OPINION

Los hombres del carbón

Jesús Mendoza Zaragoza

La muerte de los mineros de San Juan de Sabinas, en el norte de México, ha puesto sobre la mesa las condiciones inhumanas de los trabajadores en estos tiempos de auge neoliberal en el que se considera una suerte tener empleo aunque sea en condiciones inseguras y peligrosas. El régimen del libre mercado ha impuesto condiciones desventajosas para los trabajadores, que en la práctica las aceptan con tal de no ser excluidos del mundo del trabajo. En este contexto, hay que entender todas las facilidades fiscales, jurídicas, económicas y financieras que se le suelen dar a capitalistas e inversionistas, que no se cuidan las condiciones laborales de los trabajadores. Con el señuelo de que la inversión en sí misma es la que impulsa el desarrollo y el crecimiento económico, poco interés se ha puesto a los intereses y las demandas de los trabajadores.

Persiste, en una forma distinta, camuflado, el conflicto entre capital y trabajo, entre patrones y trabajadores. Ya no estamos en los tiempos en los que se proponía la lucha de clases como motor de los cambios sociales, pero tenemos que reconocer que en nuestro país se sigue privilegiando en mucho los intereses del capital mientras que se desoyen aquéllos de los trabajadores. Y señal de esto es la tragedia en la mina Pasta de Conchos. Se ha prometido una investigación para determinar responsabilidades. Estas promesas suelen ser estrategias para mitigar el dolor, el enojo y la indignación, pero sabemos que, de ordinario, no llegan a cumplirse.

No hay que esperar a que se haga una investigación para advertir lo que es visible. Ya se han ventilado algunas irregularidades en cuanto a medidas de seguridad inadecuadas y condiciones laborales deprimentes como los salarios hambreadores en un trabajo de tan alto riesgo. Lo que pasa en la mina es un reflejo de lo que pasa en todo el país, sin más. Los trabajadores no tienen, ni siquiera, el mismo trato que reciben los inversionistas y, por otra parte, la fuerza de trabajo no es tan relevante para el desarrollo como lo son las inversiones.

No hay razón para reconocer la necesidad y la urgencia de las inversiones para el desarrollo, pero no tiene que pasarse sobre los intereses y las necesidades de los trabajadores, quienes cuentan únicamente con su fuerza de trabajo para ganarse la vida. En el concurso de trabajo y capital en los procesos productivos se necesita ubicar el valor de cada uno en su justa medida, y seguir privilegiando el capital sobre el trabajo sigue siendo el factor de tanta injusticia y de tanta desigualdad social.

Hay que decir que no puede ser aceptable esta situación. El trabajo, por su carácter subjetivo y personal, es superior a cualquier otro factor de producción, y esto vale, en particular, con respecto al capital. Esta afirmación pone en cuestión el mismo modelo económico que es promovido en el país con tanta devoción, el neoliberalismo. La doctrina social de la Iglesia establece, como principio, la prioridad intrínseca del trabajo con respecto al capital, a la vez que su complementariedad. En cuanto a la prioridad, se señala que “este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente, primaria, mientras el capital, siendo el conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental” (Juan Pablo II, Laborem Excercens, 12).

De esta manera, tendríamos que señalar que los privilegios siguen dándose al dinero, a las inversiones al tiempo que se carece de un cuidado y la correspondiente vigilancia de que la fuerza de trabajo tenga condiciones dignas para las personas que la ofrecen. Los trabajadores, al fin, no tienen otra opción, les queda sólo aceptar las condiciones establecidas por los dueños del dinero. Y no hay que ir a las minas de Coahuila para verificarlo. Abundan los centros de trabajo en los cuales el rostro personal del trabajador ha sido sustituido por un número y donde sólo interesa su rendimiento.

Habría que revisar el trato que se da a los trabajadores, de manera que haya un verdadero equilibrio entre capital y trabajo que no signifique una tragedia para los trabajadores. Y no hablamos de la tragedia de un accidente mortal como la que sufrieron los hombres del carbón, sino de aquélla tragedia cotidiana que tienen que soportar muchos trabajadores de salarios de hambre, de condiciones de inseguridad, de amenazas, de hostigamiento y de abusos. Es necesario que enfoquemos los procesos productivos desde la perspectiva de los trabajadores, porque un desarrollo que sólo atiende las ganancias de los inversionistas es un desarrollo artificial y frágil, que no puede sustentar bienestar para todos.

LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS

Humberto Musacchio

El libro desaparecido de Hugo de Sanctis

Gracias al escritor Ulises Mata nos enteramos de que está por aparecer Canción al prójimo, el libro del argentino Hugo de Sanctis ganador del Premio de Poesía Aguascalientes en 1983. A De Sanctis lo premió un jurado compuesto por Ernesto Mejía Sánchez, Alfredo Cardona Peña y Francisco Cervantes, quienes consideron la obra como “una joya del género” y “una revelación para México e Hispanoamérica” y adelantaban que su publicación sería “una sorpresa editorial y literaria”. Todos los libros premiados en ese certamen han sido publicados en los meses siguientes al fallo respectivo, pero no Canción al prójimo, que ni siquiera se insertó completo en la edición que en 1997 conmemoró los primeros 30 años del Premio, la que sólo incluyó ocho de los 89 poemas que forman la obra. El también escritor Benjamín Valdivia, quien tuvo la suerte de leer el libro cuando estaba recién premiado, narra en el prólogo que las 250 páginas del original espantaron al editor, quien consideró el libro demasiado extenso y le sugirió al poeta recortarlo para que quedara en unas noventa páginas, pues arguyó que “la poesía no se vende bien” y cosas así. Poco después, De Sanctis abandonó México y curiosamente se extraviaron los ejemplares mecanografiados que habían leído los miembros del jurado, aunque extrañamente aparecieron las cuartillas incluidas en la edición del XXX Aniversario del Premio Aguascalientes que preparó Alejandro Sandoval. Señala Valdivia que lo mismo sucedió con la antología Poesía de México que apareció en España patrocinada por el gobierno de Aguascalientes. Otros poemas tomados de la misma obra aparecieron en el primer número de México en el Arte y en la revista moreliana El Centavo correpondiente a octubre de 1983. El asunto parecía liquidado y nadie sabía donde hallar a Hugo de Sanctis. Pero Benjamín Valdivia tiene la santa terquedad de los que aman la poesía y en 2004, ya involucrado en el proyecto editorial Azafrán y Cinabrio, se propuso localizar la obra o por lo menos al autor, lo que finalmente consiguió y ahora está por aparecer, si es que no apareció ya, Canción al prójimo, en coedición con el Instituto de Cultura de Aguascalientes, cuyo director, Víctor González Esparza, se propone hacer una edición de los 40 libros premiados en otros tantos años del certamen, la que ahora sí incluirá esta obra –dice el prologuista– “fundamental de la poesía latinoamericana de nuestro tiempo, sólo equiparable, aunque en otra dirección, al Canto General de Neruda”.

La otra feria: la del Libro de Ocasión

Desde hace 18 años, la Coalición de Libreros realiza la Feria del Libro de Ocasión. Gracias a ellos y a su entusiasta empeño podemos entrar en contacto con tesoros que ha producido la inteligencia a través de los siglos, con la historia y con el arte, con el pensamiento más complejo y la palabra más refinada. A salvo del abrumador torrente de títulos de actualidad, en esta fiesta se ofrece una espontánea pero selecta colección de títulos que han sobrevivido a las modas y al interés comercial del momento, obras preservadas por su utilidad o por su belleza, impresiones históricas, rarezas bibliográficas, encuadernaciones magníficas y libros antiguos; piezas invaluables para el bibliófilo, para aquel que busca y encuentra marcas de fuego, lomos dorados, tipografías extrañas o marroquinería fantástica. Pero en esta feria también se encuentran libros baratos, los que permiten al bolsillo proletario acceder a las mayores riquezas del entendimiento. Bien por los organizadores y por los expositores, quienes cada año arriesgan su patrimonio y por fortuna terminan ganando dinero y lectores. La sede de esta pequeña pero grandiosa feria esta frente al Palacio de Minería, en el patio del Museo Nacional de Arte, la institución que dirige la maestra Roxana Velázquez, quien junto al voluntariado de la institución, atinada y generosamente ha sabido mantener la hospitalidad de esta casa que acoge cada año esta Feria del Libro de Ocasión.

Tres pintoras en la galería Urbana

Tres pintoras exponen en la galería Urbana Blanquis, de calzada al Desierto de los Leones 195, en Las Águilas. Ella son MariCarmen Barrilado, quien presenta unas técnicas mixtas; Eli Coutolenc, una interesante abstraccionista que trabaja bien pertechada de ideas y con un amoroso tratamiento de las texturas; y Mary Cruz Álvarez, que como en otras ocasiones exhibe bodegones de buena factura en los que se advierte que sus afanes figurativos son una estación de paso hacia el abstraccionismo, del que ya cuelga un par de obras. A diferencia de su escultura, de la que también ofrece algunas piezas, en su pinura hay una mayor determinación, un camino mejor trazado y una dirección evidente en la que transita con buen dominio del oficio, pleno respeto por la luz y sus reglas y una noción clara del proceso de deconstrucción de las formas, que es la mejor manera de ir a la sustancia.

