OPINION

Zeferino y el PRD

Héctor Manuel Popoca Boone

Para que Guerrero sea mejor, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (ZTG) y el PRD deben llevarse bien. Ambas partes tienen que poner su granito de arena. Tanto el partido político con el mayor peso específico en la coalición triunfadora, como el candidato triunfador, dependen mutuamente en sus nuevas responsabilidades ante la sociedad guerrerense. Y no dan un buen espectáculo al mostrar que viven y conviven agarrados de la greña.

ZTG no hubiera llegado a ser gobernador sin el PRD. Tampoco el PRD hubiera llegado, como partido político, a ganar las elecciones a la gubernatura sin ZTG. Así de fácil. El ver su relación como una simple alianza coyuntural utilitaria no refleja ni la expectativa ni la generosidad del pueblo depositada en ambos. El deber y la responsabilidad adquiridos con los electores van mucho más allá de lo que ellos mismos se imaginan.

Más transcendental que las querellas suscitadas por cargos y puestos gubernamentales, cuyos nombramientos son derecho, facultad y responsabilidad del gobernador, sus relaciones deben de fincarse en otro tipo de cuestiones realmente substanciales. Por lo demás, es bueno constatar que, poco a poco, ZTG cumple y honra su palabra y compromiso de hombre y político al ir integrando a su equipo de trabajo a personas capaces del PRD.

La alternancia habida en el poder, en un contexto de mayor democracia, hace que las antiguas relaciones que se venían dando entre el gobernador en turno y el partido que lo postuló también cambien. En la era del PRI, el gobernador y la carreta gubernamental iban por delante del partido. Éste se limitaba a ser oficina electoral del Ejecutivo estatal y asumía el papel de porra y alcahuete del estilo y del contenido de gobernar del gobernador, que era el que realmente imponía directriz y cauce gubernamental y partidario, amén de convertirse, por su investidura, en el jefe real del partido.

De lo que se trata ahora es de que el partido político vaya por delante de la carreta gubernamental, orientándola, guiándola, conduciéndola ideológicamente, monitoreándola e indicándole desviaciones y fallas. Ello a partir, como bien ha dicho Cuauhtémoc Sandoval, de la plataforma electoral del PRD suscrita y presentada como oferta al pueblo por el mismo ZTG.

Esto le queda claro al gobernador ZTG, cuando le expresa a los dirigentes del PRD, que lo más importante es que se constate, permanentemente, si gobierna de acuerdo con los principios, postulados y programa de acción del PRD. Por eso importa mucho que el contenido del nuevo plan estatal de desarrollo tenga como elementos nutricios la visión del gobernante y su equipo, la consulta popular y la plataforma electoral ofertada en las elecciones, en el marco constitucional del estado.

Por todo lo anterior, el PRD está obligado a cambiar. Sus nuevas responsabilidades adquiridas de gobierno le imponen ser un partido más de propuestas que de protestas. Debe pasar también de ser un partido meramente electorero y de componendas en lo obscurito, a una institución generadora de acuerdos, pactos, proyectos y programas sociales. Eso no quiere decir de ninguna manera que dejen de enarbolar las causas y demandas justas no atendidas de la población. Empero, tienen sus dirigentes que alejarse de avalar y realizar procedimientos de gestión de la demanda popular incorrectos, que mucho irritan y causan perjuicio a la ciudadanía, como lo son los bloqueos a las vías de comunicación urbanas y no urbanas, así como a oficinas gubernamentales de atención pública.

Por otra parte, es signo saludable ver que el gobernador esté teniendo ya reuniones de trabajo y coordinación con los dirigentes del principal partido que lo llevó al poder. En un principio, fue destacable el desdén, menosprecio y poca cortesía de ZTG para con algunos de ellos, como bien lo ha reseñado Juan Angulo Osorio; truhanes y lucradores sociales aparte. Fue notorio el caso de Martín Mora y otros perredistas que se la partieron por él y con él en la campaña electoral y luego se les dio un portazo en la cara.

