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La
sociedad civil debería movilizarse para
apoyar a La Parota, dice Salazar Adame Se
corre el riesgo de que un grupo “francamente
minoritario pueda oponerse”, advierte el
secretario de la Reforma Agraria ante la
Comunidad Politécnica. Es un proyecto “verdaderamente
crucial”, insiste
Magdalena
Cisneros El
secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, volvió a salir
en defensa del proyecto de presa La Parota
y esta vez llamó a la sociedad civil a
movilizarse para apoyarlo formando “una
alianza” para exigir que se construya la
hidroeléctrica, porque es “verdaderamente
crucial”. El
funcionario federal y ex coordinador del
Plan Puebla Panamá –del que forma parte
el proyecto de presa según los opositores
a ésta– reiteró que si no se construye
se enviará “un pésimo mensaje” a los
inversionistas. Consideró
que tan sólo por la magnitud de la
inversión de La Parota, los proyectos que
se pueden realizar, el número de empleos
que va a generar y el abastecimiento de
agua que permitirá, “debería ameritar
que hubiera una gran movilización de la
sociedad civil para apoyar este proyecto”. El
secretario fue entrevistado ayer después
de desayunar con la Comunidad Politécnica
de Acapulco, donde estuvieron además el
residente de Asuntos Sociales de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Víctor Hugo Chávez Chávez; el
secretario de Desarrollo Rural, Armando
Ríos Piter; el coordinador de Enlace del
Ejecutivo con el Poder Legislativo, David
Sotelo Rosas; el rector de la Universidad
Americana de Acapulco, Israel Soberanis
Nogueda; y el ex presidente de la Canaco,
Alejandro Martínez Sydney. Salazar
Adame aseguró que sí hay un tiempo
definitivo para construir la
hidroeléctrica, porque los recursos para
la inversión provienen de créditos
internacionales que si no se aprovechan
con responsabilidad pueden usarse en otras
partes del mundo. Es
importante que este año se cierren las
negociaciones para que “la obra se pueda
iniciar antes de que termine el gobierno
de (Vicente) Fox” porque, dijo, el
gobierno de Nayarit está pidiendo el
proyecto, aunque después corrigió y
subrayó que el proyecto está pensado
para Guerrero. En
su intervención en el desayuno de la
Comunidad Politécnica, –convocado por
el presidente, Gonzalo Trinidad Garrido, y
el secretario ejecutivo, Andrés Lara
García– Salazar Adame dijo que le
llamaba la atención que un proyecto “de
esta magnitud” no tuviera “el respaldo
decidido” de la sociedad civil y que se
corriera el riesgo de que un grupo “francamente
minoritario pueda oponerse a una
inversión”. Comenzó
a enumerar diversos aspectos en los que se
ubica a Guerrero, de acuerdo con el INEGI
y el Banco Mundial, en los últimos
lugares de desarrollo. Destacó
que Guerrero es un estado con pobreza
extrema, de alta y muy alta marginación,
“emigración exorbitante”, altos
niveles de analfabetismo, baja cobertura
en servicios y productividad, deterioro
del medio ambiente y crecimiento de
actividades delictivas. Además
–siguió diciendo– ocupa el segundo
lugar en alta marginación y sólo el 3. 5
por ciento de su presupuesto está
constituido por recursos propios pues el
96.5 restante proviene del gobierno
federal. “Somos
un estado improductivo que no tiene un
importante desarrollo laboral, que no hay
inversión, que no provoca por sí mismo
crecimiento económico y que está
dependiendo fundamentalmente del pacto
federal”, resaltó el funcionario y ex
alcalde de Chilpancingo. Por
eso defendió el proyecto de La Parota,
porque –argumentó– la inversión de
250 millones de dólares en 10 años
generará una derrama económica
importante en un estado donde el
crecimiento del empleo es modesto, “por
no decir insignificante o nulo”, y
estimulará a su vez más inversiones. El
problema del agua es un asunto hasta de
sobrevivencia Sobre
las desventajas de la presa, Salazar Adame
dijo que es obvio que todas las obras
provoquen efectos que no son positivos,
“pero aquí debemos estimar nosotros el
costo-beneficio: qué nos va a dejar de
aprovechamiento un proyecto de esta
naturaleza y cuál va a ser el costo que
vamos a pagar”. Aseguró
que el impacto ambiental “es realmente
menor, por supuesto que se va a afectar.
