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La
OCSS, en la mira de los planes de
contrainsurgencia de Figueroa
Masacre en Aguas Blancas: misión cumplida
Maribel Gutiérrez
Primera
parte
En la
sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas
Blancas, el 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17
campesinos y heridos 21, por efectivos de la policía
Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén,
por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para
impedir una manifestación de la Organización Campesina
de la Sierra del Sur (OCSS).
Los
campesinos se dirigían a Atoyac de Alvarez, el municipio
vecino en la Costa Grande de Guerrero. Iban a exigir la
presentación de uno de sus compañeros, Gilberto Romero
Vázquez, que estaba desaparecido, y la entrega de
fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas
y otros insumos agrícolas para comunidades de cinco
municipios.
Más de
400 policías los estaban esperando para detenerlos en el
vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas
Blancas, encabezados por algunos de los principales
funcionarios del área policiaca del gobierno del estado.
La
masacre de Aguas Blancas es parte de una política de
contrainsurgencia. Fue planeada y dirigida por el
gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que dejaba ver un
interés casi obsesivo por impedir el resurgimiento de la
guerrilla en Guerrero, más aún después de que apareció
el EZLN en Chiapas.
Fue un
golpe contra una organización social que surgió en el
mismo mes y año en que se dio a conocer el EZLN, en una
región de Guerrero que apenas dos décadas antes había
sido escenario del movimiento armado del Partido de los
Pobres dirigido por Lucio Cabañas, y donde sectores de la
población campesina mostraban una renovada tendencia
opositora al gobierno.
Los
campesinos más pobres de la sierra estaban motivados a
buscar un cambio ante la falta de perspectivas de
producción, el deterioro en sus condiciones de vida y la
falta de educación, de salud y de servicios públicos.
También ante los atropellos cometidos por las
corporaciones policiacas y el Ejército, los fraudes
electorales y la imposición de autoridades locales.
La OCSS
se constituyó en enero de 1994. Desde los primeros días
se distinguió por su capacidad de convocatoria entre los
habitantes más pobres de la sierra, de todas las edades,
muchos jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, y por
sus manifestaciones públicas con métodos considerados
como radicales, como la toma de carreteras y de palacios
municipales.
Demandaban
apoyo para la producción de alimentos, láminas para
techar las viviendas, carreteras, escuelas, centros de
salud, servicios, y se proponían la defensa de los
bosques y de los recursos naturales. Pero también pedían
participar en la elección de autoridades en los pueblos,
exigían la salida de los grupos policiacos y del
Ejército de las comunidades y la presentación de los
desaparecidos de la guerra sucia de la década del 70.
El
gobernador Figueroa se movía en una lógica de guerra, y
puso a la OCSS en la mira de su política de
contrainsurgencia, como lo hizo con otros sectores de
oposición que no se sometieron a su control.
Durante
su gobierno, de menos de tres años, la lista de
militantes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y dirigentes sociales asesinados por motivos
políticos llegó a 84, además de diez asesinatos
colectivos en los últimos ocho meses de su
administración, casi todos con intervención de grupos
policiacos del estado, que sumaron 67 víctimas.
Rápidamente
la nueva organización –que se fundó en Tepetixtla, la
comunidad más poblada de la sierra guerrerense, con 20
mil habitantes, la mayoría muy pobres y que fue el lugar
donde tuvo más desarrollo– se dio a conocer por sus
acciones radicales.
Expulsó
al grupo de la Policía Motorizada de Tepetixtla y tomó
el cuartel de esa corporación, destruyó las grúas y
maquinaria pesada de una empresa privada que explotaba los
bosques comunales, paró las actividades de los camiones
que transportaban madera de esos bosques, tomó el Palacio
Municipal de Coyuca de Benítez y de Atoyac, donde
quedaron encerrados varias horas los alcaldes y los
principales funcionarios, y reiteradamente bloqueó la
carretera federal de la Costa Grande, única vía de
comunicación de la región y de los centros turísticos
de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, dos de los principales
del país.
Ingresaron
a la nueva organización campesinos que se habían salido
del PRD, con cuestionamientos a algunos de sus dirigentes
locales porque no defendían los intereses del pueblo, y
otros siguieron en las filas de ese partido pero con una
actitud crítica. Algunos de sus miembros también
pertenecían o habían pertenecido a la Coalición de
Ejidos de la Costa Grande, la organización social más
importante de la región, a la que los fundadores de la
OCSS consideraban limitada en sus objetivos porque luchaba
por la producción y por demandas económicas pero dejaba
de lado las demandas sociales, la defensa de los derechos
humanos y de los derechos políticos.