Notables han sido también las respuestas contestatarias del gobernador ZTG, ante la menor crítica u observación que se le hace. No pierde oportunidad en contra-reprochar a los que le reprochan algo. El ser gobernante y hombre público lo seguirá exponiendo permanentemente a la lupa fiscalizadora de muchos. A veces, en forma injusta e infundada. Ni modo, hay que aguantar vara y tratar de modular el discurso gubernamental con buena dosis de serenidad y prudencia para no caer en desatinos o en opiniones erradas.

Por experiencia personal, proporciones guardadas, sé que no es fácil guardar sencillez y cierta humildad ante tamaña responsabilidad asumida. Lo ideal es la consigna de mandar obedeciendo. Sin embargo, firmeza y energía se requieren para no ser avasallado o nulificado como gobernante, ante el cúmulo de problemas y rezagos históricos; así como de actores rijosos por antonomasia, algunos torvamente interesados y con sangre ligera que pululan en estas tierras del sur. En mi tiempo de Secretario de Desarrollo Rural, entendí y comprendí a José Stalin, más nunca lo justifique. Por eso a mis colaboradores les pedía reiteradamente que me hicieran ver mis rasgos autoritarios para no perder piso y quedarme solo.

PD1. Gobernar Acapulco, que es el municipio más importante de Guerrero en lo político, económico y social, no es cualquier enchilada. Entre un buen administrador con poca lucha social y un buen luchador social con escasa o nula capacidad administrativa, prefiero a Walton.

PD2. Para salir de esta situación casi demencial a que nos tienen sujetos los políticos, propongo que a la política mercader y utilitaria, enfrentémosle la política sapiencial... de concepciones. Pero no me hagan caso, en verdad les digo que estoy loco.

PD3. Tanto la política, como la religión, la literatura y el amor, nos permiten entrar en contacto estrecho con aquello que nunca acabaremos de entender bien a bien.

PD4. Lo máximo para un político torvo es que la ciudadanía se muestre pasiva, anímica y culturalmente, ante la circunstancia política que la rodea.

PLAZA PÚBLICA

El 38 y el 206

Miguel Ángel Granados Chapa

Casi un mes después de anunciarlo, el Presidente Fox envió al Congreso dos iniciativas de reforma, cuya necesidad quedó de manifiesto en torno al fallido intento de inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador. Se trata de enmendar la aberración que implica suspender los derechos políticos a ciudadanos sujetos a proceso, y por ende no sentenciados todavía. Y de establecer la pena exactamente aplicable al abuso de autoridad en que incurren quienes desobedecen un mandamiento judicial, que fue la conducta imputada al jefe de Gobierno.

Él mismo advirtió al comenzar este año, el 3 de enero la incongruencia entre el sistema jurídico general, resumido en el artículo 14 constitucional, que hace depender de un juicio concluido la privación de derechos, y la estipulación de la fracción II del artículo 38 de la Constitución, que los suspende precisamente al iniciarse el proceso, cuando está plenamente abierta la posibilidad de que se absuelva al inculpado. En la iniciativa de reforma salida de la oficina presidencial el 9 de mayo, y hecha llegar apenas anteayer a la Comisión Permanente por la Secretaría de Gobernación, se insiste en el principio de presunción de inocencia, cuyo primer enunciado mexicano consta en la Constitución de Apatzingán: “Todo ciudadano se reputa inocente mientras no se le declare culpable”. El Presidente ya había incluido la propuesta de hacer expreso ese principio, no con la especificidad con que lo hace ahora, sino como eje de la legalidad, en las iniciativas sobre seguridad y justicia penal que envió al Senado en marzo del año pasado, y cuya demora suscitó el atrabancado reproche presidencial del martes pasado al Congreso.