Los hombres del carbón

Jesús Mendoza Zaragoza

Persiste, en una forma distinta, camuflada, el conflicto entre capital y trabajo, entre patrones y trabajadores. Ya no estamos en los tiempos en los que se proponía la lucha de clases como motor de los cambios sociales, pero tenemos que reconocer que en nuestro país se sigue privilegiando en mucho los intereses del capital mientras que se desoyen aquéllos de los trabajadores. Y señal de esto es la tragedia en la mina Pasta de Conchos. Se ha prometido una investigación para determinar responsabilidades. Estas promesas suelen ser estrategias para mitigar el dolor, el enojo y la indignación, pero sabemos que, de ordinario, no llegan a cumplirse.

No hay que esperar a que se haga una investigación para advertir lo que es visible. Ya se han ventilado algunas irregularidades en cuanto a medidas de seguridad inadecuadas y condiciones laborales deprimentes como los salarios hambreadotes en un trabajo de tan alto riesgo. Lo que pasa en la mina es un reflejo de lo que pasa en todo el país, sin más. Los trabajadores no tiene, ni siquiera, el mismo trato que reciben los inversionistas y, por otra parte, la fuerza de trabajo no es tan relevante para el desarrollo como lo son las inversiones.

Hay que decir que no puede ser aceptable esta situación. El trabajo, por su carácter subjetivo y personal, es superior a cualquier otro factor de producción, y esto vale, en particular, con respecto al capital. Esta afirmación pone en cuestión el mismo modelo económico que es promovido en el país con tanta devoción, el neoliberalismo. La doctrina social de la Iglesia establece, como principio, la prioridad intrínseca del trabajo con respecto al capital, a la vez que su complementariedad. En cuanto a la prioridad, se señala que “este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el capital, siendo el conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental” (Juan Pablo II, Laborem Excercens, 12).

De esta manera, tendríamos que señalar que los privilegios siguen dándose al dinero a las inversiones al tiempo que se carece de un cuidado y la correspondiente vigilancia de que la fuerza de trabajo tenga condiciones dignas para las personas que la ofrecen. Los trabajadores, al fin, no tienen otra opción, les queda sólo aceptar las condiciones establecidas por los dueños del dinero. Y no hay que ir a las minas de Coahuila para verificarlo. Abundan los centros de trabajo en los cuales el rostro personal del trabajador ha sido sustituido por un número y donde sólo interesa su rendimiento.

PLAZA PÚBLICA

Sinrazones de la Corte

Miguel Ángel Granados Chapa

Asombra la respuesta de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las cámaras del Congreso de la Unión que el martes pasado le solicitaron ejercer la atribución pesquisitoria contenida en el artículo 97 constitucional: les “fijó un plazo de 10 días hábiles...para que presenten las pruebas que sustenten su petición para indagar las presuntas violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho”. ¡Pero si de eso trata la investigación pedida, de encontrar pruebas! ¡Para eso se averigua! ¡Eso quiere el Poder Legislativo que haga el Judicial!

El boletín de la Corte contiene además de esa aberrante petición el reproche de que no acompañaran “los medios probatorios idóneos” para “demostrar que se está ante los supuestos que marca el citado artículo constitucional”. Se agrega que esas pruebas “deben llevar al pleno de la Corte a la convicción de que existen elementos que justifiquen ejercer la facultad extraordinaria de indagar sobre el citado caso”. Y por si fuera poco, y ya en el camino de negarse a actuar conforme a esa disposición, alude a “tesis del pleno del Alto Tribunal” según la cual “la facultad de investigación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución es discrecional, aun cuando exista petición de parte legítima”.

Con todo respeto, y no obstante haber aprendido hace mucho tiempo a no pretender enseñar solfeo a directores de orquesta, me parece que esta última afirmación no se sostiene. Leamos lo que al respecto dice el segundo párrafo de ese artículo:

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo federal, o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual...”

