Consignan y encarcelan a 18 estudiantes
Aurora Harrison
Ayer fueron consignados al juez Sexto de Distrito e internados en el penal de Las Cruces 18 normalistas acusados por Caminos y
Puentes Federales (Capufe) de ataques a las vías de comunicación, motín y robo; en tanto, los 10 restantes quedaron en libertad.
A las 13:10 horas de este domingo, luego de que se venció el término Constitucional para definir su situación jurídica, 18 de los
57 estudiantes que fueron detenidos el pasado viernes, luego del desalojo y detención por parte de policías federales cuando
mantenían tomada la caseta de La Venta en la autopista Del Sol fueron trasladados en vehículos oficiales de la Policía Federal
Preventiva (PFP).
Los otros 39 fueron puestos en libertad; 29 el sábado y 10 este domingo.
En la Subdelegación de la Procuraduría General de la República en Acapulco (PGR), aproximadamente unos 200 agentes federales,
así como policías del Estado y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), custodiaban el lugar y luego formaron un contingente
para el traslado de los normalistas al reclusorio.
Padres de familia que observaron como se llevaron a sus hijos, repudiaron la acción de la policía, pues recordaron que el acuerdo
era liberar a todos los estudiantes que demandan plazas.
El diputado local, presidente de la comisión de Justicia, Ramiro Solorio Almazán dijo que el procedimiento fue irregular, pues las
autoridades están ofreciendo una “justicia a cuenta gotas”.
Por la tarde, una comisión integrada por la dirigente de colonos, Rosario Merlín, Bertoldo Martínez y el abogado José Sánchez
Sánchez, así como padres de los estudiantes acudieron al penal de Las Cruces para intentar negociar la liberación de los 18
estudiantes que fueron internados.
Antes, a las 12:30 horas, afuera de las instalaciones de la subdelegación de la PGR, los policías federales se encontraban atentos
a cualquier orden que diera el jefe operativo de dicha corporación; mientras, los estudiantes fueron trasladados de las celdas de
la PGR al vestíbulo, frente a la puerta de acceso, tomados de las manos.
En el lugar sólo había padres de familia y tres voceros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pero omitieron dar alguna
declaración y sólo se abocaron a observar el trato que los policías daban a sus compañeros.
Pasado el medio día llegó el diputado local Ramiro Solorio Almazán y entró a dialogar con el agente del Ministerio Público
Federal; después de que salió, a los policías se les dio la instrucción de formar dos filas y entre ellas hacer un espacio para que
pudieran pasar los normalistas, los cuales fueron subidos a una camioneta oficial de la PFP, para su traslado al penal.
A las 14:00 horas fueron liberados los 10 estudiantes de Ayotzinapa que faltaban, los cuales subieron a vehículos particulares y
se trasladaron a las instalaciones del PRD municipal, donde pernoctaron algunos familiares que participaron en la marcha del
sábado por la Costera.
Consultado por los medios de comunicación respecto de la situación legal de los jóvenes, el coordinador de Seguridad Pública
Estatal en Acapulco, Leonardo Vázquez respondió que “lo único que sabemos es que ya van al reclusorio 18 estudiantes” como
presuntos responsables de motín y robo.
A pregunta expresa de uno de los reporteros sobre a que obedecía su presencia en el lugar, el funcionario estatal argumentó que
es por que están en apoyo al traslado de los estudiantes al penal de Las Cruces; agregó que para esta acción había 30 policías
comisionados.
Fuentes del Ministerio Público Federal argumentaron que los jóvenes tienen derecho a libertad bajo caución, pues los delitos no
“son graves” y agregaron que fueron puestos a disposición del Juez Sexto de Distrito por los delitos de ataques a la Vía de
Comunicación, motín y robo, mismos que quedaron integrados en la averiguación PGR/GRO/ACADI/385/2007.