¿No se afecta al medio ambiente cuando se
construye una carretera, cuando se hace un
nuevo centro de población, un nuevo
fraccionamiento?”, preguntó. Aclaró
que lo importante es que no se provoque
“un desequilibrio tal que ponga en
riesgo la vida humana, y ni siquiera por
supuesto el de la propia naturaleza, la
flora y la fauna. Pero aquí estamos
hablando que por un lado los impactos han
demostrado que no hay un efecto negativo
que pudiera realmente impedir esta obra”. Añadió
que si no es suficiente la magnitud de la
inversión para convencerse de la
importancia de la presa, se debe pensar
que se convertirá en la fuente de
abastecimiento de agua que Acapulco
necesita. Si
un centro turístico como éste no tiene
la certidumbre de abastecimiento del
líquido en el futuro “va a estar
condenado al fracaso” porque las tarifas
serán caras, “y no creo exagerar en el
tema, es un asunto hasta de sobrevivencia”. El
funcionario federal reiteró que si esta
obra no se realiza se está enviando “un
pésimo mensaje” a quienes quieran
invertir en el estado, porque “si no
somos capaces de atraer una inversión
federal, por supuesto que menos lo seremos
de atraer inversiones privadas”. Opinó
que se debe impulsar la obra desde la
sociedad civil, y pidió que la Comunidad
Politécnica advierta la importancia del
proyecto y convoque a otras organizaciones
no gubernamentales y ciudadanas, “y que
se sumen en una alianza para integrarse
con las autoridades o para pedirles o
exigirles que se haga una gran acción
conjunta que saque adelante este proyecto
y que se vayan disolviendo la desconfianza
que puedan tener los campesinos. “Que
los ciudadanos hablen con los campesinos y
que en un diálogo transversal puedan
resolverse todas las dudas, todas las
resistencias”, propuso. Se
comprometió con los campesinos a que
hará el esfuerzo para que la CFE pague
las tierras antes de que comiencen las
obras, “para que no haya el argumento de
que van a ser despojados” y para que se
cumpla con el programa de reordenamiento. Pidió
al secretario estatal de Desarrollo Rural,
Armando Ríos Piter –quien ocupó la
Subsecretaría de Asuntos Políticos a
invitación de Salazar Adame, cuando éste
era el titular de la Secretaría General
de Gobierno en el inicio de la gestión de
René Juárez–, que si se aprueba el
proyecto se oriente y capacite a los
campesinos para proyectos viables, porque
“luego algunos tienen dinero y se lo
gastan. Que haya contribución de parte
del gobierno para que después no vayamos
a tener menesterosos que no supieron
aprovechar el recurso del pago
expropiatorio”. Al
final del desayuno, en declaraciones a
reporteros, Salazar Adame aseguró que no
se hará ninguna expropiación “si
previamente no se paga la tierra a los
campesinos y se realizan los proyectos de
reubicación”. Consideró
por último que deben existir “mayores
esfuerzos de negociación, para que
quienes hoy se oponen adviertan los
beneficios que (la presa) va a traer para
Guerrero”.
