GUERRERO

Rechaza Salud la recomendación de la Codehum para indemnizar a 14 indígenas

 El documento es ilegal e incongruente, pues hubo conformidad de los afectados al practicarles la vasectomía, y todo está grabado, asegura el jefe del área jurídica de la Secretaría, Luis Enrique Díaz

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

Por “ilegal” e “incongruente”, la Secretaría de Salud rechazó ayer la recomendación 035/2004 que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en la que pide indemnizar a 14 indígenas me´phaa (tlapanecos) de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, quienes fueron esterilizados en abril de 1998 con engaños.

El jefe del área jurídica de la Secretaría de Salud, Luis Enrique Díaz Rivera, aseguró que esa dependencia “no acepta” la recomendación porque es “ilegal”, debido a que “no hay ningún elementos que pueda considerar a la Secretaría de Salud como probable responsable de esta vasectomía”.

Consultado en el estacionamiento de esa secretaría, Díaz Rivera citó que en marzo de este año, como institución se reunieron con los indígenas esterilizados; ahí “participó directamente el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, y delante de él uno por uno manifestó, tanto en su idioma como en español, su conformidad total con la vasectomía”.

Refirió que en esa reunión la dependencia “ofreció” a 17 indígenas una recanalización, “pero todos, y tenemos el video grabado, como lo tiene la Codehum, todos manifiestan su conformidad con la vasectomía y no quieren ser canalizados, pidieron que se les construyera y equipara una casa de salud que hasta la fecha sigue funcionando”.

Sobre la recomendación, en la cual se pide la indemnización de los indígenas de El Camalote, Díaz Rivera respondió que “la indemnización tendría que determinarla un juez  y no la Codehum, la comisión no tiene facultades para determinar una probable indemnización, en caso de que ésta existiera se tiene que probar un daño y todos manifestaron su conformidad”.

Sobre si se va a acatar, el funcionario expresó: “digamos que vamos a volver a presentar los elementos que ellos –la Codehum– ya conocen y tienen en su poder para que traten de encauzar esto como debe ser, porque no hay elementos de peso que consideren que la Secretaría tuvo responsabilidad aquí”.

–¿Cuál es el fondo de esta recomendación?– se le preguntó

–Seguramente es político, no me queda claro, pero legalmente no hay ningún elemento que pueda considerar a la Secretaría de Salud como probable responsable de esta vasectomía.

Indicó que detrás de los indígenas de El Camlote, y por intereses económicos, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “son los que están en esto, incluso en la reunión que tuvimos en marzo las esposas de los indígenas denunciaron que estaban molestas con ellos porque las obligaron a decir cosas y ellas no querían”.

La primera recomendación

Díaz Rivera recordó que esta es la segunda recomendación que recibe la Secretaría de salud por casos de esterilización a indígenas de Ayutla.

La primera, que en 2002 aceptó la dependencia, fue la recomendación 014/2002 que envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –como parte del recurso  de queja de la Codehum, al no ser acatada la recomendación 041/99 del organismo estatal– porque en aquella ocasión “no se contaba con la documentación que firma el paciente de conformidad, y hoy sí se tiene información para determinar que no se forzó la vasectomía”.

La recomendación de la CNDH abarcaba los casos de los indígenas mixtecos de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, no así los casos de los me’phaa o tlapanecos de El Camalote, “y que por argumentos de las esposas no fueron forzados y no se les prometió nada a cambio, eso nos hizo considerar que la Comisión no iba a emitir otra recomendación”.

Agregó que en la primera, la Secretaría de Salud pagó a cada indígena en especie: “se les dio 7 mil pesos, apoyos de Sedesol, así como de educación”, y lamentó que para el caso del dinero “no pudimos constatar que ellos se lo daban al dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, quien los manejaba, pero tenemos pruebas suficientes para demostrar que entre 2 mil y 3 mil pesos se los dieron a él”.

Dijo que en esa ocasión fueron sancionados el médico general Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito, y el promotor Rafael Almazán Solís, “porque no habían los elementos, recién se habían recabado y no hubo oportunidad de presentarlos ante la Codehum, por eso recayó la primera recomendación, pero hoy se tienen todos los elementos para demostrar que no hay responsabilidad”.

