Estratégicamente

  El nuevo arreglo militar

 Jorge Luis Sierra  

La renuncia de Alejandro Gertz Manero es acaso la evidencia más reciente del caos en materia de seguridad y del cisma existente entre las elites gubernamentales. La inestabilidad de los funcionarios refleja también un desarreglo institucional que profundiza aún esa sensación de inseguridad pública que afecta a los mexicanos. Lo que viene es un reacomodo que puede terminar en nuevo proceso de militarización.

En los 42 meses que lleva este sexenio, la inestabilidad y golpes de timón en las políticas de seguridad han llevado a la renuncia de dos secretarios de Estado y un coordinador de gabinete, además de la expulsión de una serie de mandos intermedios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República. En ese periodo han desaparecido instituciones y cargos, se han aprobado reformas, decretos y, además, se han registrado enfrentamientos entre integrantes de las diferentes versiones del gabinete de seguridad.

La primera renuncia fue de Jorge Castañeda, quien dejó la cancillería en enero de 2003. Desde su posición en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Castañeda hizo todo lo posible para influir en decisiones gubernamentales en materia de seguridad, sobre todo aquellas que implicaban a las instituciones militares. Su rúbrica aparece junto a la de Tom Ridge, el secretario de Seguridad Interna, en los acuerdos de seguridad fronteriza México-Estados Unidos.

El 2 de abril de 2003, un decreto presidencial sacó a la cancillería del Gabinete de Seguridad Nacional. Ese mismo decreto derogó el decreto de creación de la coordinación del Gabinete de Orden y Respeto y la Consejería de Seguridad Nacional y consolidó la salida de Adolfo Aguilar Zinser de las decisiones gubernamentales sobre la seguridad.

Ese mismo año, el 20 de noviembre, día en que se dan a conocer los ascensos castrenses, renunció Aguilar Zinser como embajador de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En los niveles intermedios, el primero en caer fue Jorge Tello Peón, ex subsecretario de Seguridad Pública, 40 días después que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se fugara del penal de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. Lorenzo Zambrano, presidente del Grupo Cemex, lo recuperó y le dio el control del área de seguridad.

Después ocurrió la renuncia del entonces subprocurador de Coordinación General y Desarrollo Alfonso Navarrete Prida, el 13 de marzo del mismo año. Su reemplazo, María de la Luz Lima Malvado, también fue un personaje transitorio pues renunció el 31 de mayo de 2003, en medio del escándalo alrededor del fiasco gubernamental en la investigación del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Luego siguió la renuncia de Eduardo Ibarrola Nicolín como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, el 20 de mayo de 2002.

Esta alta rotación entre los mandos civiles y policiacos ha creado al mismo tiempo un vacío que tiende a ser ocupado por los militares mexicanos. Originalmente pensada como una política transitoria, la asignación de funciones policiacas a miembros del Ejército, la Fuerzas Aérea y la Armada tiende a ser un fenómeno orgánico.

Ya con Gertz Manero fuera de la administración pública, el camino queda despejado para diferentes proyectos de seguridad. Santiago Creel busca que la nueva Secretaría del Interior cobre funciones de seguridad interior. El general Rafael Macedo de la Concha buscará encabezar una nueva entidad que absorba a las fuerzas de la Policía Federal Preventiva y las unirá a las de la Agencia Federal de Investigación. El vacío creado entre tanta movilidad e indefinición política en el aparato de seguridad puede ser llenado con fuerzas y mandos castrenses. El movimiento registrado en la Secretaría de Seguridad Pública puede ser el cierre de un círculo militar que integre a todos los niveles de la procuración de justicia y la función policiaca.

Un nuevo proceso de militarización tendería a solucionar temporalmente el desarreglo institucional en materia de seguridad, pero a un costo cuya dimensión real aún no se prevé. Fox podría dejar al sistema de seguridad funcionando con engranajes militares y nada garantizaría que el nuevo gobierno después de 2006 pueda o quiera desmantelarlo y reemplazarlo por uno que funcione con instituciones civiles y profesionales.

 jlsierrag@yahoo.com

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 Astudillo en Chicago  

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez  

Prácticamente inadvertida, sin pena ni gloria, transcurrió la visita del candidato del PRI, Héctor Astudillo Flores, a Chicago, Illinois este pasado fin de semana, cuando el perredismo de todo el estado de Guerrero dio una extraordinaria muestra de movilización y madurez al elegir a Zeferino Torreblanca como su candidato a gobernador. El periódico Hoy, editado en español por el Chicago Tribune y el periódico La Raza, los mas leídos por nuestra comunidad, no publicaron ninguna información de sus actividades, la asistencia a sus actos fue escasa, o sea, que le fue mal.

