Evalúan indígenas la integración de la Policía Comunitaria a las municipales

 

La Coordinadora Regional cuenta con 25 actas de asamblea con la opinión de los pueblos sobre el asunto, informa Bruno Plácido, director de Seguridad Pública en San Luis Acatlán

 

Las comunidades que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña y Costa Chica de Guerrero evalúan la oferta del gobierno estatal de integrar la Policía Comunitaria a las policías municipales.

La propuesta les fue hecha hace unos días, en Tlapa, por el procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima, en presencia de representantes de la 35 Zona Militar.

La Policía Comunitaria se fundó hace nueve años, por comunidades de Malinaltepec, Metlatónoc y San Luis Acatlán, como una respuesta de los pueblos indígenas ante la inseguridad en la región.

En ese periodo, logró reducir los índices de delitos –asaltos, asesinatos, robo de ganado– aunque para el Ejército mexicano y el gobierno estatal su existencia es ilegal. Los integrantes de la Policía Comunitaria son electos en sus comunidades y responden a la autoridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

Durante sus recorridos, han sido hostigados por el Ejército y la Policía Judicial; han sido desarmados y algunos, detenidos. Ello porque en la región se siembra mariguana y amapola, aunque también se han dado apariciones esporádicas de grupos guerrilleros.

Otra de las causas del hostigamiento se refieren a la forma en que las comunidades aplican la justicia, que tiene que ver con usos y costumbres, en donde las sentencias implican el trabajo comunitario.

Recientemente, con el triunfo de candidatos del PRD en Malinaltepec, Metlatónoc y San Luis Acatlán, la Policía Comunitaria recibió el respaldo de los ayuntamientos, en espera de que éste sea oficializado por el gobierno del estado.

Bruno Plácido, quien ha sido comandante de la Policía Comunitaria, y es actual director de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de San Luis Acatlán, contó que las 65 autoridades que integran la Coordinadora Regional se encuentran evaluando la propuesta que les hizo el gobierno del estado, y que actualmente tienen ya unas 25 actas de asambleas realizadas, con las opiniones de los pueblos.

Afirmó que en cuanto se termine de levantar estas actas, la Coordinadora se reunirá y tomará un acuerdo en cuanto a la propuesta del gobierno estatal sobre la Policía Comunitaria, que integra actualmente a unos 540 policías.

En el encuentro, se evaluarán los resultados que ha tenido la Coordinadora en cuanto a la Seguridad Pública, explicó Bruno Plácido. (Aurelio Peláez).

 

Se analiza darle figura legal a la Policía Comunitaria, confirma Ramírez Guerrero

 

El procurador general de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, confirmó que la propuesta de darle otra figura a la Policía Comunitaria, es un tema que está en análisis entre los tres órdenes de gobierno, incluyendo a los ayuntamientos de San Luis Acatlán, Metlatónoc y Malinaltepec.

El procurador fue entrevistado por reporteros luego de participar en la celebración que organizó el Colegio de Abogados de Guerrero en su día.

–¿Los policías no han querido acceder a esa propuesta, o cuál ha sido la respuesta de ellos? –se le preguntó.

–Ha habido mucho interés en analizar esta situación. El gobierno ya estableció su postura ante ellos y les planteó la necesidad de algunas acciones inmediatas y otras, por supuesto, están sujetas a reformas a nuestro marco jurídico.

–¿Es algo que va a ocurrir entonces, aunque los policías no quieran?

–Es algo que debe discutirse, analizarse, pero tenemos que llevar a cabo acciones inmediatas una vez que estos ayuntamientos manifiesten su disposición para continuar.

–¿Recibirán algún pago con la nueva figura?

–Es uno de los planteamientos que se hacían, que los ayuntamientos integraran a estas corporaciones, legalizando su actuación, dándoles su reconocimiento como elementos de la policía municipal y en cuanto a algunos inspectores que es una propuesta, pudieran ser los comisarios o quienes encabezan a estas corporaciones que todavía no están reconocidas, que pudieran tener salario de inspector de la policía estatal preventiva. (Adalberto Valle)

 

Critica la Coordinadora Regional la propuesta; pide que se incluya el sistema comunitario tal y como opera

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña y Costa Chica de Guerrero dijo que en el “emplazamiento” del gobierno estatal a la Policía Comunitaria “no hay nada nuevo. Nos plantean el sometimiento tácito a la legalidad que ellos dicen representar y siguen partiendo de concebir erróneamente que nuestra organización es juez y parte en la administración de la justicia”.

En el documento difundido el 11 de julio, que está fechado el 2 de julio, se agrega que “para la seguridad pública y prevención de los delitos, proponen que nuestros policías comunitarios se integren a la policía preventiva municipal, obteniendo con ello sueldo y demás prestaciones. Olvidan que el nombramiento y elección de los policías comunitarios se debe a una asamblea general en la que se elige a las personas más honestas de la comunidad y que dicho servicio tiene el carácter de trabajo comunitario”.