Los internados en el penal son: Alejandro Jiménez Ortega, Mario Guerra Velázquez, Kevin Omar Adame Adame, José Cruz Nava,
José Luis Loza Guillén, René Ventura Barrera, Ernesto García Hernández, Pedro Casarrubias López, Jorge Molina Rodríguez, Marco
Hernández García, Andrés Meléndez García, Carlos Coronel Saavedra, Rodrigo Martínez Martínez, Vicente Hernández Navarrete,
Francisco Calderón Morales, Jorge Mazón Luna y Fernando Ávila Hernández.
En desacuerdo con el dictamen de MPF
El diputado local Ramiro Solorio Almazán comentó que no está de acuerdo con la determinación del MP Federal, pues “no había
causa para consignar. Si fueron liberados la mayoría de los normalistas es evidente que de la misma forma debieron haber salido
todos”.
Agregó que la consignación “se dio de manera sesgada, obviamente un procedimiento distorsionado y obviamente a cuenta gotas
como advertíamos desde ayer (sábado), y queremos subrayar que este sesgo se ve claramente”.
Recordó al gobierno del estado que el problema no son los normalistas, es la desatención de las autoridades y la insensibilidad
por parte del secretario de Educación, José Luis de la Vega Otero para que este conflicto se resuelva.
Solorio Almazan, consultado una vez que 10 jóvenes fueron liberados comentó que había motivos para liberarlos, ya que el
viernes que fueron detenidos, ellos se encontraban manifestando y volanteando, sin cometer algún ilícito.
A pregunta expresa de porqué delitos se les estaba consignando, el diputado local aseguró que no son cargos graves, por lo que
exhortó al gobierno estatal a no criminalizar la lucha social, “no tiene porque encarcelar a los jóvenes, a los jóvenes se les tiene
que atender, se tiene que dialogar con ellos, se tiene que responder a las demandas”, enfatizó.
“No hay elementos, y obviamente, que por eso nosotros estamos insistiendo en que hubo una distinción grave y que obviamente
es un proceso irregular; si la mayoría de los jóvenes salió por falta de elementos, ese mismo razonamiento debió aplicarse para
todos, los 57” afirmó.
Por su parte, padres de familia de los normalistas comentaron que se les hacía “injusto” el traslado de los estudiantes a la cárcel,
ya que dijeron que la manifestación y la movilización de sus hijos es por una fuente de trabajo, por ello pidieron que los dejen en
libertad.
Al respecto, la señora Adela Flores Adame recordó que el acuerdo de las autoridades era dejar en libertad a todos los estudiantes
que faltaban e “incumplieron en su palabra, no se nos hace justo que nuestros hijos que se manifiesten por trabajo sean
encarcelado como delincuentes”.
“Pedimos al (gobernador del estado) Zeferino Torreblanca que los deje en libertad y que se de el diálogo para que se resuelva el
problema, los jóvenes quieren plazas y ellos deberían de buscar la manera para que les entreguen”, manifestó
Mencionó que el gobernador debería de utilizar las fuerzas policíacas contra los “delincuentes” contra la malicia y no con los
estudiantes.
Por la tarde, una comisión de dirigentes sociales y abogados, entre ellos el asesor jurídico de las viudas y sobrevivientes de la
matanza de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez se presentaron para negociar con el juez la libertad bajo fianza de los 18
estudiantes internos; dijeron que se “solidarizan con los compañeros normalistas”, los cuales también fueron reprimidos y
desalojados por grupos “paramilitares llamados policías federales”.
En una visita a la redacción de El Sur, José Sánchez Sánchez y familiares de los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas
desdeñaron las acciones del gobierno del estado, los cuales en lugar de buscar soluciones negociadas al conflicto copian el
método de represión del “Figueroismo”.
Hicieron un llamado a los auténticos perredistas a unificar las luchas sociales y activar las movilizaciones para parar esta “política
de guerra” de las autoridades estatal y federal.