En mi humilde opinión, el verbo podrá, de la primera línea se refiere sólo al menú de posibilidades para nombrar a los investigadores. La Corte tiene libertad, podrá nombrar miembros de su pleno, o a integrantes de otros órganos judiciales o a otras personas a las que comisione para el caso. Esa decisión corresponde plenamente al ámbito de la discrecionalidad, como también cuando se trata de sí misma: puede averiguar los hechos mencionados, si así lo juzga conveniente. Pero cuando el texto pasa a enumerar otras instancias, la discrecionalidad desaparece pues la Constitución atribuye a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, o al Ejecutivo local, la facultad de echar a andar esa excepcional atribución ministerial del órgano jurisdiccional.

Así ha ocurrido las dos veces que se ha aplicado el 97. En 1946 y en 1996 el presidente de la República solicitó a la Corte averiguar hechos lesivos de las garantías individuales, la matanza de oposicionistas que en León, Guanajuato, resistían la imposición de un alcalde; y la de campesinos que pacíficamente se dirigían a una manifestación política, en Aguas Blancas, Guerrero. Hasta donde mi información alcanza, la Corte no condicionó su actuación a que el presidente Manuel Ávila Camacho y el presidente Ernesto Zedillo presentaran “medios probatorios idóneos” ni les solicitaron “demostrar que se está ante los supuestos que marca el citado artículo constitucional”. Y si hubieran pedido esto último, los mencionados titulares del Ejecutivo, tal como pueden hacerlo los presidentes de la Cámara (presidenta en ese caso) y el Senado habrían respondido que el único supuesto necesario es el ya ejercido, que lo pidan quienes están facultados para hacerlo. No hay ningún otro supuesto.

En el segundo caso citado participaron ocho de los 11 ministros actualmente en ejercicio (pues de los que actuaban entonces dos están jubilados y uno murió) y se les puede pedir que se avengan al pedido de las Cámaras tan llanamente como lo hicieron ante la solicitud de quien los había encaminado a los cargos que ocupaban y ocupan, pues Zedillo los incluyó en la lista de donde los eligió el Senado.

En septiembre de 1995, poco más de dos meses después de la matanza de Aguas Blancas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, encabezada por Mariclaire Acosta, pidió a la Corte que investigara los hechos. Siendo obvio que una asociación civil carecía de facultades para tal solicitud, los ministros Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo la hicieron suya, con lo cual instaron al tribunal a ejercer su atribución propia. Por mayoría, el pleno rechazó esa propuesta. La Corte consideró que “no resulta conveniente ejercitar de oficio las facultades de investigación que le concede el artículo 97 de la Carta Magna en relación con los hechos acaecidos el 28 de junio de 1995...”

Para fortuna de su congruencia, los ministros matizaron su negativa con una salvedad. Dijeron que “al menos por el momento” no era dable la indagación de oficio. De modo que cuando el 4 de marzo siguiente Zedillo hizo su petición en el mismo sentido, la atendieron sin dilación. Y explicaron: “Ahora el Ejecutivo federal nos dice que a pesar de la intervención de diversas autoridades competentes para conocer el asunto en el ámbito de sus atribuciones, y de los resultados a que se ha llegado...subsiste en la comunidad nacional un sentimiento de preocupación por el cabal esclarecimiento de los hechos...”.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

En la picota

Raymundo Riva Palacio

La organización que agrupa a las principales y más serias empresas de encuestas, la Asociación Mexicana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (Amai), se encuentra en una crisis que puede hacerla estallar. Acusaciones sin sustento derivadas de la paranoia, denuncias internas y laceraciones públicas contra dos de sus miembros provenientes del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, tienen a la organización viviendo uno de los peores momentos en su historia. Pero el problema de los causantes de la crisis, la encuestadora de la campaña Ana Cristina Covarrubias y su jefe inmediato, el polémico y desacreditado Federico Arreola, no sólo están equivocados ante los ojos del resto de los encuestadores sino, para sus mayores pesares, ante miembros prominentes del equipo lópezobradorista.

El problema se originó cuando se divulgó una encuesta del equipo perredista el 27 de octubre, donde López Obrador alcanzaba una ventaja de 20 puntos sobre el segundo lugar. Casi diez después, en la clausura del congreso anual de la Amai, Roy Campos, de Consulta Mitofsky, participó en una mesa de debates donde analizó los resultados de todas las encuestas presidenciales. De manera inopinada porque Campos nunca se refirió a ella en su ponencia, Covarrubias empezó a justificar su resultado sin defender, paradójicamente, el dato. Este episodio fue narrado someramente en un texto en este espacio el 25 de noviembre, que motivó una carta de protesta de Covarrubias, que fue publicada días después. Entonces y ahora, carece de razón. En lugar de defender su dato en aquella ocasión, explicó que había sido resultado del contexto en el momento del levantamiento de su estudio. Dijo: la imagen del ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel estaba “afeada”, y el PAN seguía pagando los costos de su elección interna. A todos los presentes se les levantaron las cejas. ¿En lugar de mostrar que el dato obedecía a los propios esfuerzos de López Obrador era resultado de la caída del PRI? ¿Entonces no había subido López Obrador sino caído el PRI? ¿Le ayudó la falta de curación en el PAN? O sea, ¿la elevación de preferencia hacia López Obrador no tenía que ver con él sino con sus adversarios?

