La postura de AI, aval moral para que se respeten derechos en La Parota: arzobispo
Mónica Martínez García
El arzobispo de Acapulco Felipe Aguirre Franco consideró que la presencia de la secretaria general de Amnistía Internacional (AI)
Irene Khan es un aval moral de confianza para que las autoridades federales y estatales informen correctamente y no propicien
un clima de agresiones alrededor del proyecto de presa hidroeléctrica La Parota que promueve la Comisión Federa de Electricidad
(CFE).
“Es una garantía de que se lleven a cabo las acciones con todo respeto y la seriedad que requieren todas las partes, a fin de que
se pueda llegar a una decisión sin agresiones a los derechos de los campesinos y con el respeto que se merecen sus tierras y
haya una correcta información con verdaderos avales”, dijo.
En la conferencia de prensa que ofrece cada domingo al concluir la misa dominical, Aguirre Franco fue consultado sobre la visita
de la representante de AI que aseguró que están en peligro los derechos humanos de los campesinos que serían afectados por la
construcción de la presa, pues no han sido garantizados sus derechos a una información y consulta adecuadas sobre el proyecto.
Al respecto, el prelado vio positivo que la CFE ya vaya a tener un acercamiento con ambos grupos, el de los opositores y los
simpatizantes a la presa, en donde funcionarios de la empresa paraestatal informarán sobre su proyecto, pero también podrán
ser cuestionados por los comuneros.
Aguirre Franco dijo que la intervención del organismo de defensa de los derechos humanos en el mundo y cuya sede se
encuentra en Londres, permitirá que haya una correcta información a los comuneros, pues los miembros de esa prestigiada
agrupación son “verdaderos avales morales”.
El prelado aprovechó para indicar que la Arquidiócesis de Acapulco continuará ofreciendo su apoyo moral y espiritual en las
cuatro parroquias de la zona, y que también están incluidas en el área que sería inundada si se concreta el proyecto de la presa.
“Los estamos acompañando en una reflexión para que se privilegie el diálogo, para que la decisión que tomen sea conciente y
libremente y fortalezcan como pueblo sus tradiciones e historia y sus derechos humanos como campesinos”, subrayó.
En Guerrero, los indígenas siguen en condiciones precarias
Asimismo en la conferencia el minsitro católico recordó que este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, instituido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1994.
Indicó que en Guerrero los indígenas siguen siendo el sector más marginado, pues viven en situación de extrema pobreza y
vulnerabilidad y representan el 17 por ciento de la población de la entidad.
Dijo que las denuncias de los pueblos indígenas y las estadísticas darán cuenta de qué tanto han hecho los tres niveles de
gobierno para “hacerles justicia”, pero consideró que la voluntad que se ha escuchado de algunos para llegar a ese punto no es
suficiente para atender las viejas demandas de los indígenas.
Para eso se requiere, recalcó, la aplicación de una política pública de Estado efectiva que respete la cultura y los derechos de los
indígenas, que respalde su pleno desarrollo en aspectos como la salud, educación, derechos humanos, vivienda y alimentación.
“La Iglesia apoya la propuesta de la ONU que pide a los gobiernos fomentar la participación plena y efectiva de los indígenas en la
toma de decisiones que afectan sus estilos de vida, tierras, tradiciones y territorios que como pueblos poseen derechos
colectivos”, dijo.
Entonces dijo que la Arquidiócesis de Acapulco realiza en diferentes comunidades labores de evangelización, pero también obras
sociales apoyando a los sectores más desprotegidos pero respetando sus identidades y su cultura.
A propósito del tema, durante la conferencia de prensa Aguirre Franco también fue consultado sobre la petición que hicieron 14
alcaldes de municipios índigenas de La Montaña y Costa Chica para manejar directamente 200 millones de pesos de recursos
para vivienda sin la intervención del gobierno del estado.
El arzobispo consideró que es respetable la posición de los alcaldes, pero que se debe valorar lo que marcan las leyes al respecto,
coincidiendo en esto con el gobernador Zeferino Torreblanca.