Desalojo
con gran despliegue de tres familias el sábado
Impiden policías municipales el acceso al
público a los lavaderos de Manzanillo
Policías de la Secretaría de Protección y Vialidad
impiden acceso al público a los lavaderos del barrio de
Manzanillo, desde el sábado en la madrugada cuando agentes
que llegaron en unas 25 patrullas desalojaron a tres familias
del lugar en una operación que duró cinco horas.
El vecino
Enrique Hernández López mostró copias de unas escrituras
con fecha 22 de diciembre de 1934 en donde se indica que son
propietarios del predio de 95 metros cuadrados.
Explicó que
los policías municipales llegaron de manera violenta y
destruyeron techos de lámina además, han estado impidiendo
el acceso a todas las personas, aún cuando en el interior del
predio hay tres
familias que han habitado desde hace 40 años mismas que
tienen, temor de ser desalojadas en cualquier momento.
El presidente
del Comité Civil Pro Mejoras Manzanillo, Enrique Velázquez
Hernández señaló que el gobierno municipal no quiere
reconocer un documento legal, otorgado por unanimidad en una
sesión ordinaria de Cabildo que avala la donación del
predio.
El 22 de
diciembre de 1934, en el periodo del presidente Marcial
Rivera, se acordó por unanimidad el otorgar el predio ubicado
en el lugar conocido como Manzanillo, a las lavanderas de los
barrios de la Candelaria y la Pinzona, sin embargo, el pasado
9 de octubre, cerca de la 1 de la madrugada, unos 200
policías desalojaron a tres familias que vivían allí por
más de 50 años, quienes algunos son personas de la tercera
edad y están enfermas y que se mantienen del oficio de
lavanderas.
“Causaron
un verdadero terror a las familias que ahí viven, luego
cerraron las dos únicas entradas que existen, no dejando
entrar, ni salir a nadie, no decían, ni sabían de parte de
quién habían ido a invadir a esas horas de la madrugada,
todo lo hacían como unos verdaderos ladrones” señalaron
unos de los afectados.
Agregaron que
desconocen los motivos del desalojo, y no les presentaron una
orden de desalojo, a pesar de que el secretario general del
comité del barrio, Enrique Velázquez, pidió al comandante a
cargo, alguna notificación, pero éste “no se quiso
presentar, no querían hablar nada, llegaron como a la una de
la mañana a hacer destrozos, destrozaron todos los lavaderos”.
Mientras
tanto, una persona que quería entrar fue detenida por un
policía, quien le dijo que ya no se permitía el paso, al
preguntarle los motivos del desalojo, el policía, –que
nunca quiso dar su nombre–, mencionó que desconocía los
motivos, asimismo evadió las preguntas sobre la orden de
desalojo, respondiendo “ahorita le mando al comandante”,
quien nunca salió.
Según
algunos afectados, al desalojo acudió el secretario general
del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, quien
desde hace dos meses ya les había comentado sobre el
desalojo, diciéndoles que las familias no iban a salir
afectadas, sin embargo señala Icaro Reinada del Rio, –hijo
de una de las afectadas– “al momento de que se les quita
la fuente de trabajo, las dejan atadas. ¿De dónde van a
comer esas familias?”.
Aseguran que
cuentan con las escrituras, las cuales están registradas en
Chilpancingo, “aquí no hay registro, anteriormente no se
registraban aquí, esas escrituras tienen más de 60 o 70
años, pero son buenas”, dijo el vecino Enrique Hernández
López, quien mostró copias de unas escrituras con fecha 22
de diciembre de 1934, en donde se indica que son propietarios
del predio de 95 metros cuadrados.
Enrique
Hernández señaló que el síndico administrativo Marcial
Rodríguez Saldaña y el director de Gobernación, Federico
Miranda Castañeda, acudieron el 28 de agosto de este año
para informar de las intenciones, pero aseguró que no están
de acuerdo porque los vecinos cuentan con documentos que los
avalan como dueños del terreno.
Aseguró que
ningún vecino de los barrios Manzanillo, Pinzona, Candelaria,
y Bodega, están de acuerdo con que las autoridades del
Ayuntamiento cierren las instalaciones de los lavaderos porque
al día acuden unas 30 mujeres a lavar.
El desalojo
duró aproximadamente cinco horas, desde que llegaron los
policías y destruyeron. “Llegaron con alevosía y ventaja,
sin ningún oficio ni notificación”, mencionó Icaro
Reinada del Rio. “Nosotros no queremos que los lavaderos del
barrio de Manzanillo desaparezcan”, dijo Silvia del Rio,
hermana de una de las afectadas, Xochilt del Rio. Entre otras
afectadas se encuentran Martha Aguirre García y Eduarda
Hernández López.
Por su parte
la señora Xóchilt Marcial Rivera, quien habita en el
interior del terreno y tiene problemas de la vista, narró que
los policías municipales llegaron en la madrugada y quitaron
las láminas de los lavaderos, “me alarme porque no nos
avisaron que iban a tomar el lugar, pero recuerdo que hace
algunas semanas vinieron los del Ayuntamiento y nos dijeron
que nos iban a reubicar”.