El cartel de invitación que circuló por Internet Fabián Morales, presidente de la Federación de Guerrerenses en Chicago decía así: “Gran festival guerrerense, sábado 14 de agosto. Lugar: 3901 S. Central, Cicero Il., de 9 a 6 pm. Ven y disfruta con la familia de la mejor música guerrerense, mariachi, juegos infantiles, comida y refrescos”. Más adelante se mencionaba un torneo de futbol y los cantantes y bandas que actuarían. Terminaba así: “Como invitado especial: el Sen. Héctor Astudillo Flores, candidato a gobernador del Estado de Guerrero” y finalizaba la invitación un párrafo con mayúsculas: “Todo completamente gratis”.

En primer lugar resalta el hecho de que no mencionan que Astudillo es candidato del PRI y de que no queda claro quien organiza y asumirá el costo (todo completamente gratis) del evento. Lo real es que usando la estructura de la Federación, el organizador de ese acto fue Fabián Morales quien declaró al semanario Nuevo Siglo en su edición del 6 al 12 de agosto que “este evento no lo organiza la federación que él dirige por tratarse de un acto en honor de un político que aspira a gobernador, como es el senador Astudillo, quien hará su segunda visita como candidato del PRI”. Entonces surge la pregunta, ¿quién pompó?.

Como se recordará, en Chicago, donde viven entre 150 y 200 mil guerrerenses, se estructuró la Federación de Clubes Guerrerenses que se organizan por comunidades de origen. Desafortunadamente, la federación sufrió una división y desde el segundo semestre de 2003 surgió Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste (como se conoce la región donde se ubica Chicago), con lo cual se partió a la mitad la federación.

En el PRD siempre sostuvimos la tesis, y así se los expuse personalmente a ambas partes, de que era un error la división. En primer lugar, porque en el exterior es muy difícil organizar a los paisanos y por lo tanto deberíamos tener estructuras únicas. Señalamos que deberían establecerse normas claras y transparentes de funcionamiento de estas organizaciones.

No estamos cuestionando que Astudillo vaya a Chicago a hacer proselitismo, sino el hecho de usar a la Federación de Clubes, pues ello contribuye a acentuar la división entre nuestros paisanos.

El PRD y su candidato no usarán en Chicago (ni en otras partes de Estados Unidos), ni la estructura de la Federación ni la de Clubes Unidos para que sean los organizadores de nuestra campaña electoral, ni mucho menos haremos actividades políticas ofreciendo comida, bebidas y actividades artísticas de manera gratuita. Sí acudiremos a ambas organizaciones respetando estrictamente su autonomía y les demandaremos que reciban a nuestro candidato. Pero de ahí a partidizar esas estructuras hay todo un abismo. El PRD no utilizará otras estructuras, ya que cuenta en Chicago con un Comité Estatal que aglutina a nuestros afiliados en ese estado.

El 5 de mayo de 2001 coincidí en Chicago con el senador Astudillo en las celebraciones mexicanas que han hecho de la batalla de Puebla la mayor fiesta mexicana en Estados Unidos, más grande incluso que las fiestas de septiembre de la Independencia mexicana. Hay la creencia generalizada en la población estadunidense de que el 5 de mayo es la fiesta nacional mexicana, y hasta en la Casa Blanca se hace una ceremonia conmemorativa.

En un acto de los guerrerenses, Astudillo habló en los clásicos términos priístas: “En representación del gobernador de Guerrero, que todos los días piensa en ustedes...”. Al finalizar su intervención le dije, medio en broma, medio en serio, que desde la Constitución de 1917 había división de poderes, por lo que debería asumirse como senador y por lo tanto como representante del Poder Legislativo y no del gobernante en turno.

