Dice el juez de San Luis Acatlán que la Policía Comunitaria es la que más comete abusos
Lourdes Chávez
El juez del distrito judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Víctor Alejandro
Arrellano Justo, denunció que la Policía Comunitaria es el órgano que comete más abusos
en la Montaña baja de Guerrero, en el taller sobre la ley de menores infractores, ayer en
Acapulco.
En el taller, donde participó una representante de la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Arellano Justo señaló que el
organismo internacional no ha fijado su atención en la Policía Comunitaria que comete
violaciones graves a las garantías individuales.
En el taller participó como ponente Nancy Robinson de la oficina del ACNUDH, así como
Paula Ramírez España, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia
(UNICEF).
En el debate, uno de los jueces explicó la existencia de la Policía Comunitaria a partir de
que se reconoció la existencia de pueblos indígenas en la Constitución y la libre
determinación de los pueblos y su derecho a regirse por sus medios normativos.
Añadió que en el artículo segundo constitucional se establece que podrá resolver los
conflictos que se susciten en sus comunidades siempre y cuando se respeten los
derechos humanos, la libertad de las mujeres y no se transgreda los artículos señalados
en la Constitución.
Arrellano Justo señaló que la Policía Comunitaria comete abusos no sólo en los pueblos
de Iliatenco, San Luis Acatlán y Tlapa donde tiene presencia, sino también en otras
comunidades, con el consentimiento de autoridades municipales y del estado de Guerrero.
En entrevista, el juez de San Luis Acatlán dijo que la Policía Comunitaria tiene mejor
armamento, vehículos, uniformes y oficina con radio comunicación y teléfono, que la policía
“reconocida institucionalmente”.
Entre las violaciones, señaló que la Policía Comunitaria es juez y parte en los casos en que
interviene. Añadió que si una persona tiene una deuda, aprehenden al papá o a la mamá,
para obligar al familiar acusado a pagar la deuda.
Señaló que obligan a sus prisioneros a compurgar sus penas con trabajos forzados,
elaborando tabiques o en la construcción de una obra en beneficio de la comunidad.
Además, que si una persona detenida tiene dinero, se le cobra para disminuirle la pena.
Señaló que la población que acude a los juzgados o a las agencias de Ministerio Público
son obligados a desistirse de su demanda para que ellos se hagan cargo.