Tlachinollan: fue crimen de Estado el asesinato de los dos líderes mixtecos
Zacarías Cervantes / Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció ayer que el asesinato
de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas,
fue una “ejecución extrajudicial” y acusó al gobierno por la falta de una investigación oportuna y rápida para evitar un “desenlace
fatal”.
Mientras tanto, en un comunicado, ese organismo de derechos humanos señala: “estamos plenamente convencidos de que el de
los dirigentes indígenas es un crimen de Estado, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de
derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas,
desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo”.
Barrera Hernández también señaló que ante estos hechos se evidencia la falta de garantías para prevenir “situaciones graves
como éstas”, pues dijo que no solamente se trata de una desaparición de personas, sino que los grupos que actúan con absoluta
impunidad, lo hicieron ante testigos y posteriormente cumplieron la ejecución “sin que las autoridades hayan actuado con
oportunidad para garantizar la vida de las víctimas”.
Dijo que es lamentable el hallazgo de los cadáveres porque sus familiares y los representantes de organismos civiles de derechos
humanos que venían exigiendo la investigación de su paradero y la presentación, “aún esperábamos que se encontraran vivos”.
Entrevistado vía telefónica, el director de Tlachinollan responsabilizó de la muerte de los dos dirigentes indígenas al gobierno
porque no hubo una actuación oportuna y agilizada para investigar su desaparición, a pesar de que sus familiares y los
organismos de derechos humanos denunciaron su detención con rapidez y ofrecieron información oportuna para que se iniciaran
las investigaciones.
Agregó que lo que deja entrever este nuevo episodio de violencia, ahora en contra de los dirigentes mixtecos, es que es el patrón
que se sigue en la actualidad para criminalizar a los líderes sociales y que con este caso, se ve que la tendencia no solamente es
su detención, sino su posterior desaparición y después la ejecución extrajudicial.
Consternado, Barrera Hernández, advirtió que la criminalización de la lucha social, la falta de garantías al trabajo de los
representantes de organismos defensores de los derechos humanos y de quienes realizan trabajo de gestoría en Guerrero, se
está llevando a una grave crisis “y estamos quedando inermes ante estos grupos, que no sabemos cuáles sean sus intereses”.
Explicó que la situación se agudiza sobre todo en el municipio de Ayutla, por las acusaciones que se hacen desde el gobierno en
el sentido de que los dirigentes indígenas de esa zona están ligados a la guerrilla, “con ello se da licencia a estos grupos
desconocidos para ejecutar a los dirigentes como a los compañeros mixtecos”, denunció.
Barrera Hernández, director del organismo de derechos humanos que desde el primer día de la desaparición de Lucas Lucía y
Ponce Rosas denunció el caso y exigió a las autoridades estatales acciones urgentes para la investigación y la liberación de los
detenidos, señaló que es grave que las autoridades no cumplan con su trabajo de investigar con oportunidad y rapidez y que
dejan que grupos armados actúen con absoluta impunidad.
Barrera Hernández agregó también que es grave que estos casos se den en una zona en donde existe un alto nivel de
empobrecimiento, “en donde vive gente que apenas sobrevive, que no tiene para comer y que, quienes denuncian y levantan la
voz por esa circunstancias, son detenidos, desaparecidos y asesinados impunemente, sin que las autoridades hagan algo para
evitarlo”.
Por ello explicó que de alguna forma hay responsabilidad del gobierno, “porque nosotros demandamos una investigación pronta,
que previniera un desenlace fatal”.
En cuanto a los responsables materiales de la muerte de los dos dirigentes indígenas; Barrera Hernández, señaló que
“desgraciadamente no sabemos quiénes sean”; pues todos los datos que tenemos son que tienen corte de pelo tipo militar y que
cuando entraron al local de donde se llevaron a los indígenas gritaron que eran policías.
Finalmente el director de Tlachinollan denunció que en el municipio de Ayutla hay ingobernabilidad y que “se da libertad al
surgimiento de grupos criminales que actúan con impunidad y a la luz del día; son posiblemente gente que le hace el trabajo
sucio al gobierno para la persecución de los dirigentes indígenas”, concluyó.
Asimismo, en el comunicado que el organismo envió por la tarde señala que: “como Centro de Derechos Humanos estamos
plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un crimen de Estado, porque éste no ha otorgado las garantías
que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias,
ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo”.
Y luego lamenta las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere
que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados “esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una
ejecución extrajudicial”.
Señala el organismo que para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de investigación
a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos
humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos
humanos”.
El organismo civil agrega que se une a la demanda de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce
para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este
asesinato y se castigue a los responsables.
Que es la OFPM
Tlachinollan explica que la OFPM, igual que la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), provienen de la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) que desde hace aproximadamente 10 años comenzaron a documentar
y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla.
A esa organización pertenecían los 11 indígenas asesinados por efectivos del Ejército en El Charco, el 7 de junio de 1998, lugar
donde se supo por primera vez de la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que se formó con un
desprendimiento del EPR.
Ese mismo año, la organización denunció la esterilización forzada de 18 hombres indígenas en las comunidades de Ojo de Agua,
La Fátima y Ocotlán, por parte de la Secretaría de Salud.
También informa que el 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el
18 del mismo mes. Y que, por el mismo caso interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa
número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación.
Posteriormente, el 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió ileso.
Tlachinollan explica que como presidente de la OFPM, Lucas Lucía documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos
humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en
comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y
denuncias penales.
El día de la desaparición de Lucas Lucía y Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura
y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a
su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de
Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR)
en Chilpancingo y Acapulco.
Asimismo, el sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
(Codehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington
una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y que pidiera al gobierno de México que estableciera todas las
acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de
sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Y luego, ante la relevancia del caso Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que externó su preocupación por la
desaparición de Raúl Lucas y Manuel Ponce y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con su paradero.