Iba acompañado del senador Héctor Vicario, quien tiene pésima reputación entre los paisanos residentes en Chicago, ya que cuando era el hombre del maletín y desde su puesto de subsecretario de Finanzas se quedó en 1995 con un cheque de 23 mil dólares que había aportado el Club de Temaxcalapa, municipio de Taxco de Alarcón, para realizar obras en su comunidad. Después de múltiples gestiones de franco enojo, el gobierno de Ángel Aguirre tuvo que apechugar ese desfalco y regresar el dinero. Como tengo las pruebas en la mano, y Vicario siempre me responde, las podemos exhibir el día y hora que convengamos.

El nuevo gobierno democrático y de izquierda que asumirá su gestión el primero de abril de 2005 tendrá que plantearse todo un programa de atención a los migrantes cuyo número hoy alcanza casi el 25 por ciento de los guerrerenses. La creación de una Secretaría de atención a los migrantes; otorgarles sus derechos políticos a fin de que voten en las elecciones guerrerenses y elijan diputados migrantes; el fomento a la organización de los guerrerenses que hoy están dispersos en varios estados de la Unión Americana; la atención académica de la UAG y el incremento de los vínculos culturales y educativos, son entre otros los retos que tendremos que enfrentar en la nueva era que comenzará en Guerrero.

Miscelánea: Un día sin mexicanos, la película que está en cartelera en todo Guerrero es digna de verse. Es un relato-ficción bien hecho de lo que pasaría si un buen día desaparecieran los mexicanos de California. Refuta fílmicamente las tesis racistas de Huntington y otros intelectuales conservadores de Estados Unidos que hoy hablan de una invasión mexicana y de que se está creando un nuevo país, Mexinfornia.

El final feliz de esta película no empata con la realidad diaria de las agresiones que sufren nuestros trabajadores al cruzar la frontera, que sufren toda clase de vejaciones y por si fuera poco, balas de goma, autorizadas por el gobierno foxista. En breve se exhibirá la película Fahrenheit 9/11 de Michael Moore que exhibe y desnuda al gobierno de George W. Bush.

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 PLAZA PÚBLICA  

Creel y González  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Un incidente procesal, provocado tal vez deliberadamente, aplazó sin fecha la aprobación del dictamen donde se establece que el ahora secretario de Gobernación Santiago Creel gastó por encima del tope legal en su campaña por la jefatura de gobierno de la ciudad de México, hace cuatro años. Mas la posposición dista de significar que el riesgo de que el comité capitalino de Acción Nacional y el propio Creel sufran sanciones no se ha alejado ni menos eliminado por completo.

El 22 de abril del año pasado, el Partido Alianza Social, que dejó ya de existir, demandó ante el Instituto Electoral del Distrito Federal investigar el pago a Visión Films presuntamente hecho por el Fideicomiso para el desarrollo de la democracia en México, cuyos responsables eran Lino Korrodi y Carlos Rojas Magnon, para producir propaganda en favor de Creel. Instados durante meses a que respondieran a la autoridad electoral sobre ese tema, ninguno de esos amigos de Fox dio siquiera acuse de recibo a los mensajes del IEDF mientras duró la investigación.

Sin embargo, el 28 de julio pasado, en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, Korrodi admitió el hecho. Y cómo no hacerlo, dijo, si se expidió un cheque. Con esa afirmación y otros elementos, el órgano fiscalizador cerró su indagación el 12 de agosto, y se preparó para presentar el dictamen respectivo ayer, día 18. Pero en la víspera, el 17 de agosto, la Comisión recibió tres escritos, uno de Carlos Robledo Carretero, apoderado legal de Korrodi, otro de la apoderada de Visión Films, María de Lourdes Ruiz Sánchez y un tercero, de Ignacio Creel Cobián. Ayer mismo, a primera hora de la mañana, minutos antes de que se iniciara la sesión del consejo general del IEDF que conocería el dictamen, Korrodi y Rojas Magnon presentaron sendos escritos. La comisión fiscalizadora se había abstenido de valorar los tres primeros por haber concluido la investigación, pero el consejo la autorizó a hacerlo, incluyendo los más recientes.