Figueroa
vio en esta organización el germen de un nuevo movimiento
guerrillero, o por medio de su aparato de espionaje creía
descubrir vínculos con antiguas organizaciones armadas
como el Partido de los Pobres o el Partido Revolucionario
Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).
Desarrolló
una política para golpear a la OCSS. Buscó intimidar,
corromper y coptar a sus dirigentes, y el primer resultado
fue una escisión, de la que se formó la Organización
Benito Juárez, auspiciada por Figueroa, que después fue
acusada de asesinatos de militantes de la OCSS en la
sierra de Tepetixtla.
Encarceló
a uno de sus integrantes, José Guadalupe Guzmán
Martínez, hermano del principal dirigente, Benigno
Guzmán Martínez, y lo tuvo como rehén para que la OCSS
no se movilizara en las elecciones presidenciales de 1994.
Intentó
quitarle bases a la organización mediante la respuesta
parcial a demandas inmediatas como fertilizantes y
despensas, y también trató de dividirla, respondiendo a
las demandas sólo del núcleo principal, el de
Tepetixtla, mientras relegaba a los de otros municipios.
Recurrió
a los métodos más arcaicos de represión como la
desaparición forzada. La OCSS atribuye a Figueroa la
desaparición de Gilberto Romero Vázquez, uno de los
representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por
última vez el 24 de mayo de 1995.
Llegó a
la matanza del vado de Aguas Blancas, cuando la
organización tenía un año y medio de actividad, y ya
era conocida la hostilidad de Figueroa hacia la OCSS.
En
septiembre de 1994 se reunieron con el gobernador los
dirigentes de Tepetixtla, Benigno Guzmán y Gabino Luna,
que le presentaron un pliego de demandas. Figueroa les
dijo que les iba a dar todo lo que pedían, pero que a los
desaparecidos de la década del 70 “ya se los había
llevado la chingada, ya no tienen vuelta”. Y los
amenazó: “Está duro el problema con ustedes. En
cualquier rato se los puede llevar la chingada”.
En abril
de 1995, cuando la OCSS se movilizó contra la
explotación de los bosques comunales de Tepetixtla,
Figueroa se reunió en Acapulco con los representantes
Marino Sánchez Flores y Jesús Maldonado Luna, y en tono
de acusación les dijo: “Se dice mucho que ustedes son
guerrilleros”.
El 3 de
mayo, Figueroa subió a Tepetixtla, a una reunión con
miembros de la OCSS, acompañado por el comandante de la
Novena Región Militar, general Enrique Tomás Salgado
Cordero. Representantes campesinos de los municipios de
Coyuca, Atoyac, Petatlán, La Unión y Coahuayutla
presentaron al gobernador sus pliegos de demandas. El
petitorio general de la OCSS fue leído por Gilberto
Romero Vázquez, originario de la sierra de Atoyac, que 21
días después fue desaparecido.
A Benigno
Guzmán le tocó plantear la exigencia de la salida del
Ejército y de las corporaciones policiacas de la sierra.
También expresó: “Estamos cansados de tanta
marginación, si el gobierno no responde al pueblo, si
para mejorar las condiciones de vida de los campesinos hay
necesidad de una revolución, estamos dispuestos a hacerla
con gusto”.
El
general Salgado Cordero acusó a Benigno Guzmán de llevar
“ideas extrañas a los campesinos”.
Proteger
a los responsables
La
matanza de Aguas Blancas causó indignación en México y
en el mundo. Organizaciones sociales y políticas de
oposición, organismos civiles defensores de los derechos
humanos, e incluso organismos gubernamentales como la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA se sumaron a las exigencias de
justicia.
Sin
embargo, en todo momento, las instancias de procuración
de justicia y judiciales, a las que corresponde lo
jurídico del caso, protegieron a Figueroa y a sus
principales colaboradores; lo mismo los diputados y
senadores priístas federales y locales, que en tribuna y
comisiones rechazaron las demandas de juicio político; y
los gobernadores, presidentes municipales priístas, las
estructuras del gobierno federal, los obispos de la
Iglesia católica guerrerense y el presidente de la
República Ernesto Zedillo.
El leve
maquillaje que se hizo a la injusticia, con el
encarcelamiento de 28 policías y cuatro funcionarios de
nivel medio fue sólo una forma para desviar la
investigación y la atención de la sociedad. Pronto, ese
maquillaje se fue desvaneciendo. Un año después, el 11
de julio de 1996, quedó en libertad el primero de los
cuatro, el delegado de Gobernación en la Costa Grande,
Gustavo Martínez Galeana, quien grabó en video la
matanza.
En abril
de 1999 fueron liberados 15 de los 28 policías
motorizados que estaban presos por homicidio de los 17
campesinos y el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo
Sotomayor Espino, el funcionario de mayor rango que fue
encarcelado.