El presidente
del Comité Civil Pro Mejoras Manzanillo, Enrique Velázquez
Hernández, señaló que las personas que se encuentran en el
interior –aproximadamente 15 personas– están en calidad
de “secuestradas, no las dejan salir ni entrar, es una
manera de presión porque en el momento que se encuentre
desocupado el lugar, van a poder disponer del predio”.
El sábado,
durante una gira de trabajo en la calle Zimapán, el
presidente municipal, Alberto López Rosas fue consultado al
respecto, “no hubo desalojo, hay tres señoras que han
estado viviendo durante algún tiempo, es un terreno de
aproximadamente mil metros cuadrados y lo que estamos haciendo
es respetar la vivienda de esas señoras a quienes les estamos
ofreciendo celebrar un convenio de usufructo vitalicio para
que vivan en ese lugar hasta que fallezcan y por nuestra parte
ocupar parte del predio para uso común e incorporarlo a los
bienes de la ciudad”.
Aseguró que
están garantizando la permanencia de las señoras y añadió
que van a ocupar parte del terreno para construir unos nuevos
para las amas de casa “para las señoras que van a quedar en
ese lugar, pero ya no estaba dando el uso de lavaderos
públicos”.
Hasta ayer
domingo al mediodía, el predio permanecía resguardado por 12
policías.
La Sección
20-A hará manifestaciones contra el gobierno municipal
Por su parte
el secretario general de la Sección 20-A de la CTM, Felipe
Loyo Malabar, anunció que los agremiados a su sindicato
podrían efectuar cualquier tipo de protestas contra el
gobierno municipal por el desalojo y presunto “secuestro”
efectuado este sábado contra las tres familias que se
ubicaban en los lavaderos de Manzanillo, pues consideraron que
no hubo, ni hay respeto a sus derechos humanos debido a que
ayer domingo “no permitieron que les pasáramos alimentos”.
Lo anterior
lo informó el líder sindical, quien explicó que su
intervención se debe a que una de las familias desalojadas es
la de uno de sus agremiados a la sección, el trabajador del
Hard Rock, Ranferi Reinalda del Río y su mamá Xochilth del
Río Álvarez.
“En el
desalojo se extralimitó en sus funciones la policía por
órdenes de quién sabe quién, ahí hay familias que tiene
más de 50 años; estamos en un país en donde los derechos
humanos deben de ser respetado y si la autoridad no tiene una
orden de desalojo no tuvieron porque desalojarlos además de
que a algunos los tienen secuestrados no los dejan ni sacar ni
meter nada”, refirió el líder cetemistas.
Dijo que los
abogados de la Sección 20-A brindarán asesoría legal a la
familia que es la de uno de sus agremiados a al sección que
trabaja en el Hard Rock.
Criticó al
gobierno municipal pues dijo que “si fue el presidente no se
vale ocupar un puesto público donde los ciudadanos emitieron
su voto y le delegaron una responsabilidad, pero que no abuse
de la fuerza; que no se le olvide al presidente de qué
partido viene y las acciones que pueden afectar en un futuro”.
(Luluani Vega, Citlal Giles y Mónica Martínez).
Declara
López Rosas el 9 de octubre Día
Municipal de Protección Civil
Estamos coordinados con las autoridades estatales y
federales para dar una opción a las personas que viven en
asentamientos irregulares, dice
Luluani Vega
Como parte
del aniversario luctuoso de las victimas del huracán Paulina
del 9 de octubre de 1997, el alcalde Alberto López Rosas izó
bandera a media asta en el Malecón, montó guardia de honor
en la Plaza la Esperanza, develó una placa en la calle
Zimapán y anunció que también será el Día Municipal de
Protección Civil.
A las 8 de la
mañana del sábado, López Rosas acudió al Malecón e izó
bandera a media asta, entonó el himno nacional y guardó un
minuto de silencio para recordar la tragedia de hace siete
años.
Luego, López
Rosas junto con su esposa María Eugenia Díaz de López Rosas
se trasladaron a la Plaza La Esperanza –ubicada en la
avenida Cuauhtémoc– la cual fue construida en memoria de
las victimas y la remodelaron el año pasado. Allí, el
alcalde instaló una ofrenda floral.
Antes de
comenzar la misa en memoria de los fallecidos, López Rosas
fue entrevistado y dijo que siete años del huracán Paulina
no han sido suficientes para borrar un triste recuerdo, “acontecimiento
que sacudió la conciencia colectiva de nuestra ciudad”.
Sobre los
asentamiento irregulares en las partes altas de Acapulco,
indicó que hacen un esfuerzo en coordinación con las
autoridades estatales y federales con la intención de dar una
opción, “hay más oportunidades de vivienda, hay más
acceso a tener un patrimonio familiar y se justifica cada vez
menos esa actitud”.