Propone
Serna que se gestione un crédito de 16
millones para equipar el rastro La
aportación que harían productores no se
concretó, explica el coordinador de
Servicios Públicos
Daniel
Velázquez Olea La
Coordinación de Servicios Públicos
Municipales pidió al Cabildo y al
Congreso del Estado que aprueben un
préstamo de 16 millones de pesos para el
Ayuntamiento, con el cual equiparán el
rastro municipal. La
petición deriva de que no se pudo
concretar la participación económica que
verbalmente se acordó con los
introductores de carne en reuniones
anteriores. “Luego
de tanta reunión nunca nos pusimos de
acuerdo sobre cuánto aportarían ellos
(los introductores de cárnicos). Nos
ganó el tiempo”, dijo el coordinador de
Servicios Públicos Municipales, Fernando
Serna Gómez. En
declaraciones a El Sur, aclaró que los 16
millones que pedirán de préstamo –sin
especificar a qué institución crediticia–
los recuperaría la siguiente
administración “inmediatamente”,
debido a que hay 12 inversionistas
interesados en concesiones del rastro. Serna
Gómez precisó que la actual
administración no pudo concretar la
participación de estos inversionistas
porque la ley impide que el Ayuntamiento
entregue concesiones si faltan seis meses
para concluir el mandato. El
rastro municipal se construye desde 2003
en terrenos cercanos a la comunidad de El
Salto, cerca de la Escuela Campesina y del
vivero municipal. El
funcionario indicó que “ahorita” se
trabaja para dejar concluida la obra, a la
que sólo le faltan las instalaciones
sanitarias y la luz. Fernando
Serna explicó que el endeudamiento de 16
millones se gastarán en equipar el rastro
con la maquinaria que se necesita para el
sacrificio adecuado de aves, reses y
cerdos. De
esta iniciativa, que ya se analiza en
Cabildo por la Comisión de Hacienda,
Serna Gómez aseguró que no tiene “inconvenientes”
pues ya se explicó a los regidores las
condiciones insalubres en que se
sacrifican actualmente los animales para
el consumo humano, “ni se antoja comer
esa carne”. En
cuanto al Congreso del Estado, señaló
que también se planteará a los diputados
locales la necesidad de concluir el rastro
y “se les explicará que (la deuda) es
recuperable al 100 por ciento e
inmediatamente, no será una deuda a largo
plazo sino que se recuperará en el
momento en que se concesione el rastro”.
Entregan
a pescadores equipos de radio para
comunicarse Contribuirán
a impedir naufragios, dice López Rosas
Daniel
Velázquez Olea El
alcalde Alberto López Rosas entregó a
cooperativas pesqueras, mujeres y grupos
vulnerables, equipos con un valor de casi
700 mil pesos para impulsar proyectos
productivos. Destacó
la entrega de 19 equipos de
radiocomunicación a igual número de
cooperativas pesqueras para “evitar que
sigan naufragando”, dijo, “porque esto
afecta el ánimo familiar”. López
Rosas dijo que la entrega de estos equipos
es parte de la política social que se
comprometió a impulsar desde que era
candidato, y en ello, aseguró, los
intereses políticos son secundarios. La
mañana de este martes el alcalde visitó
el criadero de huachinago que se ubica
cerca del Parque de La Reina, después
acudió a la playa Manzanillo, donde puso
en operación un servicio de radio civil
para que los pescadores estén comunicados
cuando salgan a pescar y más tarde
entregó maquinas de coser y mobiliarios
para estéticas a grupos de mujeres. En
la playa Manzanillo, el alcalde dijo a
pescadores que la entrega del equipo de
comunicación es para “evitar que sigan
naufragando” porque esto afecta el
ánimo familiar. López
Rosas entregó 19 equipos de
radiocomunicación a igual número de
cooperativas; estos radios tienen
capacidad de recepción de 30 millas
náuticas, aproximadamente 80 kilómetros
de distancia. A
los integrantes de la Federación de
Auténticos Pescadores del Estado de
Guerrero también les entregó dos motores
fuera de borda marca Yamaha y una
congeladora para guardar el producto de la
pesca. El
presidente de la Federación, Fulgencio
Téllez Valdez, agradeció la entrega del
equipo y denunció que las crías de
huachinango son robadas en las noches. Más
tarde, en las instalaciones de la ex zona
militar, López Rosas entregó maquinas de
coser para equipar 13 talleres de costura
y mobiliario para 11 salones de belleza. Algunas
de las poblaciones beneficiadas con estos
equipos son El Campanario, Tres Palos, Pie
de la Cuesta, Praderas de Costa Azul,
Francisco Villa, Hermenegildo Galeana y la
colonia Progreso, que en total benefician
a 168 personas. Ante
los beneficiados, dijo que los apoyos no
deben de verse como una labor altruista,
sino como la posibilidad de unir esfuerzos
entre grupos productivos y el gobierno
para desarrollar cadenas productivas que
impacten en el desarrollo comunitario. “No
quieren ustedes que se les de, quieren que
se les apoye, que es muy distinto” y
explicó que el gobierno debe aplicar una
política de carácter social que motive a
la superación en todos los niveles y
clases sociales y ese es “el compromiso”
que él adquirió al asumir la presidencia
municipal. El
alcalde señaló que la entrega de equipos
no es un acercamiento político sino que
se basa en principios de productividad “lo
político es secundario”.