El
director de la Policía Motorizada, Manuel Moreno
González, quien personalmente encabezó a los policías
que dispararon contra los campesinos, quedó en libertad
el 25 de agosto de 2002.
En
septiembre y octubre de 2003 salieron de la cárcel de
Acapulco seis policías más. Sólo quedaban siete y el
director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, que
fueron trasladados a cárceles lejanas de la vigilancia
pública para facilitar su libertad.
Quedó al
descubierto que aun el enjuiciamiento de una pequeña
parte de los autores materiales fue sólo para distraer y
esperar un poco de tiempo.
No hubo
voluntad de hacer justicia. Todas las estructuras
gubernamentales intervinieron para justificar, proteger y
apoyar a Figueroa, el responsable intelectual y político
de la matanza de 17 campesinos, de 21 heridos, de la
violación al derecho de libre tránsito, de
manifestación, de organización y de información.
Después
de este crimen que no fue investigado ocurrieron otros
más en Guerrero. El de mayor trascendencia fue la masacre
de El Charco, cometida por tropas del Ejército el 7 de
junio de 1998, y es larga la cadena de crímenes
políticos planeados para reprimir la inconformidad
popular, con la pretendida justificación de que las
víctimas son radicales, rebeldes, alzados, guerrilleros.
La
injusticia es una de las causas que dieron lugar al
resurgimiento de la guerrilla en Guerrero. El 28 de junio
de 1996 se dio a conocer el EPR, en el mismo vado de Aguas
Blancas, durante el acto luctuoso con motivo del primer
aniversario de la masacre.
El
resurgimiento de la guerrilla en Guerrero se vincula con
la impunidad y así lo reconoció el mismo grupo
insurgente: “La masacre de Aguas Blancas y los más de
100 asesinatos políticos posteriores aceleraron la
emergencia pública del Ejército Popular Revolucionario,
el cual es resultado del surgimiento y desarrollo de la
autodefensa armada, organizada por el pueblo en un largo
proceso de resistencia en distintos puntos del país, en
contra de la permanente represión policiaca y militar y
de la falta de libertades políticas que han prevalecido
en México”, escribió el comandante insurgente Antonio,
en el primer comunicado de la comandancia de zona en
Guerrero del EPR, después de su aparición pública.
Participan estudiantes de la UNAM
Marchan 300 personas para exigir castigo a los
autores de la masacre de Aguas Blancas
La fracción de la OCSS que dirige Rocío Mesino
organiza este acto, horas antes de la conmemoración del
noveno aniversario de estos hechos de sangre, piden que el
caso regrese a la PGR, no creen en la justicia de Guerrero
Karina Contreras
A unas
horas de la conmemoración del noveno aniversario de la
masacre de Aguas Blancas, alrededor de 300 personas
efectuaron una marcha para exigir justicia y castigo para
los autores materiales e intelectuales como el ex
gobernador, Rubén Figueroa Alcocer y el dirigente estatal
del PRI, senador Héctor Vicario Castrejón; así como que
el caso regrese a la Procuraduría General de la
República (PGR), pues no creen en la justicia de
Guerrero.
La marcha
partió del poblado de Aguas Blancas al vado donde se
encuentra el monumento en honor de los 17 campesinos que
fueron asesinados por policías del estado, el 28 de junio
de 1995, cuando se dirigían a una protesta a Atoyac. Al
llamado de la fracción de la Organización Campesina de
la Sierra del Sur (OCSS) que dirige Rocío Mesino Mesino,
acudieron organizaciones nacionales y estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la
marcha también se vio a los sobrevivientes de la masacre
como Andrés Sánchez Rodríguez, Marcos Carranza
Arizmendi y Marino
Sánchez Flores.
Bajo las
consignas “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos
está lucha, cueste lo que cueste”, “Gobierno asesino
que matas campesinos”, “Lucha, lucha, no dejes de
luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular” o
“Tú muerte, tu muerte será vengada” y bajo un
candente sol, los más de 300 protestantes iniciaron la
marcha al vado el cual iba encabezada por una gran manta
donde se leía: “Aguas Blancas 1995-2004. A 9 años de
la masacre ni perdón ni olvido. OCSS”.
La
dirigente Rocío Mesino dijo que los campesinos quieren
que se haga justicia por la masacre de Aguas Blancas, y
para ellos están dispuestos a tocar todas las puertas
para que se acabe la impunidad. “Queremos que la PGR
atraiga nuevamente el caso, porque sabemos que la
Procuraduría del Estado no hará nada. Vamos a tocar las
puertas internacionales, vamos a ir a Los Pinos, para
exigir una respuesta de si realmente su gobierno
va a ser justicia”, manifestó Mesino.
