El Sur  
Viernes 30 de Julio de 2010 Página Principal Secciones
 


En medio de violencia y acusaciones de fraude se lleva a cabo la elección de hoy


Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Entre amenazas, atentados y asesinatos de candidatos o de sus seguidores; señalamientos contra el gobierno de Zeferino Torreblanca de apoyar con recursos públicos para hacer ganar los candidatos de la corriente Izquierda Renovadora (IR) –sobre todo en Acapulco– y acusaciones de guerra sucia, hoy se elegirán 81 alcaldes, 28 diputados por mayoría y 18 por la vía de la representación proporcional.
Este domingo cinco a partir de las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde, los 2 millones 268 mil 717 ciudadanos y ciudadanas con credencial de elector podrán asistir a las 4 mil 670 casillas instaladas en todo el estado; en las que se distribuyeron 4 millones 810 mil 306 boletas electorales –2 millones 405 mil 153 para la elección de ayuntamientos y 2 millones 405 mil 153 para la elección de diputados– para elegir al candidato o candidata de su preferencia.
La parte organizativa del proceso electoral no representa mayor problema para quienes participan en este proceso electoral, puesto que todo está definido y desarrollándose normalmente.

La violencia presente en el proceso electoral

Pero quizás lo preocupante para partidos, candidatos y ciudadanos en general, es la ola creciente de violencia que llegó al proceso electoral, con agresiones a quienes participan activamente.
Esa violencia finalmente tuvo eco en la última sesión de la primera etapa del proceso electoral, antes de la elección de este domingo, el pasado jueves por la tarde.
En esa sesión por intervención de los representantes del PRD, Convergencia, PRI y Nueva Alianza, se admitió por primera vez que la violencia había llegado al proceso electoral y se narraron algunos hechos que fortalecieron los argumentos.
La preocupación de los representantes de partidos derivó en el acuerdo de que el Consejo General del IEEG, emitiera un comunicado público exhortando al gobernador a garantizar la seguridad de los partidos, sus candidatos y ciudadanos en el ejercicio de su sufragio libre; además de exhortar a los maestros y estudiantes en paro a abstenerse de realizar actos en contra de la ciudadanía en la jornada electoral este domingo.
Además de firmar un compromiso en el que los partidos políticos se obligan a desterrar todo intento de actos irregulares que alteren el proceso electoral, coincidiendo todos en que la mejor manera de inhibir la violencia, era dejar que el voto decidiera quién debe gobernar en el estado.
A pesar de que el presidente consejero del IEEG, César Ramos Castro, se comprometió a redactar el comunicado público, esto no se hizo.
La postura del IEEG es la de lamentar la muerte de candidatos y de condenar los hechos, pero nada han hecho para garantizar la tranquilidad en los comicios electorales que tiene una alta competitividad.
Los consejeros del IEEG no han respondido a los llamados de los presidentes de los principales partidos políticos que participan en el proceso electoral Misael Medrao Baza del PRD, Marco Antonio Leyva Mena del PRI y Carlos Millán del PAN, luego del asesinato del candidato a diputado por el distrito 14 con sede en Ayutla, Homero Lorenzo Ríos, a manos de un grupo armado, ocurrido la mañana del miércoles 24 de septiembre.
Los presidentes partidistas, exigieron al gobierno del estado y al IEEG, garantizar la seguridad pública para sus militantes y candidatos. Pero nada obtuvieron respuesta. Obviamente sólo exigieron el esclarecimiento del crimen y castigo a los responsables.
Y la violencia siguió creciendo, aunque antes el candidato a síndico por el PRI en el municipio de Atoyac, sufrió un atentado y murió una de sus acompañantes cuando regresaba de un recorrido.
Antes en Zirándaro, en la Tierra Caliente, el candidato a diputado por el PRD también sufrió un atentado perpetrado igualmente por un grupo armado.
De ambos casos nada se ha investigado. Pero tampoco el gobierno del estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), nada ha investigado o resuelto.
Se ha venido tensando el ambiente previo a la jornada electoral, amenazas de muerte contra candidatos del PRI y del PRD; apenas el viernes 3 el candidato a diputado panista por el distrito 06 con sede en Ometepec, Eloy Salmerón Díaz, salió ileso de un atentado a balazos, la madrugada del jueves.
Y en el municipio de La Unión, en la Costa Grande, entre versiones encontradas, el jueves por la tarde se enfrentaron a balazos el coordinador parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Carlos Reyes Torres, y un grupo –que él llama de “sicarios”– encabezado por el director de Seguridad Pública Municipal y que supuestamente envió el alcalde priísta, Cervando Ayala.
En ese ataque murió el joven Antonio Bucio Ayala, sobrino del alcalde priísta, quien en el sepelio amenazó y juró venganza contra los responsables, según denunció el propio diputado local, Carlos Reyes Torres; por eso lo responabiliza de lo que le pueda ocurrir.

El gobernador Zeferino Torreblanca y las acusaciones de fraude

Pero a la violencia se suman las acusaciones por fraude que senadores del PRI lanzaron en contra del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y sus funcionarios de primer nivel, a quienes se les señala de operar el plan Operación Buen Puerto, con la finalidad de que gane la candidata oficial, Gloria Sierra López.
Aunque no está claro cómo obtuvieron las boletas electorales que mostraron en una conferencia de prensa, los senadores del PRI, encabezados por el vicecoordinador parlamentario en el Senado, Fernando Castro Trenti, deducen que el gobeirno del estado ordenó su impresión para rellenar urnas.
Luego en Tlapa, en el poblado de Xalatzala, los nahuas detuvieron a cuatro activistas del PRD que supuestamente compraban el voto, aunque ya los liberaron la situación pone en alerta a militantes y calienta los ánimos.

 

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