Los derechos humanos no son prioritarios para el gobierno de Guerrero, afirma Sipaz
Zacarías Cervantes / Chilpancingo
Una delegación de la organización no gubernamental Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) que se encuentra en Guerrero
consideró ayer que la agenda de derechos humanos para el gobierno estatal no es prioritaria. Asimismo que la justicia “tiene dos
velocidades; cuando les conviene la aceleran y cuando no la frenan”, en referencia al proceso judicial que se sigue a los cinco
indígenas me’pahaa de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla que se encuentran detenidos.
Entrevistada después de una reunión que la delegación sostuvo la tarde de ayer con el secretario de Gobierno Guillermo Ramírez
Ramos, Marina Pagés, coordinadora de Sipaz para México, dijo también que el Ejecutivo estatal se justifica en el respeto a la
división de poderes para no resolver los casos de procesados por la criminalización de la lucha social.
Las comisionadas Mariana Pagés, Teresa Hoechli y Mónica Wooters el miércoles pasado visitaron en Ayutla a los cinco indígenas
me’phaa de El Camalote, municipio de Ayutla: Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz,
Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio, que se encuentran detenidos en la cárcel de la cabecera municipal.
También se reunieron con sus familias.
Luego de la reunión con los presos indígenas y sus familiares, ayer consideraron que éste es uno de los casos más
“emblemáticos” de violación a los derechos humanos en Guerrero, sobre todo porque es una prueba de la criminalización de las
organizaciones y de la protesta social en esta entidad.
Mariana Pagés indicó que con ello se comprueba también que sigue habiendo un señalamiento constante de represión por parte
del estado hacia los indígenas, organizaciones sociales que protestan y hacen la denuncia social, que, dijo “tienen como una
espada de Damocles que se sostiene arriba de varios grupos organizados en el estado, a través de organizaciones o de personas
que han sido detenidas y que salieron bajo caución, a quienes tienen en la mira con un proceso judicial”.
Y luego volvió a citar el caso de los miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) y dijo que “hay una
justicia de dos velocidades; cuando les conviene (al gobierno) aceleran y cuando no frenan”, dijo.
Marina Pagés informó que en su visita con el secretario de Gobierno, plantearon las confusiones que existen en materia de
derechos humanos que “no se alejan tanto” de lo que informaron en su visita del mes de marzo pasado y concretamente el caso
de Ayutla, La Parota y en general la violación a los derechos humanos en Guerrero.
Sin embargo señaló que el secretario de Gobierno, Ramírez Ramos, volvió a insistir que la causa principal “es la pobreza, la
marginación y de carácter económico, entonces pareciera que estamos hablando en idiomas diferentes, con preocupaciones
distintas y en términos de derechos políticos y civiles, pero eso lo vimos desde la visita de marzo, se mantiene el discurso del
Estado de derecho y en el señalamiento de la criminalización como buscando la pelota a otros actores”.
Indicó que de los casos que le presentaron ayer al secretario de Gobierno Ramírez Ramos, les dijo que no puede intervenir
porque ya están en el Poder Judicial “aunque usted no lo crea”, en referencia a que sí se respeta la división de poderes”, dijo.
–¿El gobierno está justificando la represión?
–Pues los encontramos (al secretario de Gobierno) un poquito duros en ese sentido, con el argumento de que los casos que les
presentamos están en la mano del Poder Judicial, o de otras áreas diferentes.
–En términos generales consideran que no hay voluntad en el gobierno estatal para cambiar la situación de violaciones a los
derechos humanos en Guerrero?
–Cuando menos no se ve en lo inmediato como la preocupación principal de este gobierno, eso está como muy presente desde la
visita de marzo.
Marina Pagés también criticó que el diagnóstico en materia de derechos humanos que recomendó realizar la relatoría en materia
de derechos humanos de la ONU, no se haya concluido “pues sigue en el tercero o cuarto borrador, lo que indica que la Secretaría
General de Gobierno no estaba manejando sobre el tema, “esto nos llama mucho la atención porque en la etapa en que nos
encontramos deberían estar ya en los términos de recomendaciones, de reforma del estado, o de cosas mucho más concretas”,
dijo.