Dijo que
esa marcha, un día antes de la conmemoración de la
masacre de Aguas Blancas,
fue a petición de las viudas y familiares de los
caídos, donde además de la marcha harán una velación
para que hoy hagan una ofrenda floral en el monumento.
Mesino
Mesino señaló que no quieren confrontaciones estériles
con la otra fracción de la OCSS, que presiden Benigno
Guzmán, pues aunque han buscado por todos los medios la
unidad, no se ha podido, y no pretenden caer en el juego
del gobierno.
Por su
parte, Ranferi Hernández señaló que la conmemoración
del aniversario de la masacre un día antes, era en virtud
de que no lograron ponerse de acuerdo para que salieran en
un acto conjunto por la “la inmadurez, la incapacidad
política de otras organizaciones no lo permitieron”.
Manifestó
que a pesar de eso ellos siguen exigiendo castigo contra
las autores materiales e intelectuales de la masacre como
Rubén Figueroa y demás colaboradores; además de seguir
luchando para que se deje en libertad a los presos
políticos y la desmilitarización de la zonas indígenas.
El exiliado manifestó que en
Guerrero no existe un estado de derecho,
y más bien es una farsa y pura simulación.
Los
oradores pidieron justicia para los responsables de la
masacre de Aguas Blancas, y la intervención directa del
presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para que
los crímenes no queden en la impunidad.
Aseguraron
que no declinarán en la lucha para que se haga justicia y
se castigue a las balas asesinas del gobierno de Rubén
Figueroa Alcocer, que segaron la vida de 17 campesinos. El
contingente se quedó en el vado de Aguas Blancas, para
hoy continuar con los actos de conmemoración del noveno
aniversario de la masacre que dio la vuelta al mundo, y
que provocó la caída del gobierno de Rubén Figueroa
Alcocer.
Piden
dos sobrevivientes de Aguas Blancas castigo para los
autores intelectuales
No queremos otro aniversario más sin que se haya
hecho justicia, demandan Joviel Rafael Ventura y Jerónimo
Hernández Ventura, presos en el Cereso de Acapulco por
secuestro y portación de armas
Los sobrevivientes de Aguas Blancas, Joviel Rafael
Ventura y Jerónimo Hernández Ventura, presos en el
Cereso de Acapulco por los delitos de secuestro y
portación de armas de fuego, exigieron a la Fiscalía
Especial castigar a los autores intelectuales y
materiales, pues “no queremos otro aniversario más sin
que se haya hecho justicia”.
Demandaron
“castigo para el gobernador en ese entonces, Rubén
Figueroa Alcocer; el ex alcalde de Coyuca de Benítez,
Jesús Herrera Vélez, a Elías Riachi Sandoval; al hombre
del maletín, Héctor Vicario Castrejón, y al ex
procurador general de Justicia del Estado, Antonio Alcocer
Salazar”.
En su
comunicado pidieron también al presidente de la
República, Vicente Fox Quesada, y al gobernador René
Juárez Cisneros justicia y castigo a las personas
involucradas en los hechos, que las investigaciones que
lleva a cabo la Procuraduría General de la República no
sean rezagadas, como lo hizo Mariana Vidales, fiscal
especial en ese tiempo.
“Hoy se
cumplen nueve años de la masacre de Aguas Blancas, en la
que murieron 17 campesinos de la Organización Campesina
de la Sierra del Sur (OCSS), nueve años que no se ha
hecho justicia o no se nos hace justicia sólo por ser
pobres”, reprocharon.
Indicaron
que “nuestro delito fue exigirle al gobierno insumos
agrícolas para mejorar la forma de vida de comunidades
más pobres de la parte alta de Coyuca, y la respuesta fue
reprimir nuestra lucha por medio de las balas y así
calmar el descontento del sector campesino de esa región”.
La
emboscada –dijeron– fue dirigida por el mayor Manuel
Moreno González; el ex secretario general de Gobierno,
José Rubén Robles Catalán; el ex director de
Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, y la Ministerio
Público de la región, Francisca Flores.
Joviel
Rafael, quien perdió a su hermano Florente Rafael Ventura
en la masacre, está preso en el Cereso de Acapulco por el
secuestro del ganadero Eduardo de la Cruz Serrano y por
portación de armas. Fue detenido en Acapulco el 9 de
agosto de 1998, torturado física y sicológicamente por
nueve días. De los delitos se dice inocente.
Fue
sentenciado a 15 años de prisión por el fuero común y
dos años por el fuero federal por portación de armas,
pero dijo que ya tiene su boleta de liberación por éste
último delito.
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