Del sueldo que se les pagaría, señalan en el comunicado:“ Nos parece sólo una intención de deslumbrar a los compañeros cuando los municipios en los que operamos no tienen la capacidad económica de absorber tal gasto”.

En cuanto a la procuración y administración de justicia, “nos plantean que propongamos a personas indígenas que hayan estudiado la carrera de licenciado en Derecho para que se den de alta como ministerios públicos y jueces de primera instancia, que atenderían la región en la que operamos, de acuerdo con nuestros dialectos e idiosincrasia”.

En el mismo documento se califica la propuesta de incoherente, pues los indígenas que han cursado una carrera profesional, por lo general se quedan en los centros urbanos, y señalan que “nuestras autoridades regionales han sido suficientes y eficientes para impartir justicia y de ello deriva el gran reconocimiento que ha alcanzado nuestro sistema”.

Respecto a la readaptación social, refieren: “Nos proponen con tanta simpleza, que enviemos a nuestros detenidos al Cereso de Tlapa, en donde estarán bajo vigilancia de custodios y un director del Cereso de ‘extracción indígena’.  Es tan pobre su propuesta y deja clara constancia que ni siquiera tienen una idea de lo que ellos mismos dan en llamar la ‘readaptación social’, que implica en el caso indígena, el trabajo en las comunidades.

Sobre la legalización del uso de las armas que porta la Policía Comunitaria, mencionan: “Ellos nos plantean que debemos presentar las armas para su debido registro ante las zonas militares, siempre y cuando sean de las permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y una vez que ya los elementos comunitarios se hayan integrado a las policías preventivas municipales”.

En el mismo boletín manifiestan que desde hace varios años, han entregado “año con año a la Secretaría de la Defensa Nacional y en concreto al 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, los registros de armamento debidamente requisitados”, y sostienen además que el sistema comunitario de justicia implica el respeto a la Constitución política federal y a los Derechos Humanos.

La Coordinadora exhorta a los representantes del gobierno “a que prioricemos el diálogo y a proponer con coherencia los mecanismos que privilegien la inclusión de nuestro sistema comunitario, tal y como opera, en las legislaciones tanto municipales, como estatales y federales.  A tratar con total claridad y franqueza el problema de la seguridad y la impartición de justicia, con las mejores armas que tengamos a la mano, que no pueden ser otras que los resultados que hayamos obtenido en la lucha en contra de la inseguridad y la impunidad”.

 

En tres semanas determinará la CRAC si se regula la Policía Comunitaria: Lima

 

Los comunitarios se convertirían en policías preventivos, pero antes se seleccionaría a los futuros agentes y se les asignaría un sueldo, explica el secretario de Seguridad Pública

 

Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario estatal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez, anunció que en unas tres semanas la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Costa Chica y La Montaña determinará si acepta o no la propuesta del gobierno del estado para “regular” a la Policía Comunitaria, creada el 15 de octubre de 1995.

Consultado vía telefónica, Lima Gómez indicó que como parte de la última fase para “regular” a la Policía Comunitaria, el 23 de junio se reunió en Tlapa con el procurador Jesús Guerrero Ramírez e integrantes de la Coordinadora.

En la reunión –indicó–, se propuso a la CRAC que “para ajustarse al marco legal los policías comunitarios se convirtieran en policías preventivos, aunque para ello se aplicaría un proceso de selección porque debemos respetar el reglamento de Seguridad Pública de cada municipio”.

“Nosotros nos comprometimos a revisar los listados actuales de policías preventivos que hay en cada ayuntamiento para hacer la depuración, y a asignarles un salario”, afirmó.

Dijo que para incrementar la vigilancia “y trabajar en conjunto planteamos crear la figura de un Supervisor, quien estará dentro del mismo cuerpo policiaco”.

Sobre la oferta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de acuerdo con Lima Gómez, “el procurador propuso que en los municipios donde opera la Policía Comunitaria se asignarán agentes del Ministerio Público Bilingües”. 

Y del caso de los indígenas detenidos por delitos “graves”, explicó que la propuesta fue “que el penal de Tlapa se adecuará sólo para los indígenas, incluso ahí también existirá la figura de un Juez Bilingüe”.

El secretario estimó que “en unas tres semanas esperamos tener la respuesta, nosotros queremos que actúen dentro de la normatividad, no pedimos otra cosa”.

El responsable de la seguridad pública en la entidad dijo confiar en que los planteamientos serán aceptados, “porque el gobierno del estado no propone cosas fuera de la normatividad, buscamos conservar sus costumbres, las lenguas y creo que hasta hoy se ha creado un buen escenario conciliatorio”.