La misma interrogante apareció en su campaña, donde el propio candidato se mostró contrariado, de acuerdo con personas cercanas a ella, por la forma como Covarrubias no había defendido el dato que lo ponía como un puntero muy lejano. El vocero de López Obrador, César Yánez la llamó para que explicara su actuación y ella, como en la carta que envió a EL UNIVERSAL, lo negó. Pero le tenían una sorpresa: la trascripción de la mesa. Ahí estaba la nula defensa de su dato y sus palabras sobre Montiel y el PAN. Covarrubias no hizo un recorte de pérdidas, como procedía, sino que denunció ante el Comité de Ética de la Amai a Campos y a Francisco Abundis, de Parametría, a quienes acusó a hacer presión para que esta última empresa relevara a la suya en las encuestas de López Obrador. En paralelo, Arreola no dejó de denostar en cuanto foro podía el trabajo de Campos y de tratar de desacreditar a toda encuesta que no diera los enormes márgenes de ventaja a López Obrador que había arrojado el estudio que pagó a Covarrubias. Toda esta situación tensó aún más la ríspida relación profesional que están viviendo los encuestadores en esta época electoral derivado de un debate intenso y continuado sobre metodologías, y la preocupación sobre discrepancias en los datos previos al 2 de julio que pudieran afectar al gremio en su conjunto.

La embestida de Covarrubias, cobijada por el tiroteo de Arreola, alcanzó un nuevo estadio la tarde del 10 de enero, cuando el coordinador del Comité de Ética de la Amai, Eduardo Ragasol, citó a todas las partes a comparecer. Covarrubias insistió en su acusación, mintiendo inclusive al asegurar que Campos había sido la fuente de la información publicada en este espacio. Mintió también al quejarse de que se había entregado la trascripción de la mesa sin haber sido liberada por la Amai, omitiendo el hecho de que la mesa había sido pública y habían asistido varios periodistas, como Alberto Aguirre, quien al no dar crédito a lo que escuchaba de la boca de Covarrubias, fue quien originalmente solicitó la trascripción. Campos, el más agraviado por Covarrubias y Arreola desmanteló los planteamientos de Covarrubias y reviró pidiendo al Comité revisar si no era ella, que acusó sin pruebas e interpretó maniqueamente los hechos, la que merecía ser castigada.

Arreola siguió disparando contra Campos en su búsqueda por desacreditarlo, sin mayor éxito. Campos es un pionero en las encuestas en México mientras Arreola no sabe nada de encuestas. Lo que sí consiguió fue tensar aún más el conflicto en la Amai donde los directivos de la asociación que en alguna ocasión presidió parecieran estar llegando a la conclusión que, en efecto, ella es quien está mal. Hace una semana y media le pidieron a Campos que ya dejara pasar el incidente, sugiriendo el perdón para Covarrubias. La respuesta, de acuerdo con personas que conocen los detalles de todo el proceso, fue que de ninguna manera, que él sólo estaría satisfecho con una disculpa escrita de la Amai. ¿Y si no? Lo más probable es que Consulta Mitofsky, la empresa más famosa en México, se retire de la Amai, lo que obligaría a Parametría, seguramente, a seguir sus pasos por haber sido sujeta de la misma difamación.

La Amai quedaría en una situación muy delicada. Se irían encuestadores de prestigio por la defensa de una especialista que, empiezan a decir en el mercado, está empezando a mostrar la fatiga del tiempo, y que formó parte de una estrategia unilateral de Arreola para golpear al gremio en general. Peor aún, con Arreola en el umbral de la calle de la campaña de López Obrador, con Covarrubias cuestionada internamente en el equipo del candidato y expuesta públicamente como una mentirosa, ¿está dispuesta la Amai a pagar todos los costos por cuidar a su ex presidenta? El precio parece demasiado alto, sobretodo, en el contexto, esto sí, de esta elección presidencial.

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