Mencionó que la recomendación actual “habla de comenzar una investigación y en su caso sancionar a los mismos trabajadores, pero los elementos que se tienen nos hace concluir que actuaron como lo marca la Norma Oficial Mexicana de Servicios de Salud Reproductiva”.

Según Díaz Rivera, la recomendación pide únicamente la indemnización para los 14 indígenas, pero criticó que “en el escrito inicial de la Codehum no precisa cuál es la queja, sólo presentan un escrito diciendo que fueron esterilizados, es incongruente”.

 Piden a Carrillo Prieto reabrir el caso de la masacre de copreros en Acapulco, en 1967

 Exigen sobrevivientes castigo para los responsables, entre ellos el actual diputado priísta Efraín Zúñiga Galeana

 Karina Contreras  

A 37 años de la masacre de copreros en Acapulco, 1967, los sobrevivientes pedirán al fiscal especial para Movimientos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, que reabra el caso y se castigue a los culpables, entre ellos el actual diputado priísta Efraín Zúñiga Galeana. Manifestaron que todavía sigue la impunidad en el caso, en el cual murieron 35 copreros y 150 resultaron heridos.

En una conferencia de prensa, los copreros sobrevivientes Luis Vargas Mena y Elías Herrera, acompañados del secretario general de la Unión Mercantil de Productores de Coco, Jorge Luis Salas Pérez, informaron lo anterior, y mostraron fotografías de los hechos sucedidos en el edificio ubicado en la Avenida Ejido y Calle 6, el 20 de agosto de 1967.

El dirigente coprero Jorge Luis Salas Pérez recordó que ese domingo, 20 de agosto, los campesinos fueron traicionados por el gobierno y los caciques del estado sólo porque protestaban por los altos impuestos que cobraban por palma de coco, y en respuesta fueron emboscados.

Adelantó que pedirán a la Fiscalía Especial que reabra el caso para que se castigue a los involucrados, como Efraín Zúñiga Galena, quien en ese entonces era estudiante y fue enviado por el acaparador general de la copra, Candelario Ríos Campos –quien era su padrino– para desbaratar el movimiento.

Dijo que como pruebas presentarán fotografías y testimonios de sobrevivientes de la masacre de copreros, como Luis Vargas Mena y Elías  Herrera, pues dijo que los delitos de lesa humanidad no prescriben cuando “hay heridas que no son fácil de cicatrizar. Queremos que se reabra el caso para que se investigue porque hay los elementos suficientes”.

Por otro lado, demandó que al juez sexto de lo civil, Juan Sánchez Lucas, agilice el juicio reivindicatorio 381-1, para que José Murga Cortés les devuelva el edificio de los copreros donde ocurrió la matanza, pues está disfrutando algo que no es suyo.

Aseguró que desde la matanza la situación no ha cambiado, sólo han cambiado los actores políticos “quienes siguen actuando con la misma vileza”.

“Pedimos Justicia”

Luis Vargas Mena recuerda con dolor la masacre de copreros, y de sus ojos cansados ruedan lágrimas mientras cuenta lo qué pasó ese domingo, cuando miles de copreros fueron emboscados en el edificio sede por policías de varios municipios, quienes con sus balas trataron de acallar su protesta.

Cansado y con voz pausada, Don Luis cuenta que a pesar de tantos años todavía siente dolor por lo sucedido, una lucha que empezó en 1951 por el bajo precio de la copra, y un impuesto criminal de 10 pesos por pie de palma en producción que les pretendía imponer en ese entonces el gobernador en turno.

Narró que los campesinos fueron recibidos a balazos, lo que provocó que desesperadamente buscaran un lugar para salvar su vida.

Indicó que que quienes ordenaron la masacre fueron Candelario Ríos Campos, el principal acaparador de la copra de ese entonces; el ex procurador –ya muerto–, Daniel Pano Arciniega, e incluso los Terrazas del poblado de La Sabana. Precisó que dispararon policías de Coyuca de Benítez, San Jerónimo, San Marcos, y los Terrazas llevaron a los policías de su pueblo.

Finalmente, Don Luis pidió que se reabra el caso para que se castigue a los culpables y la masacre no quede impune, y agregó que los copreros lo que quieren a 37 años es justicia.