Tal como lo anunció el 27 de abril, Fox envió también un proyecto para reformar el artículo 206 de la ley de amparo y remediar el defecto que resulta de que no se estipule allí la pena a la desobediencia a una orden judicial, sino que se remita al artículo 215 del Código Penal. Hasta 1984 no había problema en aplicar la sanción, pues lisa y llanamente se hacía la equiparación al abuso de autoridad tipificado en ese 215. Pero en aquel año entró en vigor una reforma que fraccionó ese artículo en dos porciones, y les asignó sendas sanciones. Por lo tanto, la remisión del 206 de la ley de amparo al 215 carece de sentido o se complicó, lo que ha llevado al ministerio público federal, en más de una oportunidad y antes de que esa interpretación se politizara por el caso de López Obrador, a considerar que la desobediencia a una orden judicial no tiene pena expresa y por lo tanto debe determinarse el no ejercicio de la acción penal. Ese fue el argumento utilizado por la Procuraduría General de la República para desmontar la acusación contra López Obrador.

Resuelto ese caso (o en vías de resolverse, formalmente, todavía), quedó sin embargo vigente el problema general, el de que desobediencias verdaderas y graves quedaran impunes, por esa falta de pena exactamente aplicable. Colmar esa laguna es el propósito de la enmienda y adición propuestas por el Presidente. Cuando sea aprobada, ya no será necesario acudir al Código Penal sino que en la propia ley de amparo constarán las sanciones, que son las más leves de las dos previstas en el 215: prisión de uno a ocho años, destitución e inhabilitación por el mismo lapso y multa de 50 a 300 días de salario. La otra pena es más grave: la prisión e inhabilitación puede ser de dos a nueve años, y la multa de 70 a 400 días de salario. Siendo muy dañina a la sociedad la desobediencia a los mandamientos judiciales, por ejemplo en el orden penal, cuando queda en riesgo la libertad, debió escogerse la de mayor peso, algo que los legisladores podrán hacer cuando se ocupen de esa iniciativa.

Se ha dicho que el asunto está resuelto por jurisprudencia de la Suprema Corte, lo que haría innecesaria la reforma legal, pues hay un criterio sólido para encarar la falta de exactitud prevaleciente. De hecho, un tribunal acaba de negar amparo a un funcionario del gobierno capitalino sobre la base de esa jurisprudencia, resultante del modo en que la Corte resolvió una contradicción de tesis, en 1997. En realidad, el máximo tribunal no resolvió nada entonces, pues declaró que la desobediencia a una orden judicial es equiparable al delito de autoridad. El problema no consistía en establecer la equiparación, pues en ese punto la ley es muy clara, sino en determinar cuál de las dos sanciones previstas era la aplicable, extremo en que la resolución de la Corte fue omisa.

Aun si ese tribunal hubiera no interpretado sino construido una norma, fijando una sanción, su criterio es obligatorio sólo para los órganos de la justicia federal. Por lo tanto, no puede válidamente argüirse, como lo hizo hace una semana la Barra Mexicana, Colegio de abogados, que es ilegal la postura de la PGR, consonante con la decisión presidencial, de invocar la falta de pena exactamente aplicable al caso. La resolución de la Corte no es obligatoria para el ministerio público. De hecho, después de 1997 en que se resolvió la contradicción de tesis, y antes del caso de López Obrador, la PGR determinó en más de un caso no ejercer acción penal por la causa invocada en el expediente del jefe de gobierno.

Tensó tanto a la sociedad el intento de inhabilitarlo (que prosperó al punto de que en este momento vive la peculiar situación de carecer de fuero no obstante ejercer un cargo que lo implica), que es sano que la fallida pretensión produzca dos buenos frutos, estas reformas.

Camino sin retorno

Carlos Rojas

Ya nadie sabe si los constantes errores y dislates cometidos por el Presidente Fox son producto de la casualidad, la falta de rigor en el trabajo o de una estrategia deliberada para generar mayor confusión. Lo cierto es que las contradicciones y los deslices oficiales se han convertido en el estilo de gobernar cuyo único efecto real es distraer a la gente y ocultar la ineficacia de la administración del cambio. La sucesión continua de disparates e impertinencias han propiciado el enrarecimiento del medio político, la ineficiencia de las instituciones y la irritación de la sociedad.

