Niega la Policía Comunitaria que cometa abusos con los detenidos
Redacción
La Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Malinaltepec y otros municipios de la Costa
Chica Montaña manifestó que la declaración del juez del distrito de Altamirano, Víctor
Alejandro Arrellano Justo, el 19 de febrero, en un taller sobre la ley de menores infractores,
en Acapulco, contra esa corporación indígena, es parte del hostigamiento que siempre ha
habido hacia ellla de las autoridades del gobierno.
El comisario Abad Flores Herrera, de Capulín Chocolate, municipio de Marquelia, dio
respuesta al juez, que el 19 de febrero declaró que la Policía Comunitaria es la que más
viola los derechos humanos en esa región.
Abad Flores consideró que lo que pretende el juez es lastimar a la Policía Comunitaria, la
cual se rige por usos y costumbres indígenas, porque las autoridades nunca han querido
respetar este derecho indígena.
En dicho taller intervino una representante de la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nancy Robinson, y ante ella,
Arellano Justo señaló que el organismo internacional no ha fijado su atención en la Policía
Comunitaria que comete violaciones graves a las garantías individuales. También participó
como ponente Paula Ramírez España, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
la Familia.
Arrellano Justo señaló que la Policía Comunitaria es juez y parte en los casos en que
interviene, que si una persona tiene una deuda, aprehenden al papá o a la mamá, para
obligar al familiar acusado a pagar la deuda, que obligan a sus prisioneros a compurgar
sus penas con trabajos forzados, elaborando tabiques o en la construcción de una obra en
beneficio de la comunidad.
El comisario, de Capulín Chocolate, comunidad integrada a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias, que es el órgano del que depende la Policía Comunitaria, que
funciona desde hace 12 años en la región indígena de la Costa Chica Montaña, manifestó
que “desde hace tiempo que hemos trabajado de esa manera, nos regimos por un
reglamento interno, compuesto por todos los pueblos”, y éstos aceptan que si alguien
comete algún delito, se hace una reunión en el pueblo y se decide mandar el caso a la
asamblea regional.
En ejercicio de su derecho de réplica a la nota publicada en El Sur el 20 de febrero, por
teléfono explicó que no se somete a los detenidos a trabajos forzados: “Es el reglamento el
que marca que (los detenidos) deben trabajar en cada pueblo 15 días, en esos 15 días el
comisario tiene que levantar un acta de buena conducta al comandante que lo va a recibir
cuando se traslada a otra comunidad. Con esa acta de buena conducta que extiende cada
comisario, puede disminur la penalidad, puede bajar a la mitad”.
“No es trabajo forzoso, decirle agarra la pala y el pico, vamos a hacer una excavación, para
que tengan derecho a los alimentos. Cuando se libera se cita a su familia para que tenga
conocimiento y nuestra obligación es liberarlo en su pueblo, donde se le entrega a la
asamblea en su pueblo, y se pide al comisario que vigile que no reincida”.
Abad Flores aclaró que la Policía Comunitaria no actúa de manera arbitraria, porque “es el
pueblo el que decide, nosotros sólo velamos por que se cumplan los usos y costumbres”.
Sobre las descalificaciones frecuentes de autoridades del gobierno estatal, federal y en
algunos casos municipales, a la Policía Comunitaria, que es una organización indígena,
que tiene a su cargo la seguridad pública y vigilancia de los caminos y pueblos de la
región, y con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias se encarga de
determinar el castigo que se impone a los detenidos, y su proceso de reeducación,
manifestó: “siempre nos han dicho que estamos fuera de la ley, pero los usos y
costumbnres son ley para los pueblos”.
Aclaró que “no queremos reconocimiento, queremos que haya un respeto”.
Dijo que la declaración del juez, “yo lo tomo como hostigamiento, que nos está sobajando.
Nosotros merecemos un respeto, nadie nos puede faltar al respeto de esa manera, esa
declaración nos lastima, es de la gente que no nos quiere”.
Por su parte la abogada, Felícitas Martínez, que también es parte de la Policía Comunitaria,
explicó que hay un reglamento interno en el sistema comunitario, que dice que los
principales del pueblo, y el comisario y el delegado, se encargan de los casos de delitos
menores, dan consejos a los que cometen algún delito, se encargan de su desarrollo
personal, y de que no reinidan en delito”.
Cuando son delitos graves, como homicidio, violación, robo de ganado, el caso lo decide la
asamblea regional, que es la máxima autoridad de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), donde están los pueblos en general.
Felícitas Martínez indicó que la Policía Comunitaria tiene el reconocimiento que da el
artículo 39 de la Constitución de México y en el Converio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, y se rige por usos y costumbres, con base en la autonomía de los
pueblos.
Precisa que “no estamos actuando fuera de la ley, estamos actuando en territorio
comunitario, no podemos actuar donde no hay policía comunitaria”.