Exigen ONG la salida del Ejército y un mecanismo de contrapeso que lo monitoree
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Organismos de derechos humanos locales y nacionales, como el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que respaldan al Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero, exigieron ayer a las autoridades federales y estatales la salida del Ejército mexicano de Guerrero.
Los organismos civiles y no gubernamentales consideran que ya son graves las violaciones a los derechos humanos; asimismo, que las fuerzas armadas representan un riesgo para la ciudadanía, que realizan funciones sin estar capacitadas para ellas y que esto corresponde a las fuerzas de Seguridad Pública. También argumentan que no hay un sistema civil de contrapeso que monitoree sus acciones en contra de la sociedad.
Los representantes de esos organismos ofrecieron la mañana de ayer una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación por la militarización en Guerrero y las consecuencias que padece la sociedad por las acciones en materia de seguridad pública que realizan los militares.
El director del Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que también es lamentable la postura que asumen las autoridades civiles federales y estatales que han decidido respaldar la presencia del Ejército en las calles y de no regresarlos a sus cuarteles.
Barrera Hernández señaló que los militares afuera de sus cuarteles atentan contra la convivencia en las comunidades indígenas.
Recordó que antes, los militares sólo participaban en las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), pero sólo como respaldo a las policías federales y estatales; sin embargo, denunció que desde el año pasado tienen órdenes presidenciales de encabezar directamente los operativos, los cateos, retenes y detenciones y realizan una función de policías, de agentes del Ministerio Público y hasta de jueces.
Pero dijo que lo más grave es que no existe ningún mecanismo que monitoree sus acciones que violentan el orden constitucional y las garantías de quienes son detenidos, porque no los ponen a disposición de las autoridades civiles, sino que se los llevan a sus instalaciones donde muchas de las veces los mantienen incomunicados, los investigan los mismos militares, los obligan a declarar ante ellos mismos muchas veces bajo presión y bajo tortura y, finalmente, los mandan a revisión con un médico militar a fin de que les certifique su estado de salud, antes de ponerlos a disposición de las autoridades civiles.
Barrera Hernández agregó que lo peor es que varias veces los detenidos son personas que nada tienen que ver con la delincuencia organizada que investigan, ni con la delincuencia común y que los costos de sus acciones que muchas veces no sólo se traduce en violación a los derechos humanos, sino en muertes –como el caso de Bonfilio Rubilo Villegas– y en detenciones, todos quedan impunes. E insistió que no existe un contrapeso de la autoridad civil para regular sus acciones.
En tanto, Jorge Romero del organismo Fundar abundó que por las acciones militares existe una “profunda y fundada preocupación, porque la situación cada día se agrava más”; por ello exigió la participación clara de la autoridad civil para revertir estas condiciones, porque alertó que la ciudadanía, sobre todo de la región de La Montaña, están viviendo condiciones de indefensión e incertidumbre.
“Exigimos avanzar para salir de esta situación de excepcionalidad y garantizar que se restablezca el estado de derecho”, indicó. Luego precisó que la ruta es clara: “sacar a los militares de las funciones que no les corresponden y consolidar una estrategia congruente para garantizar condiciones de libertad”.
Para ello, dijo que es necesario que la sociedad en general llame a cuentas a los ejecutivos federal y estatal por su actitud de respaldo a los militares que realizan funciones que no les corresponde.
A su vez, Ernesto López Portillo, director del Insyde, expuso que los militares no están formados para realizar funciones de seguridad pública y que al mandarlos a suplir a las policías, se creó una situación excepcional en la medida que son los militares quienes deciden por sí mismos, cuando un ciudadano es un delincuente.
Indicó que mientras tanto no es posible que no haya un mecanismo para revisar sus acciones, “nosotros no estamos de acuerdo que se regularice la excepción” y exigió que las autoridades civiles y militares deben rendir cuentas de sus actos porque dijo, las acciones militares están llevando a una grave situación de riesgo a la población civil.
López Portillo advirtió que de continuar esta situación, “es de pronóstico reservado lo que estaríamos viviendo próximamente en estados como Guerrero”.
La secretaria Técnica de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Luz María Pérez expuso que algunos ejemplos de los riesgos de la militarización en Guerrero son el asesinato de Bonfilio Rubio Villegas y la detención de Fausto Saavedra en un reten militar cerca de Huamuxtitlán, el 19 de junio pasado; en éste sentido, exigió castigo para los responsables del homicidio y de la detención puesto que finalmente se constató que Fausto Saavedra no había cometido ningún delito y sin embargo estuvo detenido 8 días.
En resumen, el abogado de Tlachinollan, Mario Patrón dijo que es necesario el establecimiento de mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, así como “un plan de retiro”, puesto que las autoridades civiles dicen que la permanencia de los militares es temporal, “pero este puede ser de 2 días o permanente hasta que ellos (los militares) quieran”.