Por más legítimos argumentos que haya, no se puede imponer La Parota, dice Leyva Mena
Jesús Saavedra
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Marco Antonio Leyva Mena afirmó que en el proyecto de la presa
hidroeléctrica de La Parota se debe de respetar la voluntad de los campesinos que serán afectados, pues “imponerla por más
legítimos que sean los argumentos para el desarrollo económico, político y social, no es una virtud de un gobierno democrático,
como el que dice ser el de Zeferino Torreblanca Galindo”.
Consultado sobre las recomendaciones que dejó la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kahn, tras su visita el
sábado a los campesinos opositores a la presa, el líder priista consideró que es “penoso y grave que vengan de fuera a decirnos
que se están violentando los derechos humanos en el estado” y pidió al goberno de Torreblanca “poner más atención a este tipo
de declaraciones”, en lugar de “cerrarse” ante ellas.
Leya dijo entonces que así el gobierno del estado como la Comisión Federal de Electricidad “están comprometidos como
instancias gubernamentales a proteger los derechos humanos no sólo de quienes les aplauden sus acciones al gobierno, sino
también de quien levanta la voz y son críticos”.
“Creo que ahora la sociedad se debe de dar cuenta, se dieron cuenta cómo gobernaban los priistas y se deben de dar cuenta
cómo gobiernan los perredistas, ahora hay críticas hacia ellos y espero que la sociedad se dé cuenta que no lo están haciendo
nada bien”, agregó.
Para el dirigente del PRI, “el arte de gobernar no sólo es mantener el poder, hay que gobernar con la ley en la mano y respetar los
derechos fundamentales del hombre”.
En ese sentido, señaló que en el tema de La Parota debe de haber “más diálogo con los opositores, que respeten su voluntad” y
anunció que el PRI va a llevar el asunto a discusión al Consejo Político Estatal, “porque queremos un posicionamiento público
sobre La Parota, pero indudablemente los priístas estamos más que concientes de que a los campesinos se les debe de fijar un
justo precio en la indemnización, se les debe de asignar una reubicación adecuada, deben de tener respeto al desarrollo
económico de esas agrupaciones ejidatarias”.
“A partir de que se respete la voz de los campesinos, su autonomía en la libre decisión y sus derechos humanos, cualquier
negociación es válida, el convenio debe de ser justo, mantener los proyectos de los campesinos; si se trata de imponer cualquier
voluntad, por más legítimos que sean los argumentos para el desarrollo económico, político y social, si no se dan esos
argumentos no hay posibilidad de negociación posible”, finalizó.