El gobierno impide que investiguen por secuestro al alcalde de Olinalá, acusan

 El presidente municipal Víctor Apreza Salgado y el ex alcalde Manuel Sánchez Rosendo tienen cargos además por narcotráfico y robo de autos, denuncian familiares de un detenido por el rapto de un ganadero de ese municipio de La Montaña

 Zacarías Cervantes Chilpancingo  

El presidente municipal de Olinalá, Víctor Apreza Salgado, y el ex alcalde Manuel Sánchez Rosendo al parecer reciben protección del gobierno estatal para evitar ser investigados por secuestro, narcotráfico y robo de vehículos, según cartas y documentos enviados a El Sur, así como declaraciones de familiares de un detenido en el penal de Chilpancingo acusado de pertenecer a la misma banda, pero quien se dice inocente.

En dichos documentos, algunos de los cuales han sido enviados al gobernador René Juárez, los familiares del interno Víctor Patrón González expresan también su preocupación porque han sido amenazados de muerte, a través de llamadas telefónicas, para impedir que hablen del caso a pesar de que el asunto trascendió desde el 12 de agosto, cuando fueron detenidos seis presuntos miembros de esa banda y uno de ellos, Isidro Lozano Díaz, señaló a Sánchez Rosendo como el responsable intelectual del secuestro de Eustorgio Salgado Venegas.

Los familiares de Patrón González informaron que las pruebas contra Sánchez Rosendo y contra Apreza Salgado, primo del detenido, serán llevadas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), dependencia federal que ha retomado la investigación.

La esposa de Víctor Patrón González, Silvia Romano Guevara, recuerda que su marido fue detenido el 4 de junio de 2002 en Huamuxtitlán, por agentes de la Policía Judicial del Estado destacamentados en Chilpancingo, e incomunicado durante tres días.

Señala que –según le comentó su esposo– durante ese tiempo lo mantuvieron en una casa de Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, en donde fue torturado para que se declarara culpable del secuestro del ganadero de Olinalá, Eustorgio Salgado Venegas, y fue presentado hasta el día siete de ese mismo mes.

También le dijo que el día que ingresó al Centro de Readaptación Social de esta capital, observó que fueron internados con él José Virginio Lucero, quien se desempeñaba como chofer del entonces presidente municipal Sánchez Rosendo, y José Guadalupe Rendón González, quien era director de la Policía Municipal, también acusados por ese secuestro.

En esas fechas, Virginio Lucero y Jaime Salgado, hijo de Eustorgio Salgado, eran precandidatos del PRI a la Presidencia Municipal de Olinalá. “El padre de Jaime Salgado fue secuestrado y Virginio Lucero acusado del secuestro; a ambos se les quitó del camino”, dice en un escrito Silvia Romano.

Y para deslindar la responsabilidad de su esposo, agrega que la fecha en que se cometió el secuestro, el 24 de noviembre de 2001, Víctor Patrón estaba internado en el centro de readaptación para Alcohólicos Anónimos El Cráter, de Cuauatla, Morelos, a donde ingresó el 17 de noviembre y salió el 23 de diciembre.

La mujer cuenta como prueba de ello con una constancia de los directivos de ese centro, la responsiva firmada por su hija Lorely Patrón, y un documento notarial firmado por el notario Luis Felipe Xavier Quemes Ríos.

“Por lo que es imposible que él haya participado en el secuestro y mucho menos que sea el jefe de la banda, como así lo quiere hacer ver el alcalde de Olinalá, Víctor Apreza Salgado”.

Y es que denuncia que el alcalde pretende “desviar la atención y las investigaciones que en últimas fechas apuntan hacia el ex alcalde y miembro de su grupo político, Manuel Sánchez Rosendo, como el autor intelectual del secuestro de Eustorgio Salgado Venegas”.

Romero Guevara señala que resulta extraño que el alcalde Apreza Salgado “no se muestre preocupado por esclarecer el supuesto secuestro de su hermano, Hugo Apreza Salgado, ocurrido hace un año, pero sí se preocupe porque mi esposo no salga de la cárcel, convirtiéndolo en chivo expiatorio para que el ex alcalde de Olinalá, Sánchez Rosendo, no pise la cárcel”.

