Acuerdan 18 organizaciones exigir que el Ejército salga de la sierra y castigo por la violación de derechos
Zacarías Cervantes / Chilpancingo
Ante la irrupción de militares en las comunidades que se encuentran en las colindancias de los municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán en donde cometieron atropellos diversos, y luego de la confirmación de enfrentamientos por parte del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, 18 organizaciones sociales y organismos de derechos humanos acordaron conformar una “fuerza social” que acompañe y “fortalezca la lucha popular por el regreso del Ejército a sus cuarteles”, para evitar más violaciones a los derechos humanos.
Los dirigentes y representantes de los organismos civiles de derechos humanos y organizaciones sociales se reunieron ayer en la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), para analizar los abusos que cometieron los militares en comunidades de la sierra de Guerrero la semana pasada.
Entre algunos de los organismos y agrupaciones asistentes a la reunión están el Colectivo Rebelión, el Frente de Defensa Popular, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la Sección XVII del Sindicato Minero, el Consejo de Vigilancia del Ejido Río Frío de los Fresnos, la Red Manglar Internacional Sección Guerrero, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Defensa de Derechos Humanos, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y el Taller de Desarrollo Comunitario.
El encuentro concluyó con un manifiesto que establece la coordinación de “esfuerzos y capacidades” de todos esos organismos, para exigir a las autoridades federales que el Ejército mexicano “se limite a cumplir cabalmente con las facultades que le confiere la Constitución”. Asimismo, que se finquen responsabilidades por las violaciones de derechos humanos, que se otorguen medidas cautelares a las familias y comunidades víctimas de abusos militares y se reparen los daños generados.
Ello, luego de que el sábado representantes de organismos civiles de derechos humanos, agrupaciones sociales y periodistas verificaron la presencia del Ejército en comunidades de la parte alta de la sierra, en los límites de la Costa Grande y Tierra Caliente, “habiendo documentado violaciones a los derechos humanos por parte de elementos castrenses, y sumándose el día de hoy la información del ERPI de enfrentamientos con el Ejército federal”, señalan en el pronunciamiento.
También consideran que las acciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y su par nacional, la CNDH deben ser “enérgicas, oportunas y amplias en su misión de velar por la plena vigencia y respeto a los derechos humanos, documentando y agilizando todos los trámites jurídicos relacionados con las quejas y denuncias penales originadas por los abusos del Ejército”.
En su pronunciamiento demandan también que el proceso jurídico en contra de quienes violen los derechos humanos y cometan atropellos en contra de la población, sea llevado por autoridades civiles “y no permitir la intromisión del fuero militar, además de que se llegue a la reparación integral del daño ocasionado a las comunidades serranas”.
Entre los acuerdos también consideran como grave, el “artero atentado a las libertades de expresión y prensa, como el robo de los ejemplares del diario La Jornada Guerrero el día lunes 15 del presente mes, por lo cual expresamos nuestra solidaridad a este medio”.
Propusieron que los grupos independientes de derechos humanos y las organizaciones estén pendientes y sean solidarias con las comunidades agredidas, para ayudar a proteger la integridad de la población y que las organizaciones internacionales de derechos humanos hagan presencia en la sierra de Guerrero “para verificar, documentar y denunciar la grave situación que viven las comunidades”.
Exigen el regreso del Ejército a sus cuarteles y frenar el proceso de militarización de la sociedad guerrerense, que el gobernador del estado Zeferino Torreblanca “asuma su responsabilidad de hacer respetar las garantías constitucionales de todos los habitantes”; asimismo, que el Congreso del Estado “asuma una postura clara a favor de la resolución pacifica y apegada al estado de derecho de este conflicto armado que se vislumbra”.
Los participantes en el encuentro también acordaron apoyar movimientos como el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la huelga de los mineros de Taxco y la lucha por la presentación de desaparecidos y secuestrados, así como la liberación de presos políticos y esclarecimiento de los asesinatos con castigo a los culpables.
También asistieron al encuentro representantes de la CETEG, del Movimiento Popular Vicente Guerrero de Tixtla, estudiantes de la Normal de Rural de Ayotzinapa, de la colonia Ampliación Puerto Marqués de Acapulco, de la Coordinación de los Pueblos Indígenas el Estado de Guerrero, del Frente Insurgente Defensor de derechos Populares y del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.