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* Wilfrido Alvarez combatía la tala de árboles, dice

 Esclarecer el crimen del inspector, pide Lichtinger a René Juárez y a la PGR

 El titular de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, informó ayer que pidió al gobernador René Juárez Cisneros, y a la Procuraduría General de la República, “que hagan un esfuerzo extraordinario” para esclarecer el crimen de Wilfrido Alvarez Sotelo, inspector de la secretaría asesinado el pasado 26 de marzo en Guerrero, “y detener a los culpables materiales e intelectuales, lo más pronto posible”. Atribuyó el motivo del crimen a la tala clandestina de árboles.

Víctor Lichtinger se reunió ayer en las oficinas de la secretaría en la ciudad de México, con empleados de la institución. Ahí, de acuerdo con el texto íntegro hecho llegar a El Sur, les dijo que “nuestra Secretaría está de duelo” por el crimen de Wilfrido Alvarez Sotelo, asesinado cuando regresaba del área boscosa de Omiltemi, cerca de Chilpancingo, “después de realizar sus tareas”.

A los compañeros de quien fuera inspector de la Semarnat, les recordó que “Wilfrido tenía apenas 44 años pero más de 23 trabajando con nosotros en el sector ambiental. Su trayectoria profesional y valor humano eran ampliamente reconocidos y respetados por sus compañeros y por las comunidades con quienes trabajaba, tanto como jefe de la Unidad de Servicios Forestales y de Suelos en la Delegación Semarnat de Guerrero, como Coordinador Estatal del Grupo de Combate de Incendios”.

Afirmó que “su muerte nos llena de pena e indignación, pues nos revela con toda crudeza que aún persisten grupos de mexicanos sin escrúpulos que optan por la violencia y la ilegalidad para llevar a cabo sus ambiciones, sin importarles la vida humana y mucho menos el medio ambiente”.

Informó además que ha pedido “al Gobernador del Estado de Guerrero y al Procurador General de la República que hagan un esfuerzo extraordinario para esclarecer este crimen y detener a los culpables materiales e intelectuales, lo más pronto posible. Asimismo, he instruido al Procurador Federal de Protección al Ambiente para que intensifique su actuación en la zona y sea posible detener la tala clandestina que motivó este crimen”.

El titular se la Semarnat, ante los empleados de la dependencia, sentenció: “Exigimos la aplicación de la justicia en forma expedita. Wilfrido era un hombre honesto, un ingeniero agrónomo, un funcionario público y un mexicano comprometido con su país y con la conservación de los recursos naturales. Su trabajo era noble y en favor de todos; su muerte no merece la impunidad cobarde de sus agresores ni dejar de combatir los delitos forestales que él trataba de detener.

“Le he manifestado nuestro duelo y total apoyo a su esposa Alvarita y a sus tres hijos, Wilfrido, Saira y Diana. Los exhorto a que, como compañeros de Wilfrido, les hagamos llegar nuestras condolencias y solidaridad en estos momentos tan difíciles para ellos”.

Víctor Lichtinger señaló que “como titular de la Secretaría, deseo reiterarles a ustedes mi compromiso total por seguir trabajando firmemente en nuestra convicción ambientalista, hasta erradicar este tipo de actos cobardes, delictivos y crueles. Como medida de prevención, los compañeros que tengan que realizar visitas de campo en sitios peligrosos deberán mantenerse comunicados y deberán acompañarse por funcionarios y autoridades locales y de la propia Secretaría”.

Este hecho nos debe de unir más en el esfuerzo por hacer de México un país civilizado, pacífico, respetuoso de la vida, la dignidad humana y la naturaleza.

* Fue acusado de matar a un presunto paramilitar

 Liberan a un indígena preso político que estuvo dos años en la cárcel de Ayutla

 * El conflicto se agudizó en la región me’phaa hace cuatro años, con la visita de los zapatistas * Victoriano Eugenio Manuel, de Barranca de Guadalupe, teme ser nuevamente encarcelado, pues la PGR trata de acusarlo de pertenecer al grupo guerrillero ERPI * Lo vigilan por el pueblo presuntos espías militares, dice  

Maribel Gutiérrez, Ayutla Victoriano Eugenio Manuel, de Barranca de Guadalupe, Ayutla de los Libres, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, uno de los presos políticos en las listas de las organizaciones sociales, fue liberado, después de dos años y dos meses de estar en la cárcel, acusado del homicidio de un presunto miembro de un grupo paramilitar.

“Lo acusaban del homicidio de Galdino Sierra Francisco, de la comunidad de La Unificada, que se formó con gente del PRI que con el Ejército crearon un grupo paramilitar”, dice la hermana de Victoriano, la dirigente de la Organización, Andrea Eugenio Manuel, y agrega que esta acusación es falsa, y por eso la sentencia fue favorable.