Y luego señala que en ese municipio “es un secreto a voces que todo el grupo político del ex alcalde Sánchez Rosendo está ligado a los secuestros, por lo que no se descarta que el presidente municipal Víctor Apreza Salgado esté inmiscuido”.

Indicó que de las actividades ilícitas de Sánchez Rosendo están enteradas las autoridades estatales, pero que extrañamente no ha sido investigado por la PGJE, y que no duda que por tratarse el ex alcalde de un político priísta “bien relacionado” sea protegido por funcionarios de alto nivel del gobierno del estado.

Indicó que ahora que la SIEDO ha tomado la investigación del caso presentará todas las pruebas con las que cuenta, “para que la AFI no descarte la línea de investigación al ex alcalde y al actual alcalde Víctor Apreza Salgado, como integrantes de esa banda y con ello mi esposo recobre la libertad porque es inocente”.

Sánchez Rosendo vende autos robados, acusa reo

Mientras que en una carta, el interno Víctor Patrón González denuncia que el ex alcalde Sánchez Rosendo no sólo se dedica al secuestro, también a la venta de autos de dudosa procedencia que trae del Distrito Federal, los cuales hasta hace dos años ocultaban en las comunidades de Xixila y Tetixi, del municipio de Olinalá, caso que –recordó– ya fue tratado en el programa “A quien corresponda”, de Televisión Azteca.

Señala que esos vehículos son legalizados en la propia Recaudación Fiscal de Tlapa y el caso tampoco fue investigado por las autoridades estatales.

Denuncia que la banda a la que pertenecen Sánchez Rosendo y Apreza Salgado “transportan droga en baúles de artesanías con doble fondo, y son vendidos en la ciudad de México y en el extranjero, concretamente en el hotel México, a una persona de nacionalidad estadunidense”.

En su documento, demanda a las autoridades federales y al gobernador René Juárez que se aclaren estos hechos para que el ex alcalde y el actual no continúen gozando de impunidad, “mientras yo me encuentro encarcelado sólo porque ellos me involucran para deslindarse”.

En una carta más, Patrón González denuncia que su familia ha sido amenazada de muerte y de ello responsabiliza a su primo, el alcalde Apreza Salgado.

Señala que el 8 de agosto, su hermana Rosaura Patrón recibió una llamada telefónica del número 47 3 00 40, propiedad de Eustorgio Salgado Venegas.

Mientras que el lunes 9 de agosto recibió otra llamada su hermana Angelina Patrón, del número telefónico 47 3 0275 de Olinalá, pero no dice de quién es propiedad la línea.

Mientras tanto, su esposa Silvia Romero Guevara aseguró que el mismo lunes se presentaron al cuarto donde renta, en esta capital, tres hombres y dos mujeres con aspecto de policías ministeriales, quienes preguntaron a sus vecinos por ella y la hora en que acostumbra llegar.

“Señor gobernador, hago de su conocimiento que estas amenazas vienen de este señor Víctor Apreza y son con la intención de que yo permanezca callado, a pesar de lo que él ha dicho de mi, que yo pertenezco a una banda de secuestradores de La Montaña, cosa totalmente falsa, pero estoy preso por invenciones y mentiras en mi contra como de mi familia por parte del grupo de Sánchez Rosendo y Apreza Salgado”, denuncia en su escrito.

Poca asistencia en una marcha contra la inseguridad en Taxco

 Al final la protesta se volvió tribuna para las exigencias personales de varios grupos, por eso no hubo convocatoria, denuncia el alcalde Abraham Ponce

 Claudio Viveros Hernández Taxco  

Con escasa asistencia de ciudadanos y la participación de grupos que expresaban demandas personales, el miércoles se efectuó una marcha en Taxco, la cual sería contra la inseguridad, el ambulantaje, la corrupción política, los fraudes en cultura y contra el alcalde Abraham Ponce Guadarrama.

Los inconformes también se manifestaron en la Plazuela de San Juan, en el Centro de la ciudad.

De la protesta, el alcalde indicó que “salieron a flote los motivos reales y todo porque no se cumplieron los caprichos de algunos”, como el incluir en la nómina del Ayuntamiento a más de 20 reporteros, registrados por el Club de Periodistas de Taxco, del cual el vocal de Honor y Justicia, Javier Ruiz Ocampo, fue uno de los principales organizadores de la protesta.