Acusan
que Geo Guerrero invadió una área común
del condominio Los Arcos Los
vecinos se oponían a que enviados de
Profepa entraran al lugar para
inspeccionar los daños causados por la
planta tratadora de la empresa, pero al
final hicieron un recorrido
Karina
Contreras Vecinos
del conjunto habitacional Los Arcos –ubicado
en Granjas del Marqués 17– denunciaron
que la constructora Geo Guerrero tomó de
manera indebida 387 metros cuadrados del
terreno destinado para uso común para
ampliar su planta tratadora, sin que fuera
aprobado por los condóminos. Los
vecinos señalaron que para quedarse con
el predio la empresa comenzó una demanda
penal por despojo en la Quinta Agencia del
Ministerio Público especializada en ese
delito, la cual está bajo la
averiguación previa Tab/V/0155/2004. De
ello ya fueron citados los representantes
de la mesa directiva que encabeza Javier
Trujillo. Los
vecinos exigen la indemnización por los
daños provocados, además de la
reparación de la calle principal, pues su
concreto original fue despedazado para
introducir tubos de la planta tratadora. Ayer,
los condóminos se oponían a que
empleados de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa),
encabezados por el encargado de la
Subdelegación Jurídica, Juan Carlos
Saldaña Rodríguez, entraran al lugar,
pues aseguraban que iban a inspeccionar la
zona para que la empresa siguiera con la
ampliación de la tratadora, la cual se
ubica a escasos metros de la Laguna Negra
y allí vierte sus residuos. La
renuencia a dejar pasar a los trabajadores
de Profepa era porque iban acompañados de
los representantes legales de la empresa,
encabezados por Gerardo González Miranda.
Saldaña
Rodríguez indicó que la presencia de los
abogados de Geo se debía a que eran los
demandados. El
funcionario explicó a los vecinos que
acudió allí porque había una queja por
la deforestación que causaba la
constructora Geo y se determinó que no
cumplió con el Manifiesto de Impacto
Ambiental y tiene la obligación de
aplicar un programa de restauración de la
zona, es decir mitigar los daños. Aclaró
que en esa inspección no tenía como
objetivo que se ampliara la tratadora,
sino que se verificara el cumplimiento de
la determinación de la Profepa. “Aquí
no hay corrupción y tampoco nos vamos a
prestar a ello, nosotros estamos para
defender el medio ambiente y el problema
que tienen ustedes es meramente civil”. Luego
de estos argumentos, los empelados de
Profepa y los abogados de Geo,
acompañados por algunos vecinos,
recorrieron el terreno de la planta, la
cual despedía malos olores. Allí
los quejosos informaron que la tratadora
no está al cien por ciento de su
funcionamiento y los más afectados son
los que habitan a escasos cinco metros,
así como los niños que acuden a jugar a
la cancha. La
vecina Ester Uribe Martínez se quejó de
que el agua que extraen del pozo artesanal
y abastece al fraccionamiento ha provocado
una epidemia de dermatitis en la piel, por
lo que exigió una solución. “Además
de que el agua tiene olor a podrido”. Otra
vecina aseguró que el agua ya no era del
color natural, “era puro lodo y como
consecuencia un foco de infección”. El
representante de Geo aseguró que
analizarían la situación y pedirán que
revisen los tanques elevados para ver si
éstos provocan los daños. Asimismo,
los vecinos dijeron que la empresa podría
reforestar en lo que originalmente es su
terreno, pero que no tocara ni un metro de
lo que pertenece a los condóminos. Uno
de los abogados dijo que el mantenimiento
de la planta les genera muchos gastos, por
lo que necesitan ampliara porque así
CAPAMA se hará cargo de ella. Por
su parte, el asesor legal de los
condóminos, Jorge Macif Salgado, informó
que la empresa se apropió de 387 metros
de un predio para área común, sin el