Dijo que las
invasiones en zonas de alto riesgo “ya no pueden seguir” y
“quizás estuvieron justificada en otros tiempos hoy no es
un modelo justificado” e incluso hay opciones para que la
gente adquiera su vivienda.
Después, se
retiró y el obispo auxiliar de Acapulco, Juan Navarro
Castellanos celebró una misa y en su intervención lamentó
que haya habido poca asistencia de la gente “porque cada vez
se les olvida”.
A las 11 de
la mañana López se trasladó a la calle Zimapán de la
colonia Progreso, donde develó una placa y anunció de que el
9 de octubre se instituyó el Día Municipal de Protección
Civil.
Allí, el
síndico del Cabildo Infantil, Bryan Alexis Guatemala,
dirigió unas palabras y preguntó: “¿Hay culpables en
estos desastres naturales? ¡Sí, hay culpables y son esos
líderes que con tal de obtener espacios políticos y poder
económico llaman a la gente inocente a vivir en zonas de alto
riesgo!”. Pidió para éstos castigó y sanción ejemplar.
Luego
intervino el abogado Andrés Barreto –uno de los más
activos organizadores de sus vecinos en las calles Zimapán,
Pachuca, El Chico y Acatlán– y enlistó a quienes murieron
en el huracán Paulina en esas calles: Alfredo Centell
Córdova, Marbella Vergara de Centell, Adriana, Selene y
Celina Centell Vergara, Gabriela Marroquín Centell, José
Antonio y Miguel Ángel Solano Centell, Luis Alberto y Diego
Alfredo Lobato Centell, Daniela Meza Centell, Ernesto Álvarez
Gutiérrez y María Gutiérrez de Álvarez.
López Rosas
estuvo acompañado de su esposa María Eugenia Díaz de
López; el síndico administrativo Marcial Rodríguez
Saldaña; la coordinadora de Servicios Públicos, Rosa María
Gómez Saavedra; y el director de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillados del Municipio de Acapulco, Jesús Flores
Guevara.
Retirar
“de inmediato” a las personas de las zonas de peligro,
recomienda párroco
El
sacerdote Pedro Rumbo sugiere que se reubiquen a los
ciudadanos en otro lugar
Magdalena Cisneros
Para el
párroco de la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad,
Pedro Rumbo Alejandri, se debe actuar “de inmediato” para
retirar a las personas que están en zonas de alto riesgo para
evitar otra tragedia como el huracán Paulina, aunque indicó
que primero deben reubicarse en otro lugar.
El problema
de los asentamientos humanos en zonas de riesgo no es tan
fácil para darles una solución rápida, indicó, sino “es
un programa a largo plazo que tienen que planearse bien para
ver cómo se hace para los que vienen a vivir a Acapulco”.
Consultado al
finalizar la celebración eucarística sobre el aniversario
del paso del huracán Paulina por Acapulco, el sacerdote Rumbo
Alejandri dijo que hay “dolor”, que es un signo externo
muy claro, en quienes perdieron a alguien y consideró que
deben tomarse las medidas necesarias no sólo en la ciudad
sino en todo el país para garantizar la seguridad de los
ciudadanos e instituciones porque “no hay seguridad absoluta”.
Agregó que
en las zonas de alto riesgo deben colocarse letreros y mallas
que indiquen que está prohibido asentamientos humanos. “Se
debe actuar de inmediato, en los cerros también deben poner
mallas para que no puedan pasar por ahí ni cortar árboles,
son los pulmones de la ciudad, que no sigan hacia arriba, (se
debe) buscar otros lugares donde sea más fácil el servicio”.
Recomendó
que deben buscarse terrenos para reubicar a las familias
asentadas en zonas de alto riesgo o darles material para
construir en otro lugar porque necesitan casas, “si ya no
quieren, entonces si no quieren entonces sí, morirían no,
habría que usar la fuerza a veces”, aunque que deben
dialogarse con las personas.
Sobre las
razones de que la gente regrese a lugares de zonas de alto
riesgo, Rumbo Alejandri consideró que “hay corrupción en
la gente pobre, les dan, y venden el terreno y se van otra
vez, el problema es grave, complejo”.
Informó que
la Iglesia Católica en varias de las misas, les dice a los
feligreses que no deben vivir en áreas de riego, aunque no
hacen mucho caso porque varias personas no tienen para pagar
renta y se quedan en estos asentamientos y opinó que el
gobierno junto a los grupos civiles y medios de comunicación
deben trabajar para dar una solución al problema de
asentamientos en zonas de riesgo.
El arzobispo
de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, no celebró la misa de
ayer domingo en la Catedral porque viajó a Guadalajara junto
a otros 100 representantes de la Costa Chica, Costa Grande y
Acapulco para participar en el 48 Congreso Eucarístico
Internacional, que comenzó ayer en dicha ciudad y terminará
el 17 de octubre.
En su
homilía que dejó por escrito, el arzobispo Aguirre Franco,
dice que el Congreso constituye una gran oportunidad para que
la iglesia profundice en el misterio de la Eucaristía e
impulse en el mundo la paz, además de que vigorice una nueva
etapa de evangelización.