La marcha, supuestamente convocada por la Unión de Usuarios, la Unión Nacional Sinarquista y el Movimiento Municipal de Cultura, apenas rebasó un centenar de personas, entre las cuales había vendedores de artesanías de Xalitla, radicados en Taxco, comerciantes ambulantes y semifijos asentados a lo largo de la carretera que atraviesa la vieja terminal de autobuses, y un pequeño grupo de organizadores que se ostentaron como defensores del municipio.

Pero a falta de concurrencia, la manifestación quedó a cargo de los promotores, quienes por medio de un aparto de sonido evidenciaban algunos problemas por los que atraviesa el municipio.

Luego de exhortar a los taxqueños a no quedarse callados, el tema inicial de la inseguridad pública fue relegado.

Asimismo, hubo molestia de transeúntes por la falta de transporte, por que el paso de vehículos fue interrumpido en esa zona para evitar confrontaciones.

Evidencias de corrupción

Mientras que el presidente municipal Abraham Ponce Guadarrama indicó que el fracaso de la marcha “era evidente si partimos del hecho de quien la convocó: el señor Lorenzo Serrano Gutiérrez, líder de tianguistas y ambulantes; Javier Ruiz Ocampo, con decenas de evidencias de corrupción en los cargos que ha tenido en el gobierno estatal, y un ingeniero de apellido Castillo, quien ofreció al Ayuntamiento porcentajes del 10 al 15 por ciento por el hecho de asignarle algunas obras”.

Agregó que afortunadamente “la sociedad taxqueña sabe quiénes son estas personas, que no tienen ninguna credibilidad ni autoridad moral para hacerles caso”, incluso hubo tianguistas y ambulantes que dijeron haber sido obligados bajo la amenaza de retirarlos del lugar que tienen en la vía pública.

Sobre el motivo de la protesta, Ponce Guadarrama aseguró que no hay argumentos ni congruencia de los organizadores, quienes también convocaron por la dignidad de Taxco, por medio de volantes. “Cómo es posible que una persona que quiera resolver los problemas de la vialidad los ocasione al poner y defender a gente para invadir las calles”.

Afirmó que “uno de los que azuzaron a la gente fue Javier Ruiz Ocampo. Sabemos quién es y cómo se ha desempeñado a lo largo de muchos años. Él estuvo en la emisora en Taxco de RTG, y le preguntaría a la dirección de ese tiempo y a sus compañeros cómo y porqué salió de ahí al haber tráfico de influencias, facturas apócrifas, robo de materiales y producciones grabadas de muchos años, y donde no había cuentas claras. Salió de manera vergonzosa y los taxqueños lo sabemos”.

Precisó que los señalamientos contra él son directos, de tipo personal, por parte del excronista de Taxco, Ruiz Ocampo, quien se hace llamar historiador, por lo que Ponce Guadarrama advirtió que en este caso “hay tela de donde cortar”, pero el señor Ruiz Ocampo no tiene ninguna autoridad moral para señalarme. Así como su trayectoria en RTG –denunció– en la biblioteca pública La Lajuela el inventario bibliográfico bajó considerablemente cuando estuvo a su cargo.

Afirmó que “en el Museo Spratling hizo tráfico de influencias del INAH para deteriorar la imagen de Taxco, con indebidas licencias de construcción, y en la Casa Borda él abrió y permitió instalar tianguis y comercios personales y propició su destrucción”.

Reviró que los organizadores “ni siquiera pudieron marchar porque no tuvieron gente, sólo había puros agitadores profesionales, el fracaso estaba anunciado desde antes y por eso no distraje mi atención en ocuparme de esto y seguí con mi trabajo”.

Las inclusiones en nómina

Ponce Guadarrama reveló que con fecha del 1 de agosto de 2004, el Club de Periodistas de Taxco, junto con su vocal Ruiz Ocampo, le pidieron, mediante un escrito, que sus representados tuvieran un salario digno en el Ayuntamiento “y me anexan la lista de 23 colegas que esta persona encabeza”.