consentimiento de los vecinos, y con base
–según ellos– a un acuerdo firmado
entre la antigua mesa directiva, que
encabezaba Oscar Lorenzana Caballa, quien
cedió el terreno. Macif
Salgado adelantó que pedirán la nulidad
del convenio por la vía civil “por
carecer de legalidad, por ser apócrifo”,
pues nunca se llevó a cabo una asamblea
con el 75 por ciento de sus integrantes. De
acuerdo con el acta, la asamblea se hizo
el 23 de junio de 2002 y estuvieron
presentes ambientalistas y representantes
de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Acapulco
(CAPAMA). Pero
el abogado señaló que no es verdad, “pues
la asamblea de ese mes fue el 18 de junio
y el objetivo fue municipalizar el
alumbrado público, pero nunca para la
donación de área común. Ellos
interpusieron una denuncia por despojo,
están falseando ante la autoridad”.
Acusó
que la empresa pretende conectar otras
unidades habitacionales a esa planta, que
apenas tiene la capacidad para atender a
las 453 casas. Agregó
que está es otra de las irregularidades
de Geo, pues la licencia de construcción
decía que era para 408 casas. Macif
Salgado insistió que Geo invadió 387
metros cuadrados que pertenecen a los
condóminos, lo cual está especificado
ante las autoridades correspondientes, y
que las únicas áreas de donación fueron
la letrina y la planta tratadora. Agregó:
“Vamos a demandar penalmente porque los
integrantes de la mesa directiva han sido
amenazados y hostigados por el abogado
Gerardo González Miranda. Además vamos
exigir la reparación de daños y
perjuicios que han causado”.
Ante
el alcalde, expone una de las jóvenes la
denuncia por acoso contra Galván Girón Pide
López Rosas a la empleada municipal
despedida que presente pruebas contra su
colaborador
Daniel
Velázquez Olea Una
de las tres ex empleadas que denunció al
director de Conservación y Mantenimiento,
Emilio Galván Girón, por acoso sexual,
se acercó ayer al alcalde Alberto López
Rosas para exponerle el problema e
informarle que por ello fue despedida de
la Subdirección de Areas Verdes. En
respuesta, el alcalde le pidió que le
presentara la queja por escrito, además
de las pruebas, para que se inicie una
investigación y se determinen las
responsabilidades en este caso. En
declaraciones a El Sur, López Rosas
explicó que no podía partir de dichos y
por ello necesitaba las pruebas de la
acusación que las jóvenes hicieron
contra Emilio Galván. “No
basta un dicho, tiene que haber una
comprobación porque si no estamos siendo
injustos con el que fue acusado y sin
probarlo”, indicó. La
joven interceptó al alcalde ayer por la
mañana, después de la entrega de
máquinas de coser y mobiliario a mujeres
y grupos vulnerables en las instalaciones
de la ex Zona Militar. Allí
la agraviada le habló del problema, pero
no se concretó ninguna cita porque el
alcalde le dijo que lo planteara por
escrito. Consultado
en Presidencia, López Rosas reconoció
que es “lamentable” una queja de acoso
sexual, pero aclaró que no puede aplicar
sanciones con base a escándalos e
insistió que se debe probar. “No creo
que debamos actuar con tanta ligereza”. Las
jóvenes que acusan al director de
Conservación y Mantenimiento, y que han
pedido conservar el anonimato, ya
presentaron la queja ante la Coordinación
Regional de Defensa de los Derechos
Humanos. Después
de la queja presentada, Emilio Galván
intentó hacer un pacto con las jóvenes
que lo acusaban, pero como dos de ellas se
negaron a firmar el acuerdo fueron
despedidas. Sobre
el despido, el alcalde dijo que si se
actuó de manera injusta lo deben probar
ante los instancias correspondientes, “yo
no puedo indemnizar porque vayan a los
medios, yo no puedo corregir porque haya
un escándalo, yo tengo que seguir un
procedimiento legal para actuar”.