Explica que con las pruebas que ofreció el abogado defensor, José Sánchez, se demostró que Victoariano, de 22 años, no es responsable del homicidio de Galdino Sierra. Por ejemplo, a Victoriano lo acusaron de que llevaba un arma 30-30, pero en los peritajes apareció que la bala que tenía el cadáver era de un AK-47; y en una inspección ocular en el sitio de los hechos, se comprobó que los testigos que acusaban a Victoriano estaban mintiendo, y esos mismos testigos no ratificaron la acusación.

Por eso, el 28 de febrero, la juez penal con sede en Ayutla, Indalecia Pacheco León, dictó sentencia absolutoria.

Por ese homicidio aún tiene orden de aprehensión otro hermano de Victoriano, Gabino Eugenio Manuel, y está en la cárcel de Ayutla uno de sus primos, Gaudencio Eugenio Neri, ambos acusados, igual que Victoriano, como parte de la persecución a los habitantes de Barranca de Guadalupe por parte de priístas que colaboran con el Ejército, que en 1999 se separaron de esa comunidad y formaron La Unificada, y acusaron a sus vecinos de pertenecer al grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Aparte de la acusación de homicidio, hay una investigación contra Victoriano en la Procuraduría General de la República que pretende acusarlo de que pertenece a un grupo armado, supuestamente el ERPI.

De esto se enteró Victoriano a finales del 2002, cuando estaba en prisión, y fueron a interrogarlo unos agentes del Ministerio Público porque dos años antes, cuando fue detenido en Ayutla y allanaron su casa, los policías judiciales encontraron una foto de presuntos guerrilleros con el rostro cubierto. Los judiciales presionaron a Victoriano para que dijera que uno de los encapuchados de la foto era él, y también lo interrogaron sobre la aparición en su cuarto de videos del EZLN y del primer aniversario de la masacre de El Charco.

Victoriano dijo que las fotos y los videos los compró en Ayutla, y que él no es el encapuchado que ahí aparece. Sin embargo, teme que con el pretexto de las fotos y los videos lo quieran acusar de guerrillero y nuevamente lo encarcelen.

Después de su liberación, el joven me’phaa ha permanecido en la ciudad de Ayutla, y ahí ha observado que lo vigilan y lo siguen, presuntamente espías del Ejército y de la Policía Judicial del estado. “Gente militar me anda checando por el pueblo, seguramente porque me anunciaron como preso político”, dice Victoriano, y comenta: “Me tienen vigilado, eso quiere decir que ya salí de la cárcel pero no estoy tan libre”.

Cuatro años de persecución

Victoriano señala que los conflictos en Barranca de Guadalupe, con la formación de un grupo paramilitar, se agudizaron en marzo de 1999, con motivo de la visita de cuatro miembros del EZLN, que participaron en una asamblea en esta comunidad me’phaa como parte de la consulta nacional sobre derechos indígenas y el fin de la guerra de exterminio, que realizaron los zapatistas en todo el país.

El 18 de marzo de 1999 fueron cuatro zapatistas a Barranca de Guadalupe, donde dialogaron con vecinos del pueblo sobre los derechos indígenas, y llegaron a la conclusión de que uno de los problemas más graves que tienen en común las comunidades de Chiapas y Guerrero es la militarización, porque los militares sólo van a agredir a los indígenas, a robarles, a violar a sus mujeres y a reprimirlos.

Los zapatistas hablaron con sus hermanos tlapanecos (que por esas fechas comenzaban a reivindicar el nombre original de su pueblo, el me’phaa, porque el nombre de tlapaneco les fue impuesto y significa que tienen la cara sucia) y les recomendaron que cuando lleguen los militares no los dejen entrar.

A esa reunión no asietiron los priístas del pueblo, que el mismo día, y con el respaldo del Ejército, se separaron de Barranca de Guadalupe, y cerca de ahí formaron otro pueblo, La Unificada.

Según las denuncias de la Organización Kambaxo Xuaji Guini Me’phaa, algunos de los habitantes de La Unificada trabajan como soldados del Ejército y otros son paramilitares.

En el caso de Galdino Sierra Francisco, se comprobó que después de muerto fueron militares a preguntar por él al hospital de Ayutla, y dijeron que lo tenían registrado como enfermero militar, aunque en la comunidad siempre apareció como civil, con el cargo de técnico en salud, lo que parece ser una evidencia del tipo de nexos que hay entre el Ejército y los presuntos paramilitares que actúan como civiles, según denuncias de la Organización indígena.

Un año después, el 7 de marzo de 2000, tropas del Ejército entraron a la comunidad, hicieron disparos, agredieron a las mujeres y se llevaron detenido a su campamento a Victoriano Eugenio Manuel, que fue liberado horas más tarde porque todos los vecinos del pueblo se juntaron para exigir la entrega del detenido.

Victoriano recuerda que mientras estuvo en el cuartel, los militares lo interrogaron sobre sus actividades, y le decían que él tenía gente armada. Recuerda también que los mismos soldados lo vistieron con una camisola militar, y así le tomaron fotos.