Aseveró que rechazó la solicitud porque “no podía cumplir ese capricho, no puedo regalar el dinero del pueblo que está para administrarse en los programas. No puedo desviar dinero ni incrustar en la nómina a 23 de sus compañeros. Esto no es ningún invento”.

Finalmente, el alcalde aseguró que en el municipio hay paz social y los intereses de personas o de grupos no van a frenar los proyectos y resolver problemas.

Que no se haga tonto porque no ha habido investigaciones, responde Ernestina Aguilera al fiscal Monreal

 Marchan la hermana de Leodegario Aguilera y reporteros del Zócalo a la delegación de la PGR. Advierte que les da un plazo de 72 horas para la liberación de su hermano

 Roxana Ibarra  

Ernestina Aguilera Lucas encabezó una marcha ayer en la que participaron unos 20 reporteros de diferentes medios de comunicación, del Zócalo de la ciudad a las nuevas instalaciones vacías de la delegación de la Procuraduría General de la República, atrás de las oficinas de la Secretaría de Protección y Vialidad, donde bloquearon la calle Caminos por media hora, para exigir el esclarecimiento del secuestro del editor de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, y su presentación con vida.

Ernestina Aguilera, hermana del editor secuestrado consultada antes de comenzar la marcha, respondió, a las declaraciones publicadas en la edición del martes de El Sur, del fiscal especial para Delitos Graves de la Procuraduría general de Justicia del estado (PGJE), Fernando Monreal Leyva, quien dijo que sólo ha obstaculizado las investigaciones. “Que no se haga tonto porque no ha habido investigaciones”.

“Que no me quiera ganchar cosas y que no me quiera ganchar a mí la ineptitud que ellos tienen como servidores públicos, ellos deben aclarar las cosas, yo no”, remarcó.

Agregó que el fiscal está ahí para entorpecer las investigaciones de todos los secuestros.

Desmintió que existan problemas familiares entre ella, la concubina e hija de su hermano como lo dijo también el fiscal especial.

Mencionó que tres días antes de que secuestraran a su hermano, que fue el 22 de mayo, éste discutió con el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, y le dijo que había investigado todas las propiedades del gobernador René Juárez Cisneros y las iba a publicar.

Responsabilizó del delito al gobernador de Guerrero, al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y al secretario general de gobierno, por ser responsables de la seguridad en la entidad. Les dio un plazo de 72 horas para la liberación de Leodegario Aguilera, de lo contrario tomará las medidas necesarias, así lo señala en un documento que entregó a los reporteros que cubrían la marcha.

Durante la marcha por la avenida Cuauhtémoc, de la cual abarcaron medio carril haciendo el tráfico lento, portaron cartulinas en las que escribieron las siguientes frases: “No más familias devastadas por el secuestro”, “los periodistas de Guerrero exigimos la presentación con vida de Leodegario Aguilera”, “en Guerrero no se respeta la libertad de expresión”.

Al final de la manifestación, el líder de la organización Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velásquez Flores, anunció que el lunes 23 se llevará a cabo una marcha, en la cual participarán el Frente de Defensa Popular (FDP), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), que dirige Benigno Guzmán; el Frente Popular Tierra Digna, la Coordinadora Estatal de Transportistas independientes de Guerrero (CETIG) del municipio de Coyuca de Benítez a Acapulco, que partirá a las 8 de la mañana, para demandar el cumplimiento de sus respectivas demandas.

En Acapulco, se integrará el grupo de reporteros que participó en la marcha de ayer para exigir el esclarecimiento del secuestro de Leodegario Aguilera.

A la manifestación también asistió el coordinador regional en Acapulco de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.

Sigue el vertimento de aguas negras al mar, afirman

 Hay escasa sensibilización de empresas y usuarios para conservar el agua: CNA

 El subgerente de Normalización de la Comisión Nacional de Agua (CNA), Sergio Volantín Robles, aseguró que hay escasa sensibilización de los usuarios y empresarios para conservar el medio ambiente por medio del acatamiento de las normas oficiales mexicanas, pues –dijo– continúa el vertimiento de aguas negras al agua.

Ayer fueron inaugurados los talleres sobre Normas Oficiales Mexicanas del sector agua, en el hotel Camino Real, los cuales concluyen hoy.

