Exige la CIDH ampliar medidas cautelares a favor de los me’phaa presos en Ayutla
Ezequiel Flores Contreras
Chilpancingo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, solicitó al Estado Mexicano
que amplíe las medidas cautelares que otorgó desde 2005 a dirigentes y miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me
´phaa (OPIM), a favor de los cinco indígenas de la comunidad de El Camalote, quienes se encuentran presos en la cárcel de Ayutla
acusados de homicidio.
Este acuerdo fue emitido desde el viernes 27 de junio por la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Unidos
Americanos (OEA), donde también se plantea extender las medidas de seguridad necesarias para dirigentes de comunidades y
miembros de la OPIM que tienen órdenes de aprehensión por el mismo delito. Así como para otros integrantes de la organización
social que son dirigentes comunitarios, informó el asesor jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Por medio de un comunicado oficial, el centro de Derechos Humanos de La Montaña (Tlachinollan) señala que la CIDH también
demandó al Estado Mexicano que en un plazo de 5 días presente un informe sobre las medidas cautelares que otorgó en 2005 a
favor de la secretaria de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, y su familia que quedó bajo el número de expediente MC-06-05 y las
que solicitó el 4 de septiembre para Fortunato Prisciliano Sierra, su esposa Inés Fernández Ortega, mujer indígena que fue violada
por soldados del Ejército, registrado en el expediente 167-07.
Esto debido a que estos miembros de la OPIM han denunciado que las autoridades federales y estatales incumplieron la solicitud
de la CIDH, indica el boletín de Tlachinollan.
El director del organismo no gubernamental defensor de los derechos humanos, Abel Barrera Hernández, consideró que el
recurso internacional de la CIDH refleja que el sistema interamericano “está más atento y preocupado por la situación que se vive
en Ayutla y la situación de persecución oficial contra los miembros de la OPIM”.
Esta resolución “pone a prueba” el desempeño profesional del juez mixto de Ayutla, Alfredo Sánchez, quien está obligado a
asumir las normas internacionales en materia de derechos humanos y evitar ceder a presiones de “las autoridades y los grupos de
poder que no tienen interés en que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas”, expresó Barrera Hernández.
Sin embargo, Barrera Hernández lamentó que en la práctica las medidas cautelares “no han sido eficaces”.
Debido a que las autoridades a pesar de asumir el compromiso de darle seguimiento a todos los acuerdos firmados, “siempre
quedan muy limitados, porque se niegan a dar los recursos que requiere un determinado tipo de medida y no quieren disponer
de personal suficiente de las corporaciones policiacas para brindar la seguridad que se requiere a las persona en riesgo”, señaló
el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña.
El asesor jurídico de Tlachinollan afirmó que el motivo por el que la CIDH determinó ampliar las medidas cautelares a favor de
casi 40 dirigentes y miembros de la OPIM –que fueron solicitadas el 6 de mayo– es porque se acreditó que “hay una persecución
en contra de la organización, hay riesgo inminente de su seguridad e integridad física como ocurrió al hermano de Inés, Lorenzo
Fernández Ortega quien fue asesinado el 10 de febrero y en el caso de los cinco presos originarios de la comunida de El
Camalote, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl
Hernández Abundio, se determinó que fueron detenidos de forma ilegal y el proceso judicial que enfrentan ha sido irregular”.
Rosales Sierra ejemplificó que entre las irregularidades que se han cometido en este proceso judicial, se encuentran el cambio de
una audiencia de desahogo de testimonios de cargo que estaba planteada para el pasado 4 de julio y se realizará hoy por
instrucciones del juez mixto de Primera Instancia de Ayutla, Alfredo Sánchez.
El asesor jurídico de Tlachinollan dijo que espera que hoy “no ponga trabas para que los testigos de los acusados rindan su
declaración” porque consideró que estos testimonios contradicen las “acusaciones infundadas” que mantiene en prisión a los
cinco indígenas de El Camalote.
En el comunicado de Tlachinollan hacen una reseña sobre la historia de la OPIM, donde se indica que esta organización indígena
que surgió en una zona histórica y a la vez conflictiva por la extrema presencia de militares, grupos armados, narcotráfico,
miseria y cacicazgos.
La OPIM se ha destacado por su trabajo de denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, por parte de las autoridades
civiles y militares en el municipio de Ayutla.
Entre los casos más importantes que ha denunciado se encuentra el de la violación que sufrieron las indígenas Inés Fernández
Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de soldados del Ejército en 2002, ambos casos fueron presentados ante la CIDH en
octubre de 2007.
Asimismo, la organización denunció la esterilización forzada de 14 indígenas me’phaa de El Camalote en 1998, caso por el cual
la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 66/2007 el 17 de diciembre de 2007.
Por estas denuncias, los líderes y miembros de la OPIM han estado sufriendo constantemente ataques y amenazas. Y por ello en
2005 pidieron medidas cautelares a la CIDH a favor de Obtilia Eugenio y su familia, en 2007 lo hicieron para Fortunato Prisciliano
e Inés Fernández. Pese a esto continúa el clima hostil en contra de los me´phaa con el asesinato del hermano de Inés, Lorenzo
Fernández Ortega, la falta de indemnización para los indígenas esterilizados y el encarcelamiento de los cinco indígenas de El
Camalote que son acusados mediante señalamientos fabricados del homicidio de un informante del Ejército. Por ello, solicitó la
ampliación de medidas cautelares el 6 de mayo e informó a la CIDH que no han sido cumplidas a cabalidad las resoluciones
anteriores, indica el comunicado de Tlachinollan.