Se conjugan en Guerrero la represión de Zeferino con la militarización: Olivares
Redacción
En Guerrero se están conjugando las políticas del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, de represión a los movimientos
sociales para no resolver las demandas, con las del gobierno federal de militarizar los pueblos y los caminos con el fin de inhibir
los movimientos sociales, declaró el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y
Pavón.
En entrevista telefónica, indicó que esta organización no gubernamental (ONG) con sede en Chilapa, ha recibido información,
sobre todo de los últimos 20 días, de nuevos campamentos, retenes y puntos de resisión militares en esta área de La Montaña.
Manifestó su preocupación por los actos de represión que como respuesta ha dado el gobierno de Torreblanca Galindo a los
sectores que luchan por sus derechos, a los que está midiendo con la regla de la represión.
Agregó que a los opositores a la presa La parota, a los indígenas de Chilapa y a los me’phaa de Metlatónoc, a los ejidatarios de
Crrizalillo, a los egresados y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa los está midiendo con la misma regla de la represión,
y les está cerrando todos los caminos para poder tener una solución favorable a sus peticiones.
Está claro que Torreblanca Galindo “le apuesta a la represión, y eso coloca a Guerrero en una situación de desestabilización
social, vemos mucha tensión porque hay mucha inconformidad, eso se agudiza cuando se criminaliza la lucha social, porque se
está mandando una señal de que no hay cambio”, dijo.
Esta política del gobierno estatal “está aparejada con la del gobierno federal de militarización”, se se ha intensificado en los
últimos 20 días, con el argumento de aplicar la ley federal de armas de fuego y explosivos en La Montaña y área de Chilapa.
Indicó que los campamentos y retenes se han visto en Tres Caminos, municipio de Tlapa, en el crucero que va a Olinalá, Tlapa y
Chilapa; también un campamento en un cerro de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Chilapa, y en Tomatilicán,
municipio de José Joaquín de Herera.
También en el crucero a Ahuacuotzingo, donde los militares estuvieron 15 días, y en la desviación a Atzacoaloya se colocan
constantemente con una tanqueta.
Informó que los militares detienen a la gente, le preguntan de dónde vienen, revisan los automóviles y de los autobuses
conocidos como chilolos bajan a la gente para revisar todo.
Aparentemente los militares nunca encuentran las armas que supuestamente buscan, y por eso, Olivares considera que el
gobierno federal busca en primer lugar “inhibir la lucha social, y en segundo que la gente se acostumbre a la presencia del
Ejército y que lo veamos como algo natural, cuando constitucionalmente no debería estar fuera de sus cuarteles”.
Olivares ve esta política como un complemento de la de Torreblanca Galindo, que de la represión y criminalización del
movimiento social se va más allá con la militarización, que además tiene como fin la contrainsurgencia, porque creen que hay
grupos guerrilleros.
Olivares, que hace dos semanas fue encarcelado junto a 15 indígenas del Consejo Ciudadano de Chilapa que demandaban obras,
consideró como muy greva que Torreblanca Galindo con los diputados que les son fieles del PRD y de otros partidos, pretendan
desaforar al diputado perredista Ramiro Solorio Almazán, que “es el único que ha acompañado las luchas de la población, y no
sólo en su distrito”.
Consideró muy grave que el sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo sea actualmente peor que en los tiempos de Rubén
Figueroa Alcocer.
Manuel Olivares llamó a Torreblanca Galindo a que deje de reprimir y abra canales de diálogo y solución a las demandas de los
pueblos, y a los diputados a que dejen de seguir las instrucciones del gobernador.
Opinó que si Torreblanca Galindo no reconsidera su política, “lo que va a conseguir es que la sociedad se movilice por la
revocación de su mandato”.