Así, por ejemplo, según lo dicho por el propio Vicente Fox la seguridad ha sido el talón de Aquiles de su administración y como no puede con el problema ha optado por buscar en el Congreso a un chivo expiatorio. La inseguridad y la violencia están desbordadas en diversas regiones del país, en especial en el norte, donde el tema ha sido abandonado por completo y el gobierno es incapaz de lograr acuerdos con las autoridades locales o de utilizar todos los instrumentos a su alcance para que la gente pueda vivir con tranquilidad.

Sin embargo, el Presidente Fox en sus discursos sólo atina a acusar, sin ton ni son, a quienes ve no como sus opositores sino como sus peores enemigos. Esas palabras podrían pasar, como tantas otras, por chabacanerías si no fuera porque tienen graves implicaciones políticas y sociales.

En principio, la negación de la realidad en nada ayuda al titular del Ejecutivo Federal y menos a las instituciones y a la ciudadanía. La errática estrategia política presidencial lo único que genera es mayor desconfianza y, en el mejor de los casos, siembra la idea de que no sabe hacia donde va, ni qué quiere. Al final de cuentas deja un mal sabor de boca.

El desbordamiento de los conflictos y el desaseo con el que se han manejado muchos de ellos dan la impresión de que hay detrás de cada uno, incluso de las palabras muchas veces imprudentes, algo más, quizá algo inconfesable. Algún mal arreglo que oculta las verdaderas intenciones del régimen. Por ello, hasta la fecha, sigue la incógnita de cuál fue el objetivo o la ventaja que perseguía el régimen foxista con el desafuero del jefe de gobierno capitalino.

La visión más simplista apuntaría a que el Presidente, después de haberse desgastado él mismo y a sus colaboradores y dañar a las instituciones, reculó porque se asustó con una movilización popular o porque recuperó de pronto la vocación democrática.

Ya son innumerables las ocasiones que Vicente Fox dice y se desdice o que al mismo tiempo destruye lo que trata de construir. Su relación con el Congreso, los partidos políticos y muchos actores, incluso de su propio partido, parecen irreconciliables. Y esto no se debe a la falta de voluntad de unos y otros o al hecho de que los intereses particulares estén por encima de los del país, sino a que la falta de coherencia, rigor, en el mejor sentido de la palabra, y seriedad impiden que se llegue a acuerdos, porque en el régimen no hay interlocutores confiables.

En este sentido, es inverosímil que una vez que decide lanzarse en contra de la oposición mayoritaria, minutos después dé marcha atrás y llame a la tolerancia y el diálogo, como si no se percatara de lo apenas dicho. En ocasiones pareciera que en el gobierno no pueden coincidir y mantener una línea congruente, porque quien comienza por poner el desorden es quien lo encabeza.

Es probable que se trate de una estrategia deliberada para confundir más aun a una opinión pública que se esfuerza por encontrar una lógica en el discurso presidencial o de una simple táctica para desviar la atención y evadir la responsabilidad. Pero los problemas siguen ahí, cada día van en aumento y así la situación terminará por ser inmanejable.

La descalificación de todos y todo resulta inadmisible en cualquier circunstancia. Generar nuevas confrontaciones sin resolver los problemas perjudica en primerísima instancia a una sociedad ávida de certidumbre y de un gobierno que dé resultados; y luego afecta de manera grave y ojalá que no irremediable a las instituciones, las cuales hoy padecen un deterioro sin precedente. Lamentablemente, la ruta del conflicto y la demagogia que está siguiendo el Presidente Fox puede convertirse no sólo para él sino para todos en un camino sin retorno.

crojas.spri@senado.gob.mx