Allí el funcionario reiteró la importancia de difundir la normatividad que –aseguró– ayudará a contrarrestar la contaminación de las aguas.

Sergio Volantín especificó la responsabilidad de las administraciones municipales en las construcciones y rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas negras.

Aunque precisó que sí hay vigilancia de la CNA en el vertimiento de aguas contaminadas a aguas limpias, lamentó que “no hay conciencia” por parte de algunas administraciones municipales y las industrias, las cuales “no cumplen con la norma y descargan (aguas contaminadas)”, y al pretender aplicarles la normatividad “recurren al amparo” cuando “el problema de contaminación es grave”.

Reiteró que “hay resistencia al cambio” que implica acatar la normatividad ambiental, como es la instalación y funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas negras por parte de los municipios. Estimó que hasta el momento es tratado sólo 25 por ciento de las aguas negras generadas en el país.

Planteó un panorama general de las condiciones de las plantas tratadoras de aguas negras, incluyendo las del estado, al mencionar que algunas de estas obras están mal diseñadas, funcionan”más o menos bien”, tienen carencias de recursos económico y de trabajadores.

Pero aún así descartó que la CNA haya detectado focos rojos de contaminación, y precisó que en Guerrero los mantos acuíferos, de donde se suministra el agua, todavía no son dañados por las aguas negras.

En tanto, el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de Semarnat, Juan Elvira Quesada, mencionó que con los talleres se pretende conminar a los organismos operadores para cumplir con el tratamiento del agua, y recordó que existe responsabilidad conjunta en el saneamiento tanto de quien paga el servicio como de las autoridades encargadas del cobro.

El funcionario federal mencionó –como ejemplo– que en el país el cobro del servicio está de acuerdo con la riqueza del recurso natural. Por ejemplo, en La Paz, Baja California, el metro cúbico de agua tiene un costo de 9 pesos, mientras que en Villahermosa, Tabasco, es de 70 centavos, costos que representan “menos de la tercera parte” del costo real y aún así “la recaudación es baja”, además de que las fugas en la red de agua potable son el principal registro de pérdidas.

Mientras que el gerente estatal de la CNA, Jorge Octavio Mijangos Borja, reiteró que en el estado hay buena calidad del agua en las playas, que representan el principal atractivo.

Acusados de organización del Alto Balsas niegan desvío de recursos

 Los señalamientos tienen fondo político, dice Marcelino Díaz y Guillermo Alvarez Nicanor

 El titular de la Comisión de Finanzas, así como el ex titular del Fondo Regional del Alto Balsas (FRAB), Marcelino Díaz de Jesús y Guillermo Álvarez Nicanor negaron ayer que hayan desviado recursos de esa agrupación como señalaron integrantes del Consejo Directivo, y justificaron que las declaraciones tiene un fondo “político”.

En visita a la Redacción de El Sur, el titular de la Comisión de Finanzas del FRAB, citó que la noche del pasado 1º de agosto las oficinas de esa agrupación ubicadas en esta capital fueron “saqueadas” y el 3 robaron en las instalaciones que se encuentran en Xalitla. El saldo fueron 11 millones de pesos “en pagares que son cobrables” y 45 mil pesos en efectivo.

Acompañado por el ex titular de esa cartera,  Álvarez Nicanor, dijo que los responsables del “robó”, son el también miembro de la Comisión Financiera, Dionisio Ríos Mundo y el técnico del FRAB, Victórico Ríos Mundo.

El pasado miércoles en conferencia de prensa Victórico Ríos Mundo y su hermano Dionisio en conferencia de prensa dijeron que el Consejo Directivo del FRAB –que integran 30 comunidades–, durante una asamblea llevada a cabo el 31 de julio, desconocieron a Marcelino Díaz de Jesús y Guillermo Álvarez Nicanor por “abuso de confianza”y por “desvío de recursos”.

Sin embargo, ayer ambos integrantes del Consejo Directivo negaron haber sido desconocidos por las 30 comunidades porque “ esa asamblea nunca existió, quienes firmaron el supuesto documento aseguran haber sido engañados por Victórico y Dionisio Ríos Mundo”, aseguró Álvarez Nicanor.

