Archivo Nacional de Seguridad con sede en Estados Unidos, señaló que en países como México y en estados como Guerrero ha sido difícil para ese organismo ciudadano tener acceso a la información oficial, sobre todo en casos como la masacre de Aguas Blanca, la de El Charco y sobre la guerra sucia.
Indicó que en este sentido hace falta mucho por hacer aquí, a pesar de que reconoció que “los guerrerenses están luchando por necesidades básicas como derechos humanos, educación, servicios de salud, seguridad, derechos indígenas y por un medo ambiente limpio”.
El Archivo de Seguridad Nacional es un instituto de investigación privada, sin fines de lucro, que se dedica a la defensa del derecho a saber de los ciudadanos.
“El Objetivo es la recopilación de los archivos secretos de nuestras dependencias en el gobierno, con un enfoque especial en los temas más sensibles como la seguridad nacional, inteligencia y las políticas internacionales”, explicó la investigadora.
Añadió que todos los documentos el organismo los solicita a través de la Ley de Libertad de Información, “enviamos peticiones a la CIA, al Pentágono y al Departamento de Estado”, explicó Kate, quien ha sido analista para América Latina y desde hace mas de 15 años ha trabajado con comisiones de la verdad, con investigadores, fiscales, jueces y organizaciones de derechos humanos para obtener información clave para la lucha contra la impunidad.
Añadió que su tarea no es fácil, sobre todo en países donde “el Estado guarda silencio, sus oficiales (funcionarios) se quedan mudos y sus archivos permanecen cerrados”. Es el caso de México y Guerrero, señaló.
De México, dijo que el único documento que ha salido a la luz pública, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, es el que aclaró lo que realmente pasó en la matanza de Acteal, Chiapas.
Indicó que este documento descubrió la organización, capacitación, armamento y apoyo por parte del Ejército para que no fueran detenidos los integrantes del grupo paramilitar que masacró a los 45 indígenas, “a pesar de que el libro blanco de la PGR dice que el Ejército no tuvo ninguna relación con los grupos paramilitares en Chiapas”.
Sin embargo recordó que el documento que se dio a conocer a la prensa dice muy claramente que hubo involucramiento militar con los grupos paramilitares de Chiapas. “Dice que a mediados de 1994 el Ejército Mexicano recibió permiso presidencial para crear equipos militares para la promoción de grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas”, afirmó Doyle.
La analista recordó que estos equipos especializados de inteligencia apoyaron a los grupos armados con entrenamiento y protección para no ser arrestados por corporaciones policiacas o unidades militares destacamentados en la región.
“Esto quiere decir que sí se puede encontrar documentación, archivos, pruebas, sobre lo que de verdad pasó”, dijo.
Sin embargo insistió en que existen muchas dificultades para obtener información en México y en Guerrero, a pesar de que en el 2002 el presidente Vicente Fox ordenó la apertura de los archivos de las dependencias de inteligencia y de seguridad y la transparencia de los documentos del Archivo General de la Nación.
Agregó que a pesar de esta orden presidencial, es muy difícil acceder a los documentos de la llamada guerra sucia y en particular sobre lo que pasó en Guerrero, “hay muchos obstáculos, hay muchas justificaciones para guardarlos en secreto”.
Informó que el año pasado solicitó información sobre la masacre en El Charco, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, “¿y saben lo que nos dijeron los de la Sedena y la PGR de la ciudad de México? Nos dijeron que no, porque somos de afuera y no somos mexicanos, que no tenemos el derecho de solicitar esta información”.
Añadió que ese argumento no es válido, porque la Ley General de Transparencia dice muy claramente que cualquier ciudadano del mundo puede utilizar esa ley para tener acceso a la información de México.
“Entonces sí hay obstáculos, sí hay resistencias. Eso sucede en cualquier tema. Eso nos ha pasado en México”, insistió.
Por ello añadió que no es suficiente tener la ley, “hay que mantenerla, hay que probar la ley, hay que poner recursos y empujar a su comisión, hay que estar dispuestos a ir a la Corte, hay que invocar la constitucionalidad del derecho a saber, hay que buscar compañeros y socios. Hay activistas, abogados y analistas por todo el mundo que están luchando igual que ustedes, intentando abrir las puertas de sus propios gobiernos”.
El foro fue organizado por distintas agrupaciones sociales y organismos civiles, que invitaron a la periodista y analista en jefe del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
El encuentro se realizó en la biblioteca del Congreso del estado, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber.
En su organización participaron la Universidad Campesina del Sur, Comunica, México Infórmate, Programa de Autogestión y el Taller de Desarrollo Comunitario, entre otras agrupaciones.
A la inauguración del evento asistió el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Celestino Cesáreo Guzmán; el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Congreso local, Juan Antonio Reyes Pascasio; el ex rector de la UAG y coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, José Enrique González Ruiz; Oscar Fragoso, del Programa de Autogestión; Javier Monroy, del Taller de Desarrollo Comunitario, y Carlos García, coordinador de la Universidad Campesina del Sur.
En la apertura del foro, Carlos García resaltó la importancia del evento, y señaló que de la información oficial que obtengan los ciudadanos dependerá la capacidad para conocer las obras y las acciones de un gobierno, porque muchas de ellas no aterrizan en las comunidades como debiera ser.
Añadió que no basta con saber, si la información no se utiliza para resolver los problemas cotidianos.
Por su parte, Cesáreo Guzmán, quien inauguró el foro, informó que el Congreso está comprometido con la rendición de cuentas “porque la falta de transparencia es el camino hacia la corrupción”.