Al año siguiente, en abril de 2000, en Barranca de Guadalupe acribillaron al presunto paramilitar Galdino Sierra Francisco, quien murió en el hospital de Ayutla, a donde fue trasladado. Este homicidio fue utilizado como pretexto para perseguir y encarcelar a jóvenes de Barranca de Guadalupe, y acusarlos de pertenecer al ERPI, entre ellos a Victoriano Eugenio Manuel, que fue detenido el 5 de enero de 2001.

“A nosotros no nos quieren porque organizamos a la comunidad para luchar por nuestros derechos; por eso nos acusan de que somos de grupos armados, pero no es cierto”, dice Victoriano.

Además del daño que la persecución y el encarcelamiento causa a las familias de los afectados, que tienen que invertir recursos en la defensa de los presos y de los perseguidos, Victoriano señala que hubo otros daños a la comunidad: Barranca de Guadalupe todavía no tiene agua para abastecer al pueblo, pues el día que arrestaron a Victoriano, los policías judiciales se robaron del cuarto donde dormía en Ayutla 35 mil 700 pesos, que su papá, que en esa época era comisario, tenía guardados para el tanque de agua de la comunidad, y también se robaron 6 mil pesos de la familia, una televisión, una videocasetera y ropa. Ahora exige que los judiciales que lo arrestaron devuelvan el dinero y los objetos que se robaron.

* Exigen solución a un pliego petitorio

 Se plantan en Palacio de Gobierno unos 300 integrantes de la OCSS

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se instalaron en plantón la tarde de ayer frente al Palacio de Gobierno en demanda una audiencia con el gobernador René Juárez y solución a un pliego petitorio que contiene diversas demandas.

Los más de 300 integrantes de esa organización llegaron en varios autobuses de los municipios de Atoyac de Alvarez y Coyuca de Benítez, encabezados por las hermanas Rocío y Norma Mesino Mesino.

Demandan la entrega de 2 mil toneladas de fertilizante para productores de los municipios de Atoyac y Costa Chica, así como 4 millones de pesos del programa Empleo Temporal y 2 mil paquetes de vivienda del programa Techo Firme.

Informó que de parte de la Secretaría de la Mujer solicitan apoyos económicos para proyectos productivos de hortalizas, molinos de luz, tortillerías y panadería. Mientras que a la Secretaría de Salud demandan la construcción de letrinas, la construcción de centros de salud y la donación de botiquines.

Dijo que a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) exigen equipo de cómputo para algunas escuelas, productos de limpieza para otras, material didáctico y la autorización de cinco plazas para maestros de primaria.

La dirigente de la OCSS informó que la Secretaría de Desarrollo Rural le piden la entrega de las 2 mil toneladas de fertilizante, apoyos del programa de Alianza para el Campo, bombas aspersoras y rollos de alambre de púas.

Dijo que también exigen solución a las demandas de los seis presos políticos de Acapulco que en días pasados realizaron una huelga de hambre. Recordó que sus demandas son que se inicien reformas a la ley de amnistía para que puedan obtener su libertad, así como que se inicie a la mayor brevedad la revisión de sus respectivos expedientes.

Mesino Mesino dijo que piden también la libertad de Miguel Angel Mesino, preso en el penal de esta capital.

La dirigencia de la OCSS tenía programada una audiencia ayer a la una de la tarde con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda, sin embargo llegaron a esta capital después de las cuatro de la tarde por lo que volverían a solicitar la audiencia

* Es víctima de la represión, dice Angel Mesino

 Pide la solidaridad de agrupaciones sociales para recobrar su libertad

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El preso en el penal de esta capital, Miguel Angel Mesino Mesino denunció ayer que es víctima de la represión del gobierno estatal y demandó la solidaridad de las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos no gubernamentales para que recobre su libertad.

En un documento que envió a El Sur en Chilpancingo, dijo que está siendo acusado de un homicidio “que no cometí” y que su detención es parte de la represión del gobierno estatal contra la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), organización a la que pertenece y que ha padecido asesinatos y desaparecidos de sus miembros desde los inicios de su fundación, denunció.

“Ahora nuevamente el gobierno del estado inventó un delito de homicidio para detenerme por el simple hecho de ser hijo de uno de los fundadores de la OCSS. Para el gobierno de Guerrero el tener puntos de vista distintos a su gobierno y organizarse para exigir la solución de justas demandas es ser un delincuente”, dice en su escrito.

Señala que mientras el gobierno se ensaña contra con los integrantes y dirigentes de la OCSS para quienes ordenaron la masacre de Aguas Blancas como el ex gobernador Rubén Figueroa y sus funcionarios, siguen sin castigo.

“Ante esta injusticia hago un llamado a todas las personas, organizaciones sociales partidos políticos y organizaciones de derechos humanos comprometidos con la justicia para que se solidaricen y protestan por esta injusticia que se está cometiendo en mi caso”. Agregó que por su parte ha presentado al juzgado todas las pruebas “necesarias para demostrar mi inocencia”.