La cancelación definitiva de La Parota, acuerdan en el Encuentro popular del agua
Mariana Labastida
Representantes de redes, alianzas y movimientos sociales en contra de presas, minas y las altas tarifas eléctricas, crearon una
coordinación para unificar las luchas de todo el país y trabajar en conjunto, esto como parte de los acuerdos del Encuentro
popular sobre agua, energía y alternativas energéticas, realizado del 6 al 8 de noviembre en la comunidad de Aguacaliente,
perteneciente a los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Durante el acto de clausura, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Felipe Flores
Hernández, enfatizó sobre la importancia de buscar la unidad de los movimientos sociales; dijo que “un movimiento aislado es
un movimiento fracasado” y que hay que “demostrarle al gobierno que la unidad hace la fuerza”; celebró además que por primera
vez en un encuentro realizado en la zona de conflicto de la Parota, se hayan tenido representantes de redes, alianzas y
movimientos sociales de 11 estados de la república.
En la declaratoria final del encuentro, exigieron a las autoridades federales y estatales, entre otras cosas, la cancelación definitiva
de la presa la Parota, de “El Zapotillo”, Paso de la Reina, respeto a los movimientos de resistencia civil, cierre de minas, respeto a
las radios comunitarias y cancelación de la ACE.
Como parte de los acuerdos a los que llegaron los 200 asistentes al encuentro popular durante las plenarias realizadas en los
tres días de trabajo, se encuentra la unificación de las luchas en defensa del patrimonio de los pueblos y de los recursos
naturales y el territorio, esto con la conformación de una coordinación que será la encargada de mantener a cada uno de los
movimientos existentes en el país en comunicación y trabajando conjuntamente.
Su objetivo será “acrecentar la coordinación de acciones e intercambio de recursos para buscar una salida a la situación tan difícil
por la que pasa el pueblo”, dijo el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. , Oscar González Garí.
Agregó que no hay lugar donde el gobierno federal esté realizando un megaproyecto, “donde no haya derechos humanos que no
se están restringiendo, negando o pisoteando, por lo que el bienestar el empleo, en lugar de mejorar, cada vez está más lejos”.
La coordinación está conformada inicialmente por los representantes de las redes y alianzas que acudieron al encuentro popular,
quienes tendrán como tarea principal la creación de la campaña nacional contra las minas, las represas, megaproyectos eólicos,
tendidos de alta tensión y las altas tarifas, desde la imagen de la misma hasta el plan de acción de las acciones a realizar en el
2009, que contenga movilizaciones regionales y finalmente una movilización masiva.
Serán los encargados de mantener la comunicación entre todos los movimientos existentes en los 11 estados que acudieron al
encuentro que son Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí,
Veracruz y Guerrero.
La coordinación está integrada inicialmente por trece organizaciones, entre las cuales se encuentra el CECOP; la Red Mexicana de
Afectados por las Minería (REMA); Red contra las Altas Tarifas; Movimiento Zapotillo – Temacapullin; Red de Resistencia Altas
Tarifas, Chiapas; Unión de Campeche en solidaridad contra sistemas eólicos; Unión de Comunidades Indígenas de la zona Norte
del Istmo, Oaxaca; Resistencia Presa la Yesca, Nayarit y el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, entre otras.
También se acordó la conformación de una red nacional de resistencia civil de no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica,
para fortalecer la coordinación entre los movimientos de resistencia civil y ampliar la resistencia a otras regiones del país; realizar
una campaña nacional de movilizaciones en contra de la privatización del agua y la energía en el país; apoyar de manera
organizada, por medio del REMA, las redes locales que trabajen en contra de las minerías que se han apropiado del 10 por ciento
de territorio nacional.
En la declaratoria final, las redes y organizaciones exigieron a las autoridades federales y estatales la cancelación definitiva de
tres presas que constituyen proyectos hidroeléctricos: la Parota en Guerrero; “El Zapotillo” en Jalisco y “Paso de la Reina” en la
costa de Oaxaca.
Con ello, pidieron el cese del hostigamiento y represión a las comunidades integrantes del CECOP, así como de la Presa en los
Altos de Jalisco, donde se están violando los derechos humanos de los pueblos de Temacapullín, Acasico y Palmarejo y el respeto
a la voluntad de los pueblos de Oaxaca.
También exigieron el respeto a los movimientos de resistencia civil de no pago de la energía eléctrica, debido a los cortes
masivos de energía en las comunidades que se encuentran en resistencia y la suspensión inmediata del proyecto eoloeléctrico del
Istmo de Tehuantepec, debido a las violaciones a los derechos de los pueblos zapoteco y huave, así como respeto a las
comunidades nahuas de la cuenca norte del río Marabasco en la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, donde se ubica la
minera Peña Colorada, quienes piden que las autoridades políticas no indígenas les respeten su gobernabilidad; el cierre de las
minas que construye la empresa Blackfire Exploration, en terrenos de los ejidos La Grecia y Monte Sinaí, en el municipio de
Chicomuselo Chiapas, así como el de la minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí.
“Rechazamos rotundamente la minería a cielo abierto y las concesiones otorgadas por el gobierno federal, sin respetar los
derechos a la consulta e información a las comunidades afectadas”, mencionaron.
Entre los puntos que fueron agregados al final de la plenaria que se realizó el sábado, los integrantes de las radios comunitarias
pidieron que éstas fueran reconocidas como medios de comunicación e información de los pueblos y comunidades indígenas.
Después de una breve intervención de uno de los maestros de la comunidad de Amatillo, los asistentes decidieron apoyar la
decisión de incluir en el documento el resultado de los trabajos realizados en el encuentro y la petición de cancelación inmediata
de la Alianza por la Calidad de la Educación, porque consideran que viola los derechos laborales y va contra la escuela pública.
El documento elaborado durante los días del encuentro y leído por Oscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de
Derechos Humanos, A.C. está enfocado principalmente al rechazo de los modelos actuales de obtención de energía eléctrica;
recalca que éstos son impulsados por el gobierno federal, principalmente para el beneficio de las empresas privadas quienes
mediante su imposición, han despojado territorios principalmente indígenas, provocando la destrucción o reubicación forzada de
pueblos enteros, violando sus derechos humanos, destruyendo la identidad, los lazos y tejidos familiares y comunitarios y
aumentando la migración y el desempleo.
Dentro de los daños causados por los megaproyectos, el documento menciona los daños a la salud que causan a los pobladores,
principalmente a las comunidades cercanas a las minas y la grave destrucción que causan al medio ambiente.
El documento indica que los modelos de producción de energía están orientados a satisfacer las necesidades de las empresas
principalmente mineras, que necesitan grandes cantidades de agua y energía, mientras que la población padece el alto costo de
las tarifas de luz y deficiente servicio de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro.
Al finalizar el encuentro, el vocero del CECOP, Felipe Flores Hernández, resaltó la importancia de la unificación de los
movimientos, ya que como opositores tienen “el compromiso de buscar la unidad de los movimientos sociales”; agregó que se
tiene la experiencia que “un movimiento aislado es un moviendo fracasado”, por lo que pidió que no haya más movimientos
aislados.