Dan
al administador de la Central de Abasto 48
horas para
dejar el cargo Condóminos
notifican de la resolución al encargado
Miguel Sánchez. En asamblea del 16 de
julio nombraron a Leonardo Francisco
Baños Rodríguez nuevo administrador
Luluani
Vega Luego
de llevarse a cabo tres asambleas
generales de condóminos de la Central de
Abasto, ayer informaron al administrador
Miguel Sánchez Reyes, del grupo del
regidor Guadalupe Perea, líder de Los
Yopes, que debe abandonar el cargo en 48
horas. Esto
porque el 6 de julio fue nombrado Leonardo
Francisco Baños Rodríguez como nuevo
administrador. Los
inconformes acudieron a las oficinas de
Sánchez Reyes, quien con su abogado Jorge
Rangel Grimaldo se negaron a entregar la
administración e indicaron que la última
asamblea no tiene validez porque hay de
por medio el juicio civil 511-2/03, en el
que un juez indicó que “las cosas sigan
como están hasta el momento mientras no
se resuelva este asunto legal”. Sánchez
Reyes aseguró que no dejará el cargo
porque los condóminos de la Central de
Abastos que votaron no tienen derecho a
exigirlo, “varios deben meses de sus
cuotas y algunos hasta años”. Explicó
que hace dos años el condómino Miguel
Romero Maldonado trató de hacer lo mismo
y emitió una convocatoria, y por ello
solicitó un juicio y ésta se anuló. Destacó
que los condóminos de la Central de
Abasto de Acapulco se rigen con la Ley de
Condóminos del Estado de Guerrero, que
indica que cuando un socio se atrasa en
dos mensualidades o más automáticamente
pierde su derecho a voto, aunque tiene
autorización de opinar. Sánchez
Reyes dijo que si Francisco Baños quiere
tomar posesión como nuevo administrador
primero debe acudir al Juzgado como hizo
él en 2003, cuando solicitaron la nulidad
de una asamblea. Francisco
Baños iba acompañado por el condómino
Miguel Romero Maldonado y afirmó que la
asamblea del 6 de julio sí es válida
porque en las tres asambleas generales
estuvo presente el notario público
número 14, Juan Jesús Aguirre Utrilla, y
agregó que desde hace siete años no
habían tenido ninguna reunión. Dijo
que a la última reunión fue convocada
por más del 25 por ciento de los
condóminos, y la Ley de Condominio
reconoce que cuando el administrador se
niega a convocar a dicha asamblea, con el
25 por ciento de las firmas de los socios
se podrá emitir la convocatoria. Los
condóminos que están a favor del cambio
de administrador argumentaron que no
están conformes con el trabajo de Miguel
Ángel Sánchez, debido a que las
instalaciones de la Central de Abasto
están en malas condiciones. Baños
Rodríguez destacó que sí darán
seguimiento al caso por la vía legal y de
ser posible solicitarán la intervención
de las autoridades estatales y
municipales.
