Preocupa al Congreso de Desarme en Colombia que ex rebeldes vuelvan a las armas
DPA
Cartagena de Indias
La seguridad y las amenazas que enfrentan los procesos de reinserción fue ayer el tema principal durante el segundo día del Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (CIDDR), que se realiza en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
El viceministro de Defensa de Colombia, Sergio Jaramillo, expresó que en todo proceso de reinserción existe el riesgo de que algunos desmovilizados estén tentados de volver a las filas insurgentes o paramilitares por presión de los mandos medios.
Jaramillo dijo que mientras el narcotráfico siga subsidiando las acciones de los grupos alzados en armas, los grupos ilegales continuarán y las desmovilizaciones correrán peligro ante la posibilidad que los ex combatientes se dejen seducir por el dinero fácil nuevamente.
“Tenemos que partir de una primera realidad y es que no hemos logrado en Colombia que el narcotráfico desaparezca como quisiéramos, y mientras siga existiendo narcotráfico habrá grupos que crearán estructuras para darle una protección criminal a ese negocio”, dijo.
El conflicto, en “fase terminal”
De otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro, aseguró que el conflicto armado colombiano está en una “fase terminal” debido a la desmovilización de paramilitares y al debilitamiento de los rebeldes.
“La idea que yo tengo es que el conflicto armado como tal está en una fase terminal debido a la reintegración de los grupos paramilitares, debido al combate a los ultraderechistas disidentes, debido al debilitamiento creciente de las guerrillas de las FARC y ELN”, expresó durante una conferencia de prensa.
Pizarro hizo las declaraciones durante el segundo día del evento, que finalizará este miércoles.
El presidente de la CNRR dijo que los primeros recursos para indemnizaciones serán entregados a víctimas de minas antipersonales, las mujeres de víctimas de abusos sexuales y niños que fueron reclutados por grupos paramilitares.
El evento será clausurado este miércoles por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su colega, Álvaro Colom, quien llegó este martes a Cartagena de Indias para asistir al evento y sostener una reunión bilateral.
Por su parte, la OEA recomendó a unos 150 ex paramilitares que se declararon en “desobediencia” en cárceles no suspender sus versiones libres, la citación judicial voluntaria, ante la Fiscalía luego de rechazar una medida de las autoridades colombianas de quitarles computadoras y celulares.
El jefe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Marcelo Álvarez, sostuvo que el proceso de desmovilización de los paramilitares fue “un hecho importantísimo para la sociedad colombiana”, pues logró la desmovilización de unos 32 mil combatientes y busca la verdad, justicia y reparación de víctimas.
“Invitamos a los comandantes recluidos en las cárceles que sigan participando en la ley de Justicia y Paz y avanzar en el tema de la verdad, justicia y reparación, ya que su participación permite garantizar los derechos de las víctimas”, dijo Álvarez.
El anuncio de los ex paramilitares fue hecho por la abogada Angélica Martínez, defensora de varios de los detenidos, quien señaló que la protesta consistirá en no acudir a las audiencias programadas por la Fiscalía, no recibir a los juristas encargados de los casos y suspender las actividades de trabajo o estudio. De otro lado, Álvarez mencionó que la misión reconoció los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno para capturar a los jefes de las bandas al servicio del narcotráfico.
El delegado sostuvo que la última recomendación que hizo la OEA al gobierno colombiano en torno al proceso de paz fue “lograr una mayor articulación de todas las instituciones del Estado para atender a las comunidades de manera integral” y así apoyar a las víctimas de los paramilitares.
Recientemente un informe de la misión de la OEA dijo que el surgimiento de bandas paramilitares tras el desarme es una amenaza para las víctimas y desmovilizados de 153 municipios en donde operan los grupos emergentes.
De acuerdo al reporte, unos siete mil ex paramilitares, de cerca de 32 mil que dejaron las armas, están desconectados del programa de reinserción a la vida civil que les ofrece el gobierno e indicó que algunos, a pesar de pertenecer al sistema gubernamental, continúan delinquiendo.