Precisó que los hermanos Ríos Mundo “primero cometieron el robo y como se dieron cuenta de que estaban mal, un día después, el 4 de agosto, ellos acudieron a los pueblos para pedir a los consejeros que firmaran un documento en el que supuestamente pedían se hiciera una investigación a la Comisión de Finanzas”.

Pero según Álvarez Nicanor el documento “fue utilizado para justificar el robo”. Dijo que la actitud de Victórico Ríos es porque “no quisimos apoyarlo en sus aspiraciones políticas, él quiere ser presidente municipal de Mártir de Cuilapa, y pidió que el FRAB lo financiara, pero le dijimos que la organización no es para cuestiones políticas sino rurales”.

Por su parte Díaz de Jesús dijo que a raíz del robo levantaron denuncias ante el Ministerio Público de Chilpancingo e Iguala y que también el Consejo Directivo del FRAB se reunió el 8 de agosto, “ahí se acordó expulsar a los hermanos Ríos Mundo, porque si hablaban de irregularidades financieras, lo que debieron hacer fue pedir una auditoría y no robar los documentos”.

Justificó que los automóviles que tiene en su poder se compararon con el nombre un dirigente y no con el de la organización “porque, no estaba ésta reconocida legalmente y no es porque son nuestros”.

Criticó las acusaciones que hizo Victórico Ríos porque él “ha actuado de manera extraña porque falsificó la firma de una compañera para cobrar un cheque de la organización” .

Rechaza la CNA el proyecto de una empresa de Morelos para limpiar el río Cutzamala

 La propuesta de una tratadora de aguas residuales está incompleta y no solucionaría el problema, asegura el subgerente de la Comisión, Noel Hernández

 El subgerente de Tratamiento de Aguas Residuales de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Noel Hernández, rechazó un proyecto para un sistema de tratamiento de aguas negras en Ciudad Altamirano, presentado por la empresa Mexicana de Saneamiento, de Cuernavaca, Morelos, por considerarlo incompleto para solucionar el problema ecológico que enfrenta el río Cutzamala, en donde cae el drenaje.

En la reunión que sostuvo esta tarde el alcalde Ambrosio Soto Duarte estuvieron los regidores Alejandro Urióstegui, René Rabiela, Gustavo Juanchi, Leobardo Pérez Núñez, los representantes de la CNA y del grupo ecologista Rescate Ecológico de Pungarabato A.C., Porfirio Santamaría y José María Luna Juárez.

Participaron también representantes del Colegio de Arquitectos de la región de Tierra Caliente y de colegios de Ingenieros de la región y del estado, representados por Luciano Giles, Valentín Juárez Mastachi y José Luis León Zavaleta, respectivamente.

Allí exigieron que las autoridades municipales y de la CNA escucharan sus propuestas, aunque no hay consenso entre los especialistas para proponer un proyecto conjunto, que es una de las exigencias normativas de la CNA para poder aprobar un proyecto.

Respecto a lo presentado por la empresa Mexicana de Saneamiento, a la que representó Mario Sandoval, fue desechado por el representante de CNA por considerarlo “incompleto” y “sin fundamento para solucionar el problema” ecológico que se pretende atacar.

El proyecto tendría un costo de 17 millones 210 mil pesos, recursos que serían aportados por la CNA y la Semarnat.

Por su parte, el regidor de Seguridad Pública, Alejandro Urióstegui, manifestó que es urgente resolver el problema de contaminación, pero –dijo– no hay capacidad para absorber el gasto que significaría una planta tratadora de aguas residuales. “Primero debemos pensar en cómo vamos a pagar un adeudo de casi 3 millones de pesos que tenemos con la CNA por uso de agua del Cutzamala que es enviada a la planta potabilizadora”, y el cual se debe desde el año 2001, dijo el regidor.

El pago de ese adeudo es un requisito que se debe cubrir para que la CNA pueda atender proyectos como el que se ha propuesto el Ayuntamiento de Pungarabato, dijo.

Los representantes de Rescate Ecológico de Pungarabato A.C., Porfirio Santamaría y José María Luna Juárez, solicitaron al subgerente de Aguas Residuales de la CNA que se instale en la región una oficina que regule la extracción de grava y arena, pues el saqueo al que están sometidos los cauces de ríos y arroyos causa un daño ecológico irreversible.