Les
pidieron dinero para no implicarlos en el
robo contra Maganda, dicen los venezolanos Rinden
su declaración ante el juez
Jorge
Nava “Falsa
e indignante” consideró ayer su
detención uno de los dos venezolanos
acusados, junto con un mexicano, quienes
son acusados de pertenecer a una “peligrosa
banda” de asaltantes que el 10 de julio
robaron en la residencia del ex
subprocurador Héctor Omar Maganda
Salazar. Esto
al declarar ayer ante el juez de primera
instancia del ramo penal. Por
la madrugada, Javier Vicente Macías Toro
y Jhony José Montañés Delgado,
originarios de Venezuela, y el defeño
Miguel Antonio Argüelles Bello, fueron
consignados por el fiscal para Delitos
Graves de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, Fernando Monreal
Leyva, con el juez décimo de primera
instancia por el presunto delito de robo
agravado. Los
tres hombres fueron aprehendidos el
sábado. Los
detenidos, por separado negaron los cargos
y explicaron que llegaron el viernes de la
ciudad de México, en un automóvil Focus,
color negro, que rentó Miguel Antonio. Javier
Vicente Macías aseguró que fue torturado
por los policías que lo arrestaron,
incluso lo obligaron a que llamara por
teléfono a su familia en Venezuela porque
le exigieron 500 mil pesos en moneda
mexicana a cambio de no involucrarlo en
los hechos, “o si no te vamos a chingar”,
le advirtieron. Dijo
que antes de torturarlo lo llevaron a
sitios y él sólo leía letreros que
decían Colosio, pero después un agente
le informó que era El Coloso. Señaló
que uno de los policías lo intimidaba y
como él es muy nervioso otro de los
agentes le pidió que se calmara. Los
tres jóvenes relataron que habían
rentado una casa en La Brisas, pero no
ubicaron qué dirección tiene y sólo
pudieron explicar que el arrendatario se
llama Cándido, quien después los cambió
a un departamento cercano a la casa en la
que durmieron la primera noche en
Acapulco, pues ésta fue alquilada por
otra familia de la ciudad de México. En
el caso de Jhony José y Miguel Antonio
señalaron que su arresto sucedió cuando
se encontraban perdidos en una calle
cerrada de Las Brisas, después de
regresar de bañarse en una playa donde
hay un globo gigante y un parque de
diversiones. Los
tres rindieron su declaración por la
mañana y parte de la tarde de ayer, ante
el primer secretario de Acuerdos, Gilberto
Rayo Trujillo, quien funge como encargado
del despacho porque los jueces están de
vacaciones. En
el expediente penal 112-1/2005 se indica
que los arrestados están acusados por el
delito de robo contra Héctor Omar Maganda
Salazar, ex subprocurador de Justicia con
el ahora magistrado el Tribunal Superior
de Justicia del Estado, y de Servando
Alanís Santos, Armando Martínez Dimas,
Cynthia Mariselma Pérez Suero y del
condominio Torres Gemelas. De
acuerdo con el expediente, el monto total
del robo es de 731 mil 420 pesos, en
relojes Rolex y de otras marcas, prendas
de oro, así como una pistola. En
la edición de El Sur del miércoles 13 de
julio, el abogado de Maganda Salazar,
Germán Serrato, desmintió el boletín de
la Policía Preventiva sobre el robo, el
cual afirmaba que los agraviados les
indicaron a los oficiales que ese día los
despojaron de tarjetas de crédito, una
pistola 9 milímetros y su camioneta
Safira, además de que se habían llevado
a la esposa del ex subprocurador y
después la dejaron en el acceso al
fraccionamiento Joyas de Brisamar. También
desechó que los asaltantes tenían
aspecto de “cubanos” como les dijeron
al principio a los policías, y que
después en la averiguación previa
asentaron que sólo tenían aspecto de “extranjeros”,
asimismo que Maganda Salazar nunca
recibió amenazas. En
la causa penal no tipificaron el delito de
clonación de tarjetas, ni los acusados
declararon sobre las que presuntamente les
decomisó la Policía.
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