El dictamen, que no fue rechazado, y cuyo sentido difícilmente podría ser modificado por los cinco documentos conocidos a última hora, establece que el PAN había reportado un gasto de 33.8 millones de pesos. Agregados los cinco recibidos de Korrodi y no reportados, la suma ascendió a 38.8 millones, 2.1 millones más del tope establecido, que fue de 36.7 millones de pesos. Luego entonces, la Comisión propuso en el dictamen –sólo aplazado, por ahora–sancionar al PAN por tres motivos: por no reportar todos los recursos que gastó, por recibir aportaciones de una persona moral –el Fideicomiso para el Desarrollo de la Democracia–, lo que está prohibido y, sobre todo, por rebasar el límite del gasto electoral. Cuando se valoren los documentos recién llegados, se acople a esa operación el dictamen ya elaborado y lo apruebe el consejo general (tal como suele ocurrir con los sólidos dictámenes de esa comisión fiscalizadora), se iniciará el procedimiento para fijar la sanción administrativa, que puede ir desde una simple amonestación hasta una multa que puede privar de recursos al PAN capitalino durante varios meses. A lo largo de ese procedimiento el partido podrá hacer aclaraciones y alegatos. Quedan abiertas, además, las vías hacia los tribunales, el local y el federal, si el PAN se inconformara con la sanción que se le imponga (u otros partidos la estimaran leve).

El dictamen cuya revisión se aplazó incluye la propuesta de dar vista del resultado de la indagación al ministerio público, una vez que tal dictamen haya causado estado (es decir, cuando ya no sea judicialmente impugnable). Es que en el DF el exceso de gasto en una campaña es delito. Conforme al artículo 406 del Código vigente en el momento en que se habría cometido el ilícito (356 del nuevo ordenamiento, aprobado en julio de 2002), se impondrán de uno a seis años de prisión, y de cien a 200 días multa al funcionario partidista o al candidato que “se exceda en el monto de los topes para gastos de campaña establecidos de acuerdo a los criterios legalmente autorizados previo a la elección”.

Es remota la aplicación de ese dispositivo penal, pero es jurídicamente posible, por lo que podría realizarse un cruzamiento de acusaciones: la procuraduría del DF, si para entonces Creel sigue siendo secretario de Gobernación, pediría su desafuero para iniciar en su contra acción penal por ese ilícito, en réplica a la semejante petición, con el mismo propósito, enderezada por la PGR contra Andrés Manuel López Obrador.

Acaso con esa posibilidad en la mente, el miércoles se anunció la designación de Felipe González González, gobernador de Aguascalientes, como subsecretario de gobierno, en remplazo de Ramón Martín Huerta, nuevo secretario de Seguridad Pública. Aunque no es obligatorio atender el escalafón, como encargado del despacho en ausencia del secretario, el subsecretario de Gobierno estaría llamado a sucederlo si renuncia o pide licencia, con lo que tal vez lo ocurrido anteayer fue el nombramiento de un ulterior secretario de Gobernación.

Aun como subsecretario, y más aún en la posición superior, asombra el nombramiento, por la inexperiencia del designado, la que se mostró aun en el modo en que se anunció su traslado a la ciudad de México. La Comisión permanente de la legislatura de Aguascalientes no recibía aún la solicittud de González para marcharse, ni él conocía bien a bien su destino inmediato, cuando en la ciudad de México Creel le daba la bienvenida a Bucareli.

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 ESTRICTAMENTE PERSONAL

  Cacería desde Los Pinos  

Raymundo Riva Palacio  

En los últimos días ha venido circulando una versión en la industria editorial en el sentido que Alfonso Durazo, ex secretario particular y vocero del presidente Vicente Fox, estaba por publicar un libro bajo el sello de una firma española en la cual detallaría los pormenores de su paso por Los Pinos. “Será una bomba”, anticipaban de sus incendiarias páginas. Sin embargo, gente cercana a Durazo asegura que es falsa la versión y que él, con su carta de renuncia-denuncia de 19 páginas hace cerca de un mes, dejó saldado su diferendo en la casa presidencial.

Si realmente lo considera así, Durazo es un ingenuo. Las aguas no están nada tranquilas, y la circulación de tal especie sugiere la descomposición. Una parte de su equipo ha sido maltratado hasta la humillación. Los responsables del desaseo son mastines de la señora Marta Sahagún, lo que no es un descubrimiento, pues son sus huestes, por encima de las de Fox, las que han hecho tropelías constantes en cada terreno que pisan. Pero en realidad, Durazo sólo ha sido el último pretexto de una cacería contra aquellos que consideran sus enemigos o que no comparten el proyecto particular que corre a la par del proyecto nacional del presidente, sino que forma parte de una deliberada estrategia de limpieza política en la que, además de la señora, participa activamente el director de Innovación Gubernamental Ramón Muñoz.

Desde Los Pinos, la señora y Muñoz han utilizado los recursos del Estado para fines políticos, de la misma forma como en la parte más criticada de los regímenes priístas se empleaban. Durazo fue, dentro de Los Pinos, a la persona que más hostigaron por sus orígenes priístas, y siempre le tuvieron recelo por esas raíces, pese a haber renunciado al partido hace cuatro años. Lo hostigaron dentro de la casa presidencial y arrinconaron con el apoyo de la señora, Muñoz y la colaboración, en su momento, del asesor de imagen presidencial, Francisco Ortiz.

Desde que llegó Durazo a ocupar las dos posiciones estratégicas dentro de la Presidencia, se ordenó al Cisen que realizara espionaje sobre de él. Es decir, el manejo político de un servicio de inteligencia que en el pasado fue utilizado como policía política por la Presidencia, regresó a ese origen. El Cisen depende de la Secretaría de Gobernación, por lo que parece imposible que el secretario Santiago Creel no supiera de la actividad ilícita que estaba realizando la dependencia en el caso de Durazo, o que él mismo no hubiera sido quien autorizara el espionaje sobre el colaborador del presidente. Por meses Durazo fue espiado por el Cisen para tratar de probarle deshonestidad y traición a su jefe. Por los resultados, no parece que le hayan podido probar ningún acto de esa naturaleza, que es el presunto comportamiento que le adjudicaron a priori.

Durazo no fue el único afectado por el espionaje. Muñoz ordenó una investigación detallada de cuadros priístas en Pemex, una dependencia donde tanto él como la señora han tenido fuerte interés desde que comenzó el sexenio. Uno de los subproductos de ese espionaje fue un documento –del cual nunca han reconocido la paternidad en Los Pinos–, donde se describía una parte de la estructura en la que figuraban los antecedentes de los funcionarios que habían pasado por el PRI, y sus vínculos políticos pasados. El documento de 20 páginas dibujó lo que sucedería: todas las personas cuyos nombres aparecieron en el informe, presuntamente elaborado por la oficina de Muñoz, fueron despedidas y no pudieron contratarse en ninguna oficina del gobierno foxista.

El trabajo de limpieza política ha venido siendo realizado en todo el país. La parte más notoria de esa operación se ha dado con el relevo de todos los delegados federales que no pertenecen al PAN. En la estructura del gobierno federal, pese a la federalización que se ha llevado a cabo, se mantienen delegados como representantes ante los gobiernos estatales, con los cuales se analizan planes de participación federal y se revisan los recursos. En los regímenes priístas, los delegados no eran piezas tan importantes porque los recursos aplicados a la política se distribuían a partir de los gobernadores o de los representantes de los programas de desarrollo social. En la actualidad, el control político sobre los recursos federales se está realizando a través de los delegados. Varios gobernadores de oposición se han venido quejando de la utilización política de esos recursos y de la injerencia directa en los procesos electorales por parte de los delegados. No han hecho todavía una denuncia pública, pese a tener, afirman algunos, documentada la irregularidad.

Lo que está sucediendo en Los Pinos no es algo inusual o sorprendente en lo político. Lo relevante es que un equipo que se le considera totalmente inepto en la operación política, está demostrando que sí ha aprendido a tejer política florentina. El aniquilamiento político de sus rivales es una de las premisas básicas de la consolidación del poder. El control de los recursos que generan poder, es un instrumento indispensable para poder mantenerlo y doblegar a sus adversarios. Está claro, con estos botones de muestra, que en Los Pinos perdieron la ingenuidad y están aplicando el manual del político. Que este manual los acerque a los regímenes priístas no debe inquietarlos en lo más mínimo. Utilizando a los cuerpos de seguridad como policía política, manipulando los recursos para sus fines de corto y mediano plazo, cerrando las tuberías de los recursos para abrirlas en función de negociaciones políticas, fueron y son herramientas del poder. Es su esencia, y verla no es un ejercicio de cinismo. Que puede caminarse hacia otro estadio y encontrar los contrapesos legales y políticos a esos abusos, es cierto. Pero este gobierno no es del cambio, como sigue proclamando. Es una derivación moderna del priísmo y su política de cañerías, siguiendo su vieja escuela, la de Nicola de Lampedusa en Gatopardo